Estará de nuevo decepcionado el exministro franquista Rodolfo Martín Villa, quien el pasado viernes dijo sentirse "encantado" con el dictamen de un tribunal de apelaciones de Argentina que cuestionó una resolución de la jueza argentina María Servini de Cubría que ordenaba la detención de Marín Villa, responsable de la única causa abierta en el mundo para juzgar los crímenes de la dictadura española.
La respuesta de Servini llegó 24 horas después de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dejara el pasado jueves sin efecto, por "infundado", un auto anterior de la jueza en el que se negaba la posibilidad de que Martín Villa pudiera declarar ante la justicia argentina sin ser encarcelado.
En una nueva resolución de 53 páginas, la magistrada resolvió de nuevo "no conceder" la exención de cárcel del exministro franquista "bajo ningún tipo de caución".
Servini fundamentó su negativa en el hecho de que los delitos de Martín Villa se encuadran "dentro de los crímenes de lesa humanidad denunciados en autos, cometidos en España a partir de 1936 y hasta el año 1977 como consecuencia de un decidido plan de ataque sistemático y preconcebido para eliminar a todo oponente político".
En calidad de ministro de Relaciones Sindicales, el franquista ordenó la represión de una manifestación de trabajadores el 3 de marzo de 1976, en la que resultaron asesinadas cinco personas, recordó la jueza.
Como ministro de Gobernación, Martín Villa también dirigió la represión de la denominada Semana Pro Amnistía que tuvo lugar entre el 8 y el 15 de mayo de 1977 en el País Vasco y en Navarra, a raíz de la cual fallecieron un veterano luchador antifranquista, Rafael Gómez Jáuregui, y el joven José Luis Cano Pérez.
Dado que era el máximo responsable de las fuerzas del Estado, la jueza también achaca al exministro de Gobernación las muertes de José María Zabala Erasun, asesinado por un guardia civil en septiembre de 1976; de María Norma Menchaca, que falleció el 9 de julio del mismo año a manos de un grupo parapolicial; y de Arturo Ruiz García, asesinado por un grupo de ultraderechistas en enero de 1977.
El exministro está acusado del "homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas", un delito que conlleva prisión perpetua en Argentina.
"Resta poner de resalto que el imputado Rodolfo Martín Villa, al día de la fecha, no se ha puesto a derecho a pesar de los reiterados exhortos librados a fin de recibirle declaración indagatoria", sostuvo la magistrada.
Dudas de la Cámara
Con su dictamen, la Cámara Nacional de Apelaciones en ningún momento revocó la primera resolución de Servini, según confirmaron a Público fuentes del despacho de la jueza, pese a que así que se difundió la noticia en los medios españoles.
La sala II del tribunal se limitó a observar que "la calificación jurídica de orden internacional (es decir, de lesa humanidad) así invocada no fue realizada con base en una fundamentación que abordara las circunstancias distintivas que, según se alegó, tiene en los hechos puntuales por los que se querelló a Villa".
Ese análisis era "ineludible" para discernir "el espacio temporal en que ocurrieron (los hechos imputados a Martín Villa) y el contexto que los rodeó".
En concreto, los miembros de la Cámara no entendían que se calificasen como delitos de lesa humanidad hechos que tuvieron lugar entre 1976 y 1977, a lo que la jueza alegó que durante ese período estuvo vigente un período de represión postfranquista que exige incluir esos años dentro de su investigación.
El abogado de Martín Villa, Fernando Goldaracena, ha apelado este lunes la nueva resolución de la magistrada, por lo que la Cámara de Apelaciones deberá expedirse de nuevo.
Sobre el exministro franquista sigue pesando una orden de captura internacional, a raíz de su imputación declarada por Servini el 30 de octubre de 2014.