Para cuando el fin de de la impunidad?

El colectivo, que inició las exhumaciones de fosas de desaparecidos de la dictadura en el año 2000, denuncia que “la actuación del Estado, que trata de blindar la impunidad, es además un menosprecio a las víctimas de dictadura, que en 40 años de democracia no han podido ejercer sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Como dictaron en el verano de 2014, los informes de la ONU elaborados por el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada y el Relator Espacial para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, el Estado español está obligado por acuerdos internacionales que ha ratificado a garantiza los derechos de las víctimas de la dictadura franquista”, explica Silva.

El escrito exige a la Fiscalía General del Estado que revoque la hoja informativa de obligado cumplimiento, remitida en septiembre de 2016 por Consuelo Madrigal, entonces titular de la fiscalía, en la que se instaba a los juzgados a no colaborar con las peticiones de la justicia Argentina con respecto a los crímenes de franquismo y a su investigación penal.

Asimismo, han exigido al ministerio de Justicia  que desde cualquiera de sus competencias facilite dicha investigación y colabore con las peticiones del juzgado argentino y de la jueza María Servini de Cubría, titular del Juzgado Federal de Buenos Aires número 1.

“Se trata de terminar con el confinamiento al que han sido sometidas las víctimas del franquismo durante 40 años de democracia a las que sea aislado de su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación”, explica Silva, y añade: “No hay ningún argumento jurídico ni político en una democracia que justifique que las víctimas de la desaparición forzada, que es el delito más grave que se puede cometer contra un ser humano, no accedan al ejercicio de sus derechos”.