Hace dos años una circular de la Fiscalía General del Estado lanzó un mensaje claro a las fiscalías provinciales de todo el país: las actuaciones que la jueza argentina María Servini comenzaba a promover para investigar los crímenes de lesa humanidad del franquismo entraban en conflicto con nuestra Ley de Amnistía de 1977. La entonces fiscal Consuelo Madrigal lanzaba así una orden interna: “la transición fue voluntad del pueblo español, articulada en una ley, es por lo que ningún juez o tribunal, en modo alguno, puede cuestionar la legitimidad de tal proceso”.
La carta de Madrigal contenía además una alusión a lo que le ocurrió a Baltasar Garzón, algo que se interpretó como una advertencia a los fiscales de todo el país para que actuaran como diques de contención de la denominada ‘querella argentina’. La entonces fiscal recalcó entonces que “un proceso similar al que se sigue en Argentina motivó una causa penal contra el Magistrado Instructor”. Si el Tribunal Supremo le absolvió fue porque no merecía “el reproche de arbitrariedad exigido en la tipicidad del delito de prevaricación”, se encargaba de recordar.
La misiva fue severamente criticada por familiares y víctimas del franquismo. Madrigal se olvidaba de mencionar que a pesar de la Ley de Amnistía, los crímenes de lesa humanidad no prescriben según el derecho internacional y, en concreto, según los propios tratados internacionales firmados por España. Este miércoles la portavoz de IU en el Congreso de los Diputados, Eva García Sempere, pedirá al Gobierno que deje sin efecto esta circular, del 30 de septiembre de 2016, y preguntará a la ministra de Justicia si piensa promover la colaboración de los jueces españoles con la ‘querella argentina’.
Víctimas del franquismo y miembros de colectivos de Memoria Histórica reflexionan sobre la circular de Madrigal como piedra angular de la investigación de los delitos de lesa humanidad del franquismo:
La circular supuso “una amenaza directa de aplicar el expediente que le costó la judicatura a Baltasar Garzón a todo aquel juez de cualquier juzgado territorial de España que admitiera a trámite cualquiera de los exhortos para tomar declaraciones testimoniales o indigatorias por parte de la ‘querella’ argentina”. Así lo considera José María ‘Chato’ Galante, uno de los torturados por Billy El Niño, miembro de La Comuna de Presxs del Franquismo y de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA).
Según apunta el expreso político, en esta carta, Madrigal contravino las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, quien indicó al Gobierno español que debía juzgar o extraditar a los acusados de torturas en la causa argentina. A finales de este mes, Servini tiene previsto viajar a España para tomar declaración a Rodolfo Martín Villa y Galante teme que la Audiencia Nacional decida imposibilitar la actuación de la jueza argentina “en aplicación de esa disposición de la Fiscalía General del Estado”.
Por otro lado, el presidente de la Federación Foros por la Memoria, Arturo Peinado, entiende que el gran muro para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en España es más bien la Ley de Amnistía de 1977. “La circular era hasta cierto punto lógica porque en España existe un sistema de impunidad que está fundamentalmente basado en esta ley e impide los juicios al franquismo”, explica.
Peinado entiende que la circular de la Fiscalía General del Estado no fue más que “un recordatorio” y es más partidario en que los colectivos que trabajan por la Memoria Histórica deberían centrar sus fuerzas en la derogación de la Ley de Amnistía, que para él es la pieza fundamental que desbloquearía las investigaciones a los crímenes franquistas. Para defender esta idea, explica que las denuncias interpuestas por su organización en las exhumaciones de fosas comunes de Asturias, Málaga, Guadalajara y Toledo siempre han obtenido una misma respuesta. “No nos hemos encontrado con una circular, sino con el archivo del caso porque estaba prescrito o porque posiblemente estaba amnistiado el delito”.
En este sentido, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silvia, llama la atención sobre una cuestión que considera fundamental: “hay una discusión jurídica sobre cuándo actúa una ley de amnistía” porque “sin condena es imposible acogerse a una amnistía, pero aquí los casos no son investigados porque probablemente serían amnistiables”, critica.
Desde la ARMH, según explica Silva, en la mayoría de las veces se dan de bruces con actuaciones que podrían interpretarse como “prevaricación” de los propios jueces. Según explica, cada vez que interponen una denuncia por el descubrimiento de una fosa común, el juez ni siquiera acude al lugar, una actuación contraria a la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española. Ésta obliga a los juzgados a personarse para recoger información cuando aparecen restos humanos donde no corresponde.
A modo de conclusión, Silva sostiene que las trabas a la investigación de los crímenes franquistas por parte del Estado son anteriores a la propia existencia de la ‘querella argentina’ y que se necesita “un gesto” quizás “simbólico” para que los juzgados españoles abran la puerta a las indagaciones que sean pertinentes. Es más, anuncia que la ARMH prepara un escrito a la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, para pedirle que impulse la investigación de dichos delitos, imprescriptibles según el derecho internacional.
