El Ayuntamiento de Zaragoza y 33 familias de víctimas de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista y los primeros años de la “transición” han llevado a los juzgados, este jueves 31 de enero de 2019, una querella criminal a los efectos de iniciar una investigación por los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista en la ciudad de Zaragoza.
Las personas acusadas en la querella, presentada telemáticamente ante el Juzgado Decano para su traslado a un juzgado de instrucción, son siete policías de la Brigada Político Social sospechosos de haber participado en torturas sistemáticas, siete gobernadores militares y once civiles.
Se les acusa como presuntos autores de delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, asesinato, detención ilegal, torturas sistemáticas y desapariciones forzosas entre 1936 -1942 (96 hechos denunciados) y 1963 -1975 (12 hechos denunciados) y un asesinato en 1977.
Durante la recopilación, llevada a cabo desde la Oficina de Atención a las Víctimas del Franquismo, gestionada por la Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza (ALAZ) durante siete meses de actividad, se han recogido: 52 asesinatos, 46 detenciones ilegales (42 de ellas desapariciones forzosas) y 11 torturas.
La oficina recogió un total de 136 testimonios de víctimas y familiares de concejales, alcaldes, diputados, empleados y funcionarios republicanos para fundamentar la querella. Los hechos de referencia se produjeron en Zaragoza, y también en otras localidades de Zaragoza como Lecinyena/Leciñena, Magallón, Quinto d’Ebro, Belchit/Belchite, Fuentes d’Ebro o La Puebla d’Alfindén. Los testimonios serán incorporados a la querella argentina contra el franquismo que instruye la jueza María Salvini en este país.
Para el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, este paso “tiene que ver con la justicia, la reparación y la recuperación de la memoria de aquellas personas asesinadas en pleno golpe en el año 36, funcionarios de la casa, ediles y aquellas que lucharon contra el régimen y fueron represaliadas”. Además, ha destacado “el papel de las asociaciones memorialistas y de los familiares que siempre han estado ahí reivindicando el derecho a su propia historia y dignidad”.
El alcalde también ha valorado los pasos dados en memoria histórica a lo largo de esta legislatura y ha avanzado que el Gobierno de Zaragoza ha aprobado este jueves la cesión a la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido (ARICO) un local en San José (en la calle Bubierca) para su uso como almacén de los restos de las exhumaciones, de forma que se garantice la cadena de custodia, para que sean objeto de los análisis periciales y forenses que sean pertinentes.
Carmelo Asensio, portavoz de Chunta Aragonesista, ha calificado este día como “un gran día para Zaragoza”. “Hoy exigimos por fin que se haga justicia por todos los hombres y mujeres asesinados por defender la democracia”, ha destacado. Ha recordado además que la iniciativa parte de una moción de CHA aprobada en diciembre de 2015 con el apoyo de ZeC, la abstención de PSOE y Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular.
Fernando Rivarés ha cerrado las intervenciones de los representantes municipales: “No haremos lo suficiente con la memoria, justicia y reparación cuando nos muramos si no hemos sembrado una idea y valores democráticos, un respeto a la historia real de lo que pasó en Europa, España, Aragón y Zaragoza. Es importante el proceso jurídico que hoy comenzamos, pero hay una cosa igual de importante: el conocimiento cultural, los valores la memoria. Es importante sembrar ese valor cultural para conseguir un futuro que nos recuerde y haga justicia”.
Por su parte Javier Checa, representante de ALAZ -asociación que ha coordinado la toma de testimonios y la redacción de la querella y en última instancia la presentación en los juzgados de Zaragoza-, ha indicado que dicha querella incluye delitos contra la humanidad y crimen de genocidio en concurso con delito de homicidio y desapariciones forzosas, torturas y lesiones.
“Lo hemos dividido en dos hechos temporales: los cometidos entre 1936 y 1944, durante la Guerra Civil y durante las primeras épocas del franquismo. Y en segunda instancia los delitos cometidos en el tardofranquismo, de 1965 a 1977”, ha apuntado.
En primera instancia son sobre todo delitos de asesinato y desapariciones forzosas. Y en segunda instancia hay un delito de asesinato y sobre todo torturas, represiones y encarcelamientos de personas disidentes.
Asimismo, también ha explicado que por un lado el Ayuntamiento de Zaragoza se presenta como acusación popular y como representante de cargos públicos del Consistorio y de ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza, y también están personados 33 querellantes particulares, que en su propio nombre o en el nombre de familiares ya fallecidos se personan como acusación en la mencionada querella.
Javier Checa ha recordado que durante el franquismo hubo “miles o millones de víctimas”. Aunque en esta querella, según apunta, solo está representada una parte ínfima de las víctimas.
A partir de ahora, la querella se presenta en el Juzgado de Instrucción de Zaragoza y habrá que ver si se admite a trámite. “La intención es que se citen a declarar a los autores que tenemos conocidos de esos delitos y a los querellantes que siguen vivos, para que ofrezcan su testimonio al juez o a la jueza, que por turno corresponda, y se investiguen así los hechos que se denuncian”.
“Una vez que se practique dicha investigación se tendrá que decidir si se amplían los querellados y se consiguen más culpables que sigan con vida de estos delitos y seguir su curso a ver si podemos llevar esto a juicio”, ha subrayado el representante de ALAZ.
Hasta el momento seis ayuntamientos han presentado querellas por crímenes contra la humanidad cometidos en sus municipios durante la guerra civil y la dictadura, València y Rivas (admitidas a trámite) y Gasteiz, Iruñea, Elgeta y Arrasate, otros dos por los bombardeos sucedidos en sus ciudades (Durango y Barcelona) y cerca de cuarenta corporaciones locales se han comprometido a través de mociones en sus plenos a impulsar el enjuiciamiento de estos crímenes en sus localidades.
La capital aragonesa forma parte de la Red de ciudades contra la impunidad que pretende practicar la justicia y la reparación a las víctimas de los delitos contra la humanidad perpetrados por el franquismo. La iniciativa parte de una moción de CHA aprobada en diciembre de 2015 con el apoyo de ZeC, la abstención de PSOE y Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular.