Por una sepultura digna

El Juzgado de primera instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial –municipio madrileño donde está ubicado el monumento franquista– dictó sentencia a favor de María Purificación Lapeña Garrido, teniendo en cuenta que la mujer había agotado la vía penal para exigir la recuperación de los restos de su abuelo y tío abuelo. El juez José Manuel Delgado recuerda que “el derecho a recibir sepultura digna está indisociablemente unido a la dignidad propia de todo ser humano”, tal como lo estipula la Constitución española, según la sentencia, publicada ayer por la prensa española.

El magistrado afirma que una vez determinado que “existe una alta probabilidad de que los restos cadavéricos se encuentren en el cementerio del Valle de los Caídos” –concretamente en el conjunto de nichos comprendidos entre el 2061 y el 2069 de la cripta principal–, procede “la realización de las actuaciones pertinentes a los efectos que se lleve a cabo su entrega a su familiar”. Asimismo, entiende que la forma de acreditar la identidad de las víctimas es a través de pruebas de ADN, que deberán realizarse antes de que los cuerpos se entreguen a sus familiares. La sentencia es pionera ya que el juez también pide que una vez que se haya producido la identificación forense de los cadáveres, se modifiquen las causas del fallecimiento de los hermanos Lapeña para que se “restablezca la dignidad, reputación y los derechos de la víctima”. Para conseguirlo, la familia recurrió a un expediente de “información para perpetua memoria”, un trámite de jurisdicción voluntaria.

“Por primera vez un juez trata a estas personas como lo que son, víctimas, y reconoce lo obvio, el derecho a dar sepultura”, dijo Eduardo Ranz, abogado de Lapeña Garrido. “Es una reparación clara para la familia, y es un ejercicio de verdad para la sociedad. Se trata de una sentencia cargada de justicia y humanidad”, añadió el letrado.

La tenacidad de Lapeña Garrido hizo posible que se reescribiera uno de los capítulos más oscuros de la historia de España. Los abogados defensores de derechos humanos entendemos que la vía penal es la correcta en estos casos, pero los juzgados de Instrucción, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo archivaron la causa”, recordó. La vía civil “no tiene demandado ni denunciado” de ahí que prosperó, destacó Ranz, quien abrió expedientes en representación de siete familias de víctimas del franquismo que no bajan los brazos.

Manuel y Antonio Ramiro Lapeña son a partir de ahora los dos nombres propios entre las 33.847 personas que perdieron la vida durante la Guerra Civil Española (1936-1939) sepultadas en el recinto monumental cuya construcción encargó Franco para conmemorar su victoria frente a los republicanos. Puede que con el tiempo haya más, pero ellos representan ya a los miles de “muertos clandestinos” del bando republicano, no identificados y trasladados al Valle de los Caídos sin consentimiento de sus familias y que actualmente comparten sepulcro con Franco (fallecido en 1975), y José Antonio Primo de Rivera (1936), fundador del movimiento fascista Falange Española. “Ahora hay cuatro cuerpos identificados, el de Franco y Primo de Rivera y el de los hermanos Lapeña”, remarca el abogado de la familia de las víctimas, que se abrió un camino para muchas otras personas que aún no encontraron Justicia.

Manuel, veterinario y fundador del sindicato anarquista CNT local, y su hermano menor Antonio, que era herrero, desaparecieron el 27 de julio de 1936 tras ser detenido en Villarroya de la Sierra, según relató su nieta.

El acta de defunción de Manuel es del 14 de agosto del mismo año, fecha en la que fue fusilado por las integrantes de la “Falange” en el barranco de La Bartolina. Por su parte, Antonio había logrado escaparse pero se entregó y también fue fusilado, el 20 de octubre, en el Cementerio municipal. El dictamen deja constancia de que los hermanos Lapeña fueron ejecutados sin que haya existido sentencia de muerte ni proceso alguno en su contra y sus cuerpos inhumados en una fosa común en Calatayud, Zaragoza, y luego trasladados a la Sierra de Guadarrama –donde está emplazado el monumento– por orden del régimen franquista a finales de los años 50.

La dictadura registraba y archivaba todo. Y, con el correr del tiempo, los familiares de las víctimas supieron dónde estaban enterrados sus seres queridos. Y los hermanos Lapeña se encuentran entre los restos repartidos en nueve cajas registradas en 1959 con la etiqueta “desconocidos”.

“El Estado, a través de Patrimonio Nacional –responsable del Valle de los Caídos– se verá obligado a abrir la cripta, facilitar las tareas de exhumación de los restos mortales y los análisis de ADN”, explicó el abogado defensor.