"España ha permitido el olvido, la desmemoria y, lo que es más grave, la legitimación de los dirigentes franquistas". Carlos Slepoy Prada nunca dudó, durante su ejercicio como abogado en España desde 1979, de que en la España del 36 se había cometido un verdadero genocidio. "Una limpieza sistemática", recordaba en una reciente entrevista el abogado argentino, defensor de los Derechos Humanos e impulsor de la querella argentina para la investigación de los crímenes del franquismo.
Slepoy tenía la mirada limpia. No albergaba ninguna duda de que había existido el asesinato, la tortura, el terror más absoluto por parte de un grupo de paramilitares, como ocurrió en su Buenos Aires natal casi cuarenta años más tarde. No era capaz de ocultar su sensibilidad ante tantas victimas, vencidas por la extraña memoria que había tenido con ellos su propio país. No quiso ser espectador de aquella injusticia y se convirtió en abogado activo de miles de víctimas del régimen de Franco, impulsando la querella en el año 2010. Con la apertura de este proceso, ponía en evidencia la impunidad de la Justicia española con los crímenes de su pasado más reciente. Carlos también había aprendido a vivir con el odio de otra dictadura que le había tocado muy de cerca.
Los "chanchos" de la U9 de La Plata
Carlos Slepoy viviría en Argentina las palizas de la represión en el año 1977. Dos semanas antes de que estallara el golpe de Estado de Jorge Videla, el joven Carlos fue encarcelado en varias prisiones y centros de tortura. Entre ellas, la Unidad Carcelaria número 9 de la Plata.
Una placa reza hoy junto a la prisión bonaerense en recuerdo de aquellos presos. "La dictadura militar asesinó e hizo desaparecer a luchadores y familiares que soñaron un país más justo y que comprometieron su vida en la defensa de los derechos humanos". Este jurista argentino luchó por la reparación de sus compañeros, de los desaparecidos y asesinados y de los que aún siguen vivos. Participó como testigo en el juicio de sus propios carceleros, donde contaría las vivencias en las celdas de castigo conocidas en la U9 de la Plata como "chanchos". Los presos políticos tenían calabozos de tres metros de anchura, ingerían guisos hirviendo sobre sus platos. Slepoy, al igual que sus compañeros, tenía que arrojar al suelo de cemento este alimento para no desfallecer de hambre. Los carceleros retiraban los platos en pocos minutos. Llegaban a beber agua de las letrinas para tomar algo de líquido con lo que subsistir.
Su duelo carcelario terminaría a finales del 77, cuando fue trasladado por una orden hasta España, donde fijaría su residencia. El miedo de aquellos días nunca lo borró de su memoria. "Me llevaron a La Plata esposado y en tren. La gente pasaba al lado mío y ni siquiera miraba", recordaba el abogado.
Slepoy sabía que en Argentina sí se juzgaba a los verdugos. Con más de mil seiscientos represores procesados en su país, Carlos siempre recordaría que en España la Justicia miraba para otro lado. No entendía la impunidad de los jueces. Así lo trasladaba a los lectores de Público en una reciente columna escrita el pasado 18 de julio, en el ochenta aniversario de la Guerra Civil. "¿Serán capaces los jueces españoles de cumplir con los elementales principios que adoptó la comunidad internacional hace ya setenta años? Expresamos nuestro convencimiento de que muchos sí lo harán y abrirán el camino a la reconciliación de las víctimas, no con los criminales, sino con la administración de justicia de este país".
La causa contra el franquismo y la querella
En el año 2007, actúo como abogado de la acusación popular en los juicios que instruyó el juez Baltasar Garzón contra el dictador Videla y otros miembros de la dictadura argentina. Su batalla daría frutos. La Justicia española condenó al exmilitar argentino Adolfo Scilingo a 1.084 años de prisión. También participaría en las causas contra el exteniente argentino Ricardo Cavallo, el exdictador chileno Augusto Pinochet y el ex dictador de Guatemala Ríos Montt.
Ya en el año 2010 pone en marcha el proceso clave para la recuperación de la memoria en España, la apertura de la querella argentina. La iniciativa sería anunciada tras conocer que el juez Baltasar Garzón se sentaría en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo. "El objetivo es evitar que esos crímenes queden impunes", explicaba entonces Slepoy. Carlos haría entonces un llamamiento a los familiares de los 113.000 desaparecidos para que denunciaran los crímenes en la querella.
El proceso se iniciaba con dos querellas el 14 de abril de 2010, y en enero de 2013 habían aumentado hasta 150. La lista no paraba de sumar nombres de víctimas que se acogían al doloroso y esperanzador proceso en todo el país.
Las primeras resoluciones de la jueza argentina María Servini de Cubría ordenaban la captura de cuatro exmiembros de seguridad del franquismo acusados de torturas. Contra los acusados —Jesús Muñecas Aguilar (ex guardia civil ), Celso Galván Abascal (exescolta de Francisco Franco y de la Casa Real), José Ignacio Giralte González (exmiembro de la Brigada Político Social) y José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño (exinspector)— pesaba una orden de captura internacional para que fueran extraditados a Argentina.
La lista seguía sumando culpables. En 2015, 17 altos cargos del franquismo y de la Transición, entre ellos Martín Villa y Utrera Molina (el suegro del exministro Gallardón), afrontaban órdenes de captura por crímenes de lesa humanidad y genocidio.
El pasotismo de la Justicia española
Sin embargo, la Justicia en España ponía resistencia a la extradición basándose en los principios de prescripción. No se declinaría a juzgar a los responsables. Slepoy volvía a contemplar como se vivía en España "un bochornoso espectáculo de impunidad con la causa del franquismo".
Sin hacer caso a las peticiones de la Justicia argentina, Slepoy lucharía hasta sus últimos días para hacer efectivo el proceso en la búsqueda de la verdad y el convencimiento de que esta importante querella conseguiría tramitar condenas efectivas. Sin embargo, el abogado recordaría que "esa realidad por ahora estaba un poco lejana".
La querella continúa sumando testimonios de familiares de desaparecidos, asesinados o torturados por el régimen de Franco y su anterior guerra. La causa de Slepoy sigue su curso con una trayectoria marcada, que podría lograr el fin de este complejo proceso.