Foto: Jagoba Manterola | FOKUEntrevistamos a Sabino Cuadra, abogado, sindicalista y político, quien ha publicado recientemente ‘Sanfermines de 1978. Los victimarios’.
Por Angelo Nero | 22/07/2025
Periodismo Alternativo
Era un sábado, segundo día de Sanfermines, 8 de julio de 1978. Poco más de dos años y medio desde la muerte de Franco, aunque las estructuras que han sostenido su larga dictadura, el ejército, la policía, la judicatura y los poderes económicos, siguen siendo los mismos. En las calles, como en las de Iruña ese día, se respira un aire de fiesta, pero también de protesta, ante la operación lampedusiana de “que todo cambie para que todo quede igual” de la Transición. En la plaza de toros pamplonesa un grupo de jóvenes exhibe una pancarta en la que piden la amnistía total y unos Sanfermines sin presos. Al pasar frente a los tendidos de sol, alguien arroja contra ellos alguna botella y algunos de los portadores de la pancarta suben las gradas y se enfrentan a los agresores. Se inicia una pequeña pelea que pronto remite. Aquello fue la excusa para que varias decenas de policías irrumpan en el ruedo golpeando a la gente que se encontraba allí y disparando indiscriminadamente contra el público, pelotas de goma, botes de humo y también munición real.
Luego, en la calle, la policía dispara contra la gente que salía espantada de la plaza y la multitud que espera la salida de las peñas sanfermineras. El centro de la ciudad se convierte en un campo de batalla en el que la policía dispara contra todo lo que se mueve. El resultado de todo fueron alrededor de 300 personas atendidas en centros hospitalarios, de ellas once con heridas de bala. En aquella negra jornada también fue asesinado por las balas de la policía armada, el joven militante de la Liga Komunista Iraultzailea (LKI), Germán Rodríguez. Tenía 23 años. Desde la emisora policial se daría la siguiente orden: “Preparad todas las bocachas y tirad con todas las energías y lo más fuerte que podáis. No os importe matar.”
El crimen de Germán, así como el de tantas víctimas de la Transición, quedó impune. La impunidad fue uno de los pilares de la Transición y del Régimen del 78. También quisieron que otro de los pilares fuera el olvido, pero, casi cincuenta años después, hay quién, como Sabino Cuadra, siguen luchando por la Memoria, y exigiendo Verdad, Justicia y Reparación, para todos los crímenes del franquismo y de la Transición. En 2019 publicó en la editorial Txalaparta el libro ¡No os importe matar! Sanfermines 1978: crimen de Estado, donde reconstruía aquellos sucesos y les daba el contexto oportuno. Ahora vuelve a aquellos sucesos con un segundo titulado Sanfermines de 1978. Los victimarios, en la misma editorial navarra, donde hace especial hincapié en los responsables, políticos y policiales, con el ministro del interior, Rodolfo Martín Villa, a la cabeza, de aquellos crímenes.
‘En las páginas de este libro veremos que aquellos sanfermines no fueron una casualidad, ni una extralimitación, ni un error de nadie. Fue un acto de guerra con intencionalidad política. Un escarmiento a la combatividad navarra. Un ataque a la configuración de las cuatro provincias en una sola entidad con un fuerte componente republicano, rupturista y de izquierdas. Un golpe a toda la Euskal Herria insurgente’. Dice Jose Mari Esparza en el prólogo del libro, ¿realmente crees que hubo una intención clara de dar un escarmiento a esa Navarra para la que ya se estaba diseñando un futuro separado del resto de Euskal Herria?
Sí, claro. Desde últimos de los años 60 y primeros de los 70, Nafarroa había dejado de ser aquella provincia leal de la que el régimen franquista presumía, para convertirse en un territorio rebelde, tanto social como políticamente. El movimiento obrero navarro había desarrollado en aquellos años un alto nivel de organización y protagonizado importantes y fuertes huelgas que, en ocasiones (Motor Ibérica, Potasas de Navarra..) se habían extendido solidariamente por toda Nafarroa. Huelgas muy duras y radicales en las que, cada vez más, se expresaba la necesidad de acabar con un régimen asentado en una brutal explotación laboral, unas estructuras sindicales fascistas y unos cuerpos represivos (Policía Armada y Guardia Civil) al servicio de la patronal. Junto a ello se desarrollaron en paralelo distintos grupos y movimientos juveniles, estudiantiles, vecinales, euskaltzales, feministas, ecologistas… que apuntaban en la misma dirección: había que acabar ya de una vez con aquel régimen criminal negador de todo tipo de libertades.
A todas estas luchas sociales se unieron las más estrictamente políticas. Se reivindicaba la amnistía en la calle y la ikurriña comenzó a izarse en numerosos ayuntamientos (Iruñea, Burlata, Atarrabia, Uharte, Agoitz, Lizarra, Altsasu, Etxarri…) y se reclamaba a la par un estatuto de autonomía común a los cuatro territorios (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa) y el derecho de autodeterminación. A modo de ejemplo señalemos que en la celebración del Aberri Eguna de ese año 1978, tras una pancarta portada por todos los partidos nacionalistas y de izquierda sin excepción alguna, así como por la totalidad de los sindicatos entonces existentes, 35.000 personas se manifestaron por las calles de Iruñea en exigencia del estatuto común y el derecho de autodeterminación antes comentado.
La gratuita, indiscriminada y criminal actuación policial de aquel 8 de julio tuvo así como objetivo desarticular aquella oposición general que reclamaba una ruptura democrática con el régimen y forzar así a parte de la misma a aceptar los marcos de la reforma del franquismo que impulsaba entonces el Gobierno de UCD. Era, en definitiva, la política del palo y la zanahoria que venía a afirmar: “O cogéis esto que os damos (libertades homologables a nivel europeo, pero manteniendo la monarquía, la unidad indisoluble española y la soberanía única, los cuerpos represivos y todo el aparato franquista, los privilegios eclesiales…) o, de lo contrario, esto es lo que recibiréis: más sanfermines como el del 8 de julio de 1978.
El modelo de impunidad que señalábamos antes, se ha mantenido hasta hoy. En el libro recoges las diversas leyes de Memoria que se han aprobado, tanto a nivel autonómico como estatal, podríamos decir que se ha avanzado en el reconocimiento de las víctimas, pero, ¿crees que todavía queda mucho por hacer para señalar y condenar a los victimarios?
Así es. Es evidente que en el terreno de la memoria se han dado importantes avances, pero a continuación de esta afirmación es obligado hacer importantes valoraciones críticas. La primera de ellas es señalar que ninguno de estos avances han sido dados voluntariamente por los distintos gobiernos que ha habido en Madrid, sino como consecuencia de una larga y prologada lucha mantenida por el movimiento memorialista que ha exigido Verdad para con los crímenes del franquismo, la aplicación de Justicia a los mismos y a sus responsables policiales y políticos y, finalmente, una Reparación completa para todas sus víctimas.
Así las cosas, ha sido tan solo a partir del comienzo de este siglo, tras 30 años de negarse a ello como gato panza arriba, que el Gobierno ha tenido que abrirse a hacer concesiones en distintos ámbitos (Ley de Memoria Histórica de 2007 y Ley de Memoria Democrática de 2022), tales como la definición de víctimas, la creación de lugares de memoria, mapas de fosas y banco de ADN, la anulación de las sentencias y resoluciones dictadas por los tribunales franquistas, el nacimiento de una Fiscalía especial relativa a los derechos humanos y la memoria democrática, etc…
De todos modos, las críticas realizadas a esta última ley han sido también de fondo, habiendo sido realizadas éstas por importantes instituciones del ámbito internacional (Comité de Derechos Humanos y distintas Relatorías de la ONU) y más de un centenar de asociaciones y federaciones memorialistas de todo tipo: Amnistía Internacional, Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)…
El punto central en el que coincidían todas estas instituciones y grupos era el afirmar claramente que la Ley de Memoria Democrática seguía dejando en pie el régimen de impunidad para con los crímenes del franquismo existente con anterioridad. Es decir, la Verdad que se permitía era una verdad a medias ya que, si bien visibilizaba y reconocía su existencia de las víctimas franquistas, seguía impidiendo avanzar en la identificación y la actuación frente a los victimarios. Por otro lado, se seguía negando a rajatabla el acceso a la Justicia penal (más de cien resoluciones judiciales han desestimado y archivado las querellas presentadas) y, por último, la Reparación que se concedía, lejos de ser integral, se limitaba al marco de lo puramente mediático-administrativo.
Corroborando lo anterior fue el propio ministro de la Presidencia y Memoria Democrática, Félix Bolaños, quien se jactó públicamente en afirmar que “la situación jurídica en España seguirá siendo exactamente la misma que ahora… ya que las dificultades que existen para juzgar los crímenes del franquismo seguirán siendo las mismas”, y remachó el clavo afirmando contundentemente que la nueva redacción no suponía “derogar ni dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1978, sino todo lo contrario”.
Por último, en el marco autonómico, si bien es cierto que se han dado nuevos pasos positivos en el ámbito del reconocimiento y la reparación de las víctimas del franquismo durante la dictadura y la transición (Comunidad Autónoma Vasca, Nafarroa…), es evidente que estos son claramente insuficientes y que los problemas de fondo antes señalados siguen por desgracia en pie: verdad a medias que tan solo ha alcanzado a una pequeña parte de las víctimas (tan solo varios cientos de ellas frente a los muchos miles existentes) y que impide además investigar a los victimarios, rechazo frontal al acceso a la justicia penal y una reparación que, básicamente, no traspasa los límites de lo puramente mediático-administrativo.
Hace seis años publicabas otro libro sobre los Sanfermines de 1978, tras un exhaustivo trabajo de documentación e investigación, donde destacabas como material de referencia el propio informe que las peñas sanfermineras hicieron entonces, con centenares de testimonios. ¿Para la elaboración de este libro has podido contar con nueva documentación o todavía sigue habiendo impedimentos para acceder a los informes policiales de la época?
El informe realizado por las peñas sanfermineras aquel mismo año 1978, basado en los testimonios de cientos de personas que presenciaron aquellos hechos y fueron a su vez víctimas de los mismos, tuvo entonces y tiene hoy una gran importancia. A pesar de su gran valor, este trabajo no fue tomado en consideración por los jueces a los que correspondió el estudio de las diferentes querellas interpuestas por los familiares del joven asesinado, Germán Rodríguez, y por distintos partidos políticos. De esta manera, frente a lo que vieron y padecieron miles y miles de personas en la plaza de toros y calles de Iruñea, frente a lo que testificaron quienes estaban junto a Germán cuando lo asesinaron y los vecinos y vecinas que contemplaron todo aquello desde los balcones y ventanas de sus casas, los jueces dieron validez a la versión policial que afirmó que toda aquella criminal intervención fue fruto de distintos errores cometidos en la adopción de las órdenes policiales y en la transmisión de las mismas a través de la cadena de mando. Es decir, en última instancia, dieron por buena la afirmación realizada por el ministro de Interior en aquellos días, Rodolfo Martín Villa, quien afirmó en una entrevista que “lo nuestro son errores, lo de ellos son crímenes”.
En cualquier caso, en estos últimos años hemos logrado tener acceso a un importante material documental que, a pesar de haber sido requerido en su día por el Juzgado de Instrucción que intervino en las querellas presentadas, el ministerio de Interior se negó a entregarla, llegando incluso a afirmar su inexistencia. Se trata de los informes realizados aquellos sanfermines por el Gobernador Civil de Navarra, el Subdirector General de la Policía y el General Subinspector de la Policía. En ellos, entre otras cosas, se afirmaba (general de infantería e inspector policial, Dionisio Bartrech) que la orden de entrada en la plaza de toros y la intervención posterior fue totalmente inadecuada “no solo desde el punto de vista policial, sino desde el más elemental sentido común”.
A día de hoy hemos dirigido también una petición a la Fiscalía especial de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática creada por la Ley de Memoria Democrática, a fin de que sea reclamada por esta al Ministerio del Interior la aportación de numerosa documentación relativa a los sucesos de sanfermines de 1978 que legalmente debió de ser entonces elaborada obligatoriamente. Se trata de diversos informes correspondientes al Comisario de Policía de Pamplona, el Gobernador Civil de Navarra y el Comisario Jefe de Policía de Bilbao, superior jerárquico del comisario pamplonés. De todos modos, a pesar de haber transcurrido más de año y medio desde que realizamos esta solicitud, aún no se ha realizado diligencia administrativa alguna tendente a lograr la documentación mencionada. Así que seguimos viendo como la política de ocultación generalizada de documentos relativos a las actuaciones criminales de policía siguen siendo amparadas desde las más altas instancias políticas y judiciales del Estado.
Señalas también en el libro que Óscar Alzaga, que fue diputado de UCD, declaró que hubo una destrucción sistemática de documentación en la Transición, ¿crees que se perdieron importantes documentos sobre la represión y la responsabilidad del Estado o es todavía peor que se mantenga la Ley de Secretos Oficiales?
Martín Villa fue nombrado ministro del Interior por Adolfo Suárez en julio de 1976, dos años antes de ocurrir los sucesos de sanfermines de 1978. Bajo su mandato se cocinó la Ley de Amnistía, de octubre de 1977, que garantizaría la impunidad para los criminales franquistas responsables de la realización de todo tipo de vulneraciones de derechos humanos: asesinatos, desapariciones, torturas, robos de bebés, cárcel, trabajo esclavo, violaciones y vejaciones contra las mujeres….. Pues bien, tan solo dos meses después de ser aprobada esta Ley, tramitada desde el ministerio del Interior a cargo de Martín Villa, el gobierno de UCD aprobó una Orden sobre “inutilización administrativa, archivación y expurgo de los archivos de las Direcciones Generales de Seguridad y de la Guardia Civil de los antecedentes relativos a actividades políticas y sindicales”. Es decir, traducido a román paladino, se trataba de no dejar ni rastro de la represión practicada por el franquismo durante 40 años.
En relación con ello, Oscar Alzaga, quien fue compañero de Martín Villa en la dirección de UCD, se refirió en su libro La conquista de la Transición a “la destrucción metódica, sistemática y con pretensiones de la totalidad de los archivos policiales y parapoliciales […] realizada bajo la batuta de Martín Villa y con la conformidad del presidente Suárez”, añadiendo a continuación que millones los de documentos policiales fueron cargados en camiones “hasta la sede central de la Guardia Civil, donde se instaló una gran caldera para su quema”.
Por su parte, el historiador François Godicheau, en su artículo “Un Estado sin pasado. La misteriosa desaparición de los archivos de la policía en España”, relata que al tratar de investigar el orden público gubernativo español, la directora del Archivo del Ministerio del Interior le señaló que de todo lo allí existente (125 kilómetros de expedientes), la documentación anterior a 1980 era mínima, como si la historia hasta entonces apenas hubiera existido. Era evidente así que Martín Villa había hecho un excelente trabajo. De todos modos, por si lo anterior fuera poco, la vigencia actual de la Ley de Secretos Oficiales franquista, de 1968, se encarga de que cualquier documento que haya podido escaparse de aquella quema y destrucción pueda ser ocultada por el Gobierno a cualquier persona o investigador interesado en descubrir las verdades referidas a la represión y los crímenes franquistas.
Es importante el contexto en el que se produjeron aquellos crímenes, en la pugna entre la ruptura que propugnaba una buena parte de la izquierda y del independentismo, y la reforma, que venía abalada por el pacto entre el viejo régimen y las fuerzas opositoras más moderadas. ¿Era la represión policial parte de una estrategia del estado para inclinar la balanza hacia la reforma política?
Por supuesto. Frente a la imagen de la Transición que se nos ha vendido presentándola como una etapa esencialmente pacífica, es preciso afirmar lo contrario: durante aquellos años primeros años de la década de los 70 la represión franquista se recrudeció considerablemente. A modo de ejemplo, en el período en el que Martín Villa fue ministro del Interior (de julio de 1976 a abril de 1979), el total de víctimas policiales, beneméritas, parapoliciales y de grupos de extrema derecha ascendió a 125 personas (un tercio de ellas en Euskal Herria), un promedio de 3,8 al mes, es decir, casi una muerte por semana, todo un macabro Guinness.
Lo anterior no fue debido, como dijo Martín Villa al referirse a los sanfermines de 1978, a meros “errores” en la actuación policial, ni como fruto de las “inercias” en el comportamiento de unos cuerpos policiales y beneméritos procedentes de la dictadura. Por el contrario, se trató de una actividad consciente y premeditada, acordada y vehiculizada desde las más altas instancias del poder político y fáctico que, como ya se ha señalado anteriormente, tenía por finalidad forzar a buena parte de la oposición democrática y de izquierdas a aceptar los estrechos marcos de la reforma franquista y olvidarse de su anterior exigencia de ruptura democrática: república, autodeterminación, depuración de los cuerpos represivos, laicismo, responsabilidades por los crímenes franquistas,…
La afirmación anterior referida a que toda esta represión fue consubstancial a la política impulsada por el gobierno de la UCD, presidido por Adolfo Suárez, y vehiculizada a través del mi;nisterio del Interior, en manos de Martín Villa, nada tiene de conspiranoica. A quien tenga alguna duda al respecto no hay más que recordarle que pocos años después, a principios de los 80, el gobierno del PSOE no dudó en impulsar la creación del GAL para desarrollar una política de terror en la que participaron de forma activa y principal un ministro del Interior, José Barrionuevo; el Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera; el Jefe de la Lucha Antiterrorista, Francisco Álvarez; el Jefe de la Brigada de Investigación de Bilbao, Miguel Planchuelo; el subcomisario José Amedo; el general de la guardia civil, Rodríguez Galindo; los gobernadores civiles de Bizkaia y Gipuzkoa, Julián San Cristóbal y Julen Elgorriaga; el secretario general del PSOE de Bizkaia, Ricardo García Damborenea, junto a varios policías y guardias civiles más. Pues bien, si esta actuación criminal en la que estuvo implicada toda la estructura del ministerio del Interior, comenzando por su propio ministro y terminando en el último agente de la guardia civil, fue acordada y vehiculizada por un gobierno del PSOE, ¿qué es lo que no pudo hacer un gobierno como el de la UCD de Adolfo Suárez y Martín Villa, plagado de franquistas que recién se habían quitado la camisa azul falangista y las medallas otorgadas por Franco por su buen hacer al servicio de su dictadura?
‘Lo nuestro son errores, lo de ellos crímenes’, decía entonces el ministro del interior, Martín Villa, durante cuyo mandato las calles de todo el estado se tiñeron con la sangre de muchos obreros, militantes de izquierdas, ecologistas, nacionalistas… como Manuel García Caparrós, Gustau Muñoz, Mariluz Nájera, Arturo Ruíz, y una larga lista de víctimas. ¿Su estrategia de defensa ha sido siempre la de afirmar que aquí no hubo crímenes de estado, sino actos aislados de legitima violencia policial?
La afirmación de Martín Villa a la que te has referido, relativa a los sucesos sanfermineros, no solo es una muestra de cinismo extremo, sino manifestación arrogante de quien se sabe arropado por una impunidad sin límites. Una impunidad que formó parte del ADN franquista durante la dictadura, pero que se mantuvo también en la Transición y ha llegado incluso hasta nuestros días. Muestra de ello fue que, en 1982, en plena “democracia”, antiguos miembros de la Brigada Político Social franquista (BPS) dirigían 9 de las 13 Comisarías Superiores de Policía existentes en el constitucionalísimo Estado español. Su pasado represor, torturador e, incluso, criminal, no fue impedimento para que algunos de ellos alcanzaran los más altos cargos existentes en la Policía, la Guardia Civil y el ministerio del Interior.
Otra muestra de la perpetuidad de esta impunidad la encontramos en los más de 5.000 casos de torturas realizadas entre los años 1960 y 2014 en Euskal Herria, acreditadas oficialmente en los Informes elaborados por el Instituto Vasco de Criminología y avalados por los gobiernos autonómicos de la CAV y Nafarroa. Pues bien, a pesar de esto, ninguna de ellas se ha visto acompañada de la realización de las oportunas investigaciones con respecto a la identidad de sus victimarios, ni tampoco los jueces y fiscales correspondientes han realizado diligencia procesal alguna encaminada a investigar los delitos derivados de lo afirmado en esos informes. De esa manera, quienes han aplicado bolsa, bañera, corrientes, malos tratos físicos y psicológicos en comisarías y cuartelillos durante estos 54 años han permanecido después en sus puestos y ascendido en sus respectivos escalafones sin problema alguno. Es decir, los mismos zorros de siembre siguen siendo los encargados de la seguridad de los gallineros.
Más recientemente, el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, afirmó en relación con los sucesos de Melilla de 2022 (varias decenas de migrantes muertos por la policía en un intento de saltar las vallas), que la actuación de la guardia civil fue entonces “oportuna y proporcionada”, algo que ha sido desmentido y denunciado tajantemente por varias asociaciones de derechos humanos que han investigado los hechos. Claro está, lo afirmado por el ministro no sorprende viniendo como viene de alguien que en su día, en la Audiencia Nacional, fue juez instructor en 5 de los 11 casos en los que el gobierno español ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no haber investigado denuncias por torturas. En resumen, la impunidad en relación con las vulneraciones de derechos humanos practicados por los denominados cuerpos de seguridad ciudadana sigue siendo uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta el actual régimen.
En el caso de Martín Villa, como en el de muchos de los victimarios, el servicio al régimen, primero al franquista, y luego al surgido en el 78, parece haber sido recompensado con su presencia en consejos de administración de importantes empresas públicas y privadas. ¿No resulta escandaloso que con su currículum franquista, y con su implicación en la represión en la Transición, haya seguido sumando, década tras década, cargos tan importantes?
Pues sí que resulta escandaloso, pero si analizamos la historia del actual régimen constitucional en las últimas décadas la veremos atravesada por un continuum de casos en los que las teóricas separaciones entre los poderes económicos y políticos han estado comunicadas por unas puertas giratorias a través de las cuales circulaban en ambas direcciones miembros pertenecientes a ambos espacios. Y esto vale tanto para quienes han ocupado poltronas presidenciales y ministeriales en nombre del PSOE (Felipe González, Narcis Serra, Almunia, José Blanco, Pedro Solves, Helena Salgado, José Montilla…), como del PP (José María Aznar, Isabel Tocino, Ana Palacio, Hernández Mancha, Luis de Guindos, Ángel Acebes, Fátima Báñez, Pío Cabanillas…).
De todos modos, Martín Villa ha sido quien probablemente haya batido el récord en este tema. Nadie como él cuenta con un currículum más completo. Con el franquismo puro y duro fue jefe nacional del Sindicato Español Universitario (SEU), secretario general del Sindicato Vertical, miembro del Consejo del Reino, gobernador civil de Barcelona, procurador en Cortes, senador por designación real.. Luego, durante la Transición sentó poltrona en distintos gobiernos de UCD como ministro de Relaciones Sindicales, del Interior, de Administración Territorial, llegando incluso a ser vicepresidente del Gobierno.
Fue entonces cuando decidió que otra buena manera de servir a España era a través de su participación en el mundo de las grandes empresas y multinacionales españolas. De esta manera, entre 1980 y 2020, el exministro pasó por 45 empresas y ostentó, tan solo a partir de 1990, un total de 95 cargos corporativos. Muchos sectores empresariales y financieros no dudaron lo más mínimo en abrir las puertas de sus negocios y consejos de administración a quien tantos servicios les había prestado desde sus numerosos cargos en la Administración franquista y los gobiernos de la Trancisión. Estamos hablando de grandes empresas, bastantes de ellas muy bien asentadas en el IBEX 35, ligadas a los ámbitos de la energía, comunicación, banca, seguros o la construcción, entre las que se encuentran Endesa, Sogecable, Técnicas Reunidas, Ibercobre, Caja Madrid, Cepsa, El Fénix, Cellophane, Globalvida… La guinda de este pastel sería su nombramiento en 2012 como consejero del SAREB, el banco malo creado por el gobierno de Mariano Rajoy para gestionar los residuos tóxicos creados por la crisis de 2008. Lo dicho, un currículum franquista y empresarial insuperable.
Escandaloso también el apoyo manifiesto a Martín Villa que le brindaron Felipe González, Zapatero, Josep Borrell o los ex secretarios generales de UGT y CCOO Nicolás Redondo, Cándido Méndez, Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo, con motivo de su imputación en la Querella Argentina. ¿Es sintomático esto de que los principales valedores de la Transición, fueron el PSOE y los sindicatos mayoritarios?
Es probable que haya sido la jueza argentina María de Servini, que tramita desde su Juzgado de Buenos Aires la denominada querella argentina, quien mejor haya expresado lo que fue la Transición en el Estado español y el papel jugado en ella por Martín Villa. En su auto de procesamiento contra el exministro dictado en 2021 por cuatro presuntos asesinatos (tres correspondientes a la masacre del 3 de marzo de Gasteiz y el de Germán Rodríguez en los sanfermines de 1978) la jueza afirmó:
“Toda la estructura represiva montada por el régimen franquista siguió funcionando bajo la dirección de la nueva dirigencia política a cargo del proceso de transición […] Se mantuvieron las normas, estructura, agentes y las prácticas represivas propias de aquel, y se les aseguró a las fuerzas de orden público la impunidad en su actuación por todos los medios a su alcance. Martín Villa ocupó una posición preponderante en esa estructura jerarquizada de poder a través de la cual se propagaron las órdenes hacia quienes resultaron ejecutores directos de los delitos. Villa impartió las directivas generales y particulares en esta materia”.
Visto lo anterior, no es de extrañar así que nada más ser dictado este auto de procesamiento de Martín Villa por la jueza Servini, toda la plana mayor de la política y el sindicalismo estatal de las décadas anteriores salieran en defensa del exministro. Se trataba de los expresidentes del gobierno Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy y Rodríguez Zapatero; exsecretarios generales de CCOO y UGT, como Nicolás Redondo, Cándido Méndez, Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo, y toda una extensa gama de políticos como Josep Borrel, Marcelino Oreja, Miguel Herrero de Miñón, Miguel Roca o Eduardo Serra. Y no era de extrañar porque, en definitiva, el auto de procesamiento contra Martín Villa era a su vez en buena medida una resolución dirigida contra ellos mismos por su complicidad en la política que había permitido el mantenimiento de pilares políticos, policiales e institucionales del franquismo en el actual régimen constitucional y la continuidad de la impunidad para con los crímenes franquistas durante los últimos 50 años.
El resto de victimarios señalados en tu libro en relación a los Sanfermines del 78, también tienen un luctuoso historial represivo, y cuyos actos criminales también quedaron impunes o incluso fueron recompensados. ¿A quiénes destacarías, además del citado Martín Villa, como responsables de la represión en aquellos días en la capital navarra?
En el libro, además de analizar la trayectoria de Martín Villa, se hace referencia también a otros cargos policiales que tuvieron una actuación destacada en los sucesos de sanfermines de 1978 y el crimen de Estado allí cometido. En primer lugar hay que mencionar al Comisario de la Policía de Pamplona, Miguel Rubio Rubio, quien llegó a la ciudad en 1975, procedente de la Comisaría de Valencia. Perteneció allí a la BPS local y traía consigo un pasado relacionado con denuncias por torturas de militantes obreros y estudiantiles. Luego, durante los sanfermines, fue quien dio la orden de entrada en la plaza de toros a la policía, órdenes que como ya señaló el propio General Subinspector de la Policía Dionisio Bartrech, fue completamente inadecuada “tanto desde el punto de vista policial, como desde el más elemental sentido común”. Posteriormente a estos sucesos, el 12 de julio, Miguel Rubio cesó en su cargo para acudir al nuevo destino que se le había concedido en la Comisaría de Policía de Xirivella –Valencia-. A pesar de ello (la comisaría de Xirivella no sería inaugurada hasta 2022), la próxima aparición de Miguel Rubio no se daría en Valencia, sino en Barcelona, el 11 de septiembre de ese mismo año, con ocasión de celebración de la Diada nacional de Catalunya. Allí participó en el operativo policial contra una manifestación del que se derivó la muerte por disparo policial, hecho por la espalda, del joven de 16 años Gustau Muñoz. Y aquí se acaba su pista policial. ¿Cuáles fueron los destinos reales posteriores de este torturador miembro de la BPS, responsable policial directo en la actuación criminal de los sanfermines de 1978 y miembro activo en la represión llevada a cabo en Barcelona durante la Diada de 1978?
El siguiente en la lista de los victimarios fue Fernando Ávila García, comandante y máximo jefe la policía que actuó durante los sanfermines. Llegó a Iruñea en marzo de 1978 procedente del Tercio Don Juan de Austria de la Legión y carecía de experiencia policial alguna, salvo las represivas ligadas a su anterior destino en la colonia africana del Sáhara. Vino por petición propia a cubrir la vacante dejada por su predecesor, el comandante Imaz, muerto en atentado de ETA en noviembre de 1997. Según recogió la prensa, llegó a Iruñea para “dar un escarmiento a la ciudad, porque era muy rebelde”. Durante los sucesos del día 8 dirigió desde la emisora policial central, sita en el Gobierno Civil, la actuación de las fuerzas a su orden en las calles de Iruñea de las que se derivó la muerte por disparo policial de Germán Rodríguez. Desde esa misma emisora, el día 9 de julio, se difundió la siguiente orden dirigida a todas las unidades policiales: “¡Tirar con todas las energías y lo más fuerte que podáis!. ¡No os importe matar!” Poco después, en noviembre de 1978, cesó voluntariamente en su cargo y retornó al Tercio de la Legión del que procedía. Tres meses después sería ascendido a teniente-coronel y seis años más tarde al de coronel.
El último a destacar es José Sáinz González, Jefe Superior de Policía de Bilbo y subdirector general de Seguridad del Estado en aquellas fechas. Bajo su mando estaban las comisarías provinciales de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Burgos, Logroño y Santander. Había pertenecido también a la BPS franquista y su curriculum torturador le siguió tras los distintos destinos que tuvo en Asturias (acusado también como uno de los responsables de la muerte por torturas de un dirigente del PCE asturiano, Casto García), Madrid, Bilbo y Donostia. Fue enviado por Martín Villa a Iruñea el mismo día 8 de julio y mantuvo esa noche una reunión con el gobernador civil, un general de la guardia civil y jefes de los cuerpos policiales locales para “estudiar la situación y tomar las medidas adecuadas”. En el marco de ellas debe situarse la orden dada desde la emisora policial a la que se ha hecho referencia (“No os importe matar”). A pesar de todo lo anterior, en el informe que levantó sobre lo sucedido en aquellos sanfermines para elevarlo a Martín Villa se señala como responsables principales de aquellos sucesos, no a la policía, sino al contexto de “subversión terrorista, conflictividad social y tensión ciudadana….” en el que se dio un “marcado protagonismo y dirección de gentes no navarras, de las provincias vascongadas, muy especialmente guipuzcoana, experta en conducción insurreccional”. Y así explicó unos sucesos de los cuales se derivaron una persona muerta por disparo policial, otras diez heridas de bala y alrededor de 300 atendidas en distintos centros hospitalarios, así como el resultado de una ciudad arrasada y unas fiestas suspendidas.
Por supuesto, ninguno de estos tres altos cargos policiales, ni los capitanes, tenientes, sargentos y policías a sus órdenes que tomaron parte de aquella gratuita y criminal actuación fue nunca sometido a expediente disciplinario alguno ni, mucho menos aún, llegó a sentarse en banquillo alguno de ningún juzgado. ¡Que viva pues la democracia, la separación de poderes y la imparcial justicia española!