Nafarroa: Poder policial y judicial: tal para cual

De su existencia quedó constancia en el Boletín del Congreso del 19 de julio de ese año y al mismo se refirieron de forma expresa en sus intervenciones ante la Comisión de Interior diversas personas como el mismo presidente de la Comisión, el ministro Martín Villa, distintos parlamentarios (Urralburu -PSN-, Saavedra - Minoría Catalana-,..) y numerosos medios informativos (El País, ABC,..)

La respuesta dada por el gobierno rezuma por igual parquedad y cinismo: "En relación a la solicitud formulada, se indica que no hay en los registros constancia del informe requerido". Pues bien, ¿cómo es posible que del Informe elaborado ad hoc por el Ministerio del Interior en aquellos días, referido a una actuación policial que produjo una persona muerta en Iruñea y otra en Donostia, once heridas de bala y cientos de lesionadas no exista constancia alguna en los Registros policiales ni en el Congreso de los Diputados ni en el Ministerio del Interior? Y, caso de ser esto así, ¿quiénes han sido responsables de su desaparición?

La misma solicitud había sido formulada con anterioridad al gobierno del PP, habiéndose recibido idéntica respuesta. Se pone de manifiesto así que la desvergüenza político-policial es como la energía, que ni se crea ni se destruye, sino únicamente se transforma. El PP y el PSOE dan continuidad de esta forma, a la actitud de aquel gobierno de UCD que en 1978 tergiversó hechos, ocultó pruebas y boicoteó las investigaciones judiciales abiertas. Cuarenta años después, seguimos igual.

A los pocos días de todo esto, el Tribunal Constitucional (TC) ha dictado sentencia sobre la Ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o violencia policial. De sus ocho artículos, cinco y medio han sido anulados, al igual que tres de sus cuatro disposiciones adicionales y su única disposición transitoria. La razón principal de la sentencia se halla en la Comisión de Reconocimiento y Reparación creada por la Ley, a la cual se atribuían funciones de averiguación de hechos delictivos a fin de reconocer la condición de víctimas a quienes lo fueron.

Para el TC tales funciones son anticonstitucionales pues suplantan el papel exclusivo que en este ámbito tienen los Tribunales: "No son posibles en nuestro Estado de Derecho actuaciones del poder público directa y específicamente dirigidas a la investigación criminal si no se realizan bajo la dirección o el control inmediato del Poder Judicial". "La calle es mía", afirmó Fraga Iribarne siendo ministro del Interior. Algo parecido a lo que ahora afirma el TC: escarbar en las cloacas del Estado es propiedad exclusiva del Poder Judicial.

¿Pero qué pasa con los cientos de casos de torturas denunciadas en el País Vasco en las últimas décadas ante los que la Judicatura se ha negado a practicar investigación alguna? ¿O cuando sentencias, como las relativas a la masacre de Gasteiz del 3 de marzo de 1976, o Sanfermines de 1978, miran para otro lado y no ven indicio alguno de delito? ¿Habrá que plegarse ante semejantes arbitrariedades y complicidades políticas y judiciales?

Hace 40 años, el entonces ministro del Interior, Martín Villa, afirmó sobre los sucesos de Sanfermines: "Lo nuestro son errores, lo de ellos crímenes". Los jueces tomaron nota y sentenciaron que aquella barbarie policial fue debida a confusiones y malas interpretaciones. Ahora, hace tan solo un mes, el también ministro del Interior, Grande Marlasca, ha afirmado: "La única verdad es la judicial", y sus señorías han cogido la idea y han redactado esta sentencia. En resumen, los ministros del Interior dictan y los jueces ponen las firmas y menbretes judiciales.

La Justicia española está siendo cuestionada hoy a nivel internacional como nunca lo ha estado en las últimas décadas. La querella argentina contra el franquismo por crímenes de lesa humanidad, los Informes de los Relatores de Derechos Humanos de la ONU, las sentencias del Tribunal europeo sobre torturas y la reciente dictada en Alemania en el caso Puigdemont, hablan a coro sobre los continuos despropósitos judiciales y la impunidad para con las violaciones de derechos humanos cometidas en el Estado español

La sentencia del TC va a ser, en este contexto, una herramienta más en manos del Gobierno de turno para oponerse, sabotear y perseguir cualquier tipo de investigación internacional o institucional relativa a violaciones de derechos humanos achacables al Estado. En vez de sanear a fondo instituciones policiales y judiciales que siguen teniendo buena parte de sus raíces ancladas en aquel rancio franquismo, las más altas instancias judiciales (TC, TS, AN) proceden a enrocarse y a huir hacia atrás para evitar que nada de lo anterior salpique a la propia Judicatura, al Gobierno o a la Policía a su servicio.

Se busca así cerrar a cal y canto las puertas que en los últimos años se han abierto en el terreno de la recuperación de la memoria histórica. En este sentido, y habida cuenta los aires jurisprudenciales que corren (todo sigue siendo ETA, todo es rebelión y sedición, todo es odio,...), esta sentencia pronto será esgrimida no solo contra iniciativas similares de cualquier parlamento autonómico, sino también contra ayuntamientos, universidades y asociaciones de memoria histórica, a fin de obstaculizar cualquier paso por muy fundamentado que sea, en el camino de la Verdad.

Por supuesto, la respuesta a lo anterior no pasa por aceptar los límites cada vez más estrechos marcados por el gobierno y su judicatura, mucho más aún cuando ésta utiliza en sus actuaciones no dos, sino siete varas de medir distintas según que se sea falangista o rapero, mosso de escuadra o guardia civil, independentista o unionista, de Altsasu o Algeciras, monarca o plebeyo, civil o policía, mujer feminista u obispo misógino, currante o banquero, yerno de rey o fontanero. La investigación de estos delitos de Estado es algo demasiado importante como para dejarla en exclusiva en manos de esta Justicia.

Por eso de lo que se trata es de multiplicar todo tipo de iniciativas sociales, políticas e institucionales (querellas municipales, comisiones de la verdad, investigaciones académicas, actividades culturales, movilizaciones sociales,..) para ensanchar aún más las puertas abiertas y recurrir, si fuera preciso, a prácticas de desobediencia civil e institucional. La necesidad de extender y profundizar las exigencias de Verdad, Justicia y Reparación es hoy más ineludible que nunca.

Sin Verdad no puede darse la Justicia ni la Reparación, y esta sentencia del Tribunal Constitucional, junto con la persistente inanición de los tribunales durante estos cuarenta años, no hace sino sellar la puerta a la Verdad y por lo tanto a la Justicia y a la Reparación.

No obstante, somos optimistas, claro que sí, lo mismo que lo fueron las madres de la Plaza de Mayo y los grupos de derechos humanos en Argentina cuando todo era allí impunidad y leyes de punto final y obediencia debida. También aquí, como allá, saltarán un día los cerrojos institucionales y legales y veremos desfilar por los Juzgados a los responsables de tanta ignominia padecida en las últimas décadas. En Argentina, tan solo en 2017, hubo 198 condenas por crímenes de lesa humanidad. El TC debería tomar nota de ello y cambiar su actitud. En vez de obstaculizar iniciativas institucionales tendentes a conseguir la Verdad, Justicia y Reparación, tendría, más bien, que validarlas, protegerlas y, de alguna manera, ponerse al frente de ellas.

01/08/2018

Xabier Barber, Helena Bengoetxea, Ramón Contreras, Sabino Cuadra, Xabier Díaz, Miren Egaña, Hodei Garcia de Azilu, Mikel Juriko, Amaia Kowach, Rubén Marcilla, Antonio Salinas, Josu Txueka, Piru Zabalza, Presen Zubillaga, miembros de Sanfermines-78: gogoan!