Verdad, Justicia y Reparación.

Donostia

Ocho familias vascas se encuentran entre las 31 víctimas enterradas en el Valle de los Caídos cuya exhumación Patrimonio Nacional dio luz verde hace escasas semanas. Con una mayoría de afectados guipuzcoanos (Tolosa, Zarautz, Berastegi...), los allegados acudieron a Madrid, en algunos casos en persona y en otros representados por el Instituto Gogora, y recibieron la noticia del organismo dependiente del Ministerio de Presidencia, que ahora analiza cómo encauzar la exhumación poco más de un mes después de la salida del dictador Francisco Franco de este enclave.

“Reclamamos el derecho a exhumar que tenemos los familiares”, asegura Iñigo Jaca, sobrino de Antonio Arrizabalaga Ugarte. Nacido en Zumarraga en junio de 1911, luchó en un batallón de las Juventudes Socialistas, fue hecho preso en Santander y llevado hasta Zaragoza, donde murió en un batallón de castigo con 26 años en noviembre de 1937. La familia creía que estaba en tierras aragonesas, pero fue trasladado al Valle de los Caídos, como en otros casos, sin consentimiento ni luz verde de los allegados.

El espacio se inauguró el 1 de abril de 1959, 20 años después de que el bando franquista proclamara la victoria en la Guerra Civil. En 491 traslados entre aquel año y 1983 fueron llevados los restos de 33.847 fallecidos desde todas las provincias salvo Ourense, A Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. El informe que elaboró el comité de expertos que reflexionó sobre una hipotética resignificación del Valle de los Caídos cifra en 21.423 los restos de personas identificadas, frente a 12.410 no identificados, según la documentación de Patrimonio Nacional, de quien allegados destacan un talante más abierto que en los últimos años. Hay, por lo tanto, tarea y dificultades.

“En 2011 había una visión global un poco negativa, y yo un poco compartía esa idea, porque habíamos visto imágenes de espacios verdaderamente deteriorados, cajas deshechas… pero eso era una parte del total, no la generalidad”, explica el forense Francisco Etxeberria, que asegura que la situación general es “más bien la contraria. Está muy bien conservado, no hay riesgo de que se vaya a caer, se vaya a hundir o se produzca un desprendimiento. Ahora, eso sí, en algunos sitios hay problemas con losetas en el suelo, colocadas de forma precaria, sin cemento ni hormigón”. “He asistido con familiares y responsables de Patrimonio Nacional al interior del Valle, donde están las cajas con los restos, se hizo con sensibilidad y sentimiento de cercanía respecto a los familiares”, explica Etxeberria. Añade que el paso adoptado es el propio “plan diseñado por ingenieros y arquitectos” de Torroja “para poner en marcha la tarea concreta de acceso” a todos los lugares. “Luego está la intervención forense, que es otro aspecto”.

Posibles problemas

“Hay que pensar más en cómo se ventila aquello y se aspira el polvo cuando se empiecen a mover las cajas que en que se va a hundir el edificio”, avisa Etxeberria, que añade que “hay cajas, que son la mayoría, que no están estropeadas en absoluto. Es más, mantienen la tela negra que cubría las cajas. La tela está bien y la caja, perfectamente bien. El ADN que habrá que extraer no creo que esté perjudicado. Estaría mucho más afectado si habláramos de una fosa en el monte. Hay cierta humedad allí, pero no es un problema”.

A estas ocho peticiones de familias de la CAV se pueden sumar más. Según los datos que manejan las instituciones, además del millar de navarros, hay 1.238 vascos en Cuelgamuros. La mayoría están identificados (917). Cerca de la mitad procede de Araba, 239 son guipuzcoanos (228 identificados) y 219 vizcainos, de los que la gran mayoría están sin identificar (183). “Para encontrar hay que buscar, y se está haciendo un plan de búsqueda. No se va a poder encontrar todo lo que se busca, pero ya pasa en las fosas del monte”, avisa Etxeberria, que se muestra confiado en las exhumaciones “siempre que sea viable en lo técnico”.

Los familiares de los hermanos Lapeña fueron pioneros al lograr el reconocimiento judicial para recuperar los restos. En la mayoría de los 31 casos sobre los que se ha pronunciando Patrimonio Nacional no hay ese reconocimiento, como lamenta Jaca: “A nosotros, en el documento que nos mandan, nos dicen que primero analizarán la viabilidad técnica, física y jurídica antes de reconocernos el derecho”.

“En el auto 112/16 que nos trasladan nos hablan de una limitación. Lo dictó el juez del caso de los hermanos Lapeña, a favor de la exhumación, pero si nos vamos al razonamiento cuarto, ahí se dice que el derecho reconocido no es ilimitado, ya que la situación en la que se encuentra el cementerio (…) determina que las medidas tengan que ser proporcionales, se tiene que garantizar la integridad de los restos cadavéricos de otros que estén allí y a través de los cuales hay que pasar para acceder a nuestro familiar, el respeto al cementerio y a los demás difuntos, y a la consideración de la basílica”.

“Si es imposible acceder hasta donde está nuestro familiar y nos lo demuestran, lo vamos a entender, porque no se pueden pedir imposibles”, asegura Jaca. Recuerda cómo su familia lleva “desde 2011 con esto, cuando fuimos al Ministerio de Justicia en Madrid, donde nos ningunearon. Hasta ahora, salvo la ministra y el director general de Memoria Histórica, nadie ha querido abordar este tema seriamente”.

Jaca intuye un riesgo, derivado de que “el Gobierno y Patrimonio Nacional se enfrentan a un problema muy serio y costoso para exhumar a todos los que llevaron allí ilegalmente”, incluso cometiendo un delito de violación de sepultura y profanación de cadáveres según el Código Penal vigente en aquellas décadas, avisa Jaca. Reconoce tener la “sensación de que quieren resignificar y hacer del Valle un monumento con los nombres de todos los allí enterrados sin entrar en otras peticiones”.

Josu Ibargutxi, de la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo, guarda el mismo temor: “Esa solución significa un presupuesto importante que debe estar en los Presupuestos Generales del Estado, porque es un problema real e importante, con un montón de víctimas”.

“Nos da la impresión de que se siguen haciendo las cosas muy a salto de mata y sin una planificación integral de lo que debe ser la solución al Valle de los Caídos”, asevera, antes de añadir su opinión de que “se hacen las cosas en función de los impulsos de los familiares, cuando debía ser impulso de un gobierno que debiera coger con energía este toro por los cuernos. Esto no se hace sacando el cadáver del dictador sin más sin dar otra solución integral al Valle de Cuelgamuros”.

Una exhumación de Franco que “en sí misma tenía un simbolismo, pero fue un desastre cómo lo hicieron, porque fue un segundo homenaje al dictador lo que consintió el Gobierno que se hiciera aquel día. Fue de una vergüenza increíble”.

 Oportunidad a aprovechar Ahora, entiende Ibargutxi, “hay que saber la posición de las familias” de los casi 34.000 enterrados en el mayor cementerio de la Guerra Civil, con fallecidos de ambos bandos. “Para eso, hay que identificarlos. Es la pescadilla que se muerde la cola. No sabemos si se ha creado un banco de sangre, no se ha creado ninguna oficina de víctimas que pudieran estar en el Valle de los Caídos, no se ha hecho un llamamiento a todos los familiares que consideren que sus allegados pueden estar ahí para que se personen y facilitarles la identificación de los posibles restos…”, explica Ibargutxi. Vaticina “un trabajo ingente, porque se ha incumplido de manera impresionante hasta la Ley de Memoria Histórica de 2007. Andar ahora a salto de mata con dos o tres reclamaciones no vale. Si siguen así, va a ser muy difícil”.

Lo que sí advierte Etxeberria es que en este proceso “solo se van a buscar los restos que se han pedido, porque los demás no somos nadie para sacar restos que no se han pedido. Se sacará a aquellos cuyos representantes legales lo hayan pedido”.

El antropólogo forense ve una ocasión sobre la mesa y considera que detrás de estas 31 peticiones vendrán más, también en Euskadi. “Ahora hay una oportunidad y hay que aprovecharla, aquellas familias que quieran pueden entrar en esta oportunidad que se puede cerrar en uno o dos años. No creo que la opción de ir a buscar los restos esté permanentemente abierta teniendo en cuenta que hay que sacar un montón de cajas y luego, volverlas a meter”.