Público

Por Matías Viotti Barbalato

Uno de los crímenes contra la humanidad que dejó el franquismo fue la apropiación de bebés en clínicas, hospitales y maternidades de todo el estado español entre los años cuarenta y finales de los años noventa. Esta práctica fue una de las estrategias de dominación a las que recurrió la dictadura para su perpetuación legitimada por la ideología de la derecha católica donde toda persona ajena al nacionalcatolicismo era sospechosa de amenazar a la patria y al gran Proyecto Nacional del Movimiento.

Bajo la moral católica, en nombre de una Cruzada Cristiana, diferentes congregaciones religiosas administraron junto con diferentes profesionales de la salud y de otros ámbitos institucionales la «asistencia social» favorecida por unas políticas públicas dirigidas a fortalecer el sector privado (Moreno y Sarasa, 1992). Esta "normalidad" en nombre de la Cruzada se mantuvo vigente en los diferentes contextos políticos del franquismo como el falangista, el denominado «desarrollista» y el tardofranquismo así como también en la denominada Transición.

Teniendo esto en cuenta, nos parece útil el planteamiento de Giorgio Agamben con relación a los campos de exterminio, donde antes que preguntarse «hipócritamente» cómo fue posible cometer delitos tan aberrantes, sería más honesto y sobre todo más útil indagar atentamente acerca de los procedimientos jurídicos y dispositivos políticos que lo hicieron posible. Aunque es el Estado quien debería ofrecer una respuesta, para el caso de los bebés apropiados y apropiadas, podemos encontrar algunas de ellas en los elementos de legitimación del régimen que han analizado algunos autores, y que se establecieron como una «verdad absoluta» a lo largo de la España parlamentaria. Entre otros:

        • El relato de la reconciliación entre dos bandos fabricado por el mismo franquismo donde la dictadura construyó una representación de sí misma como necesario para una etapa de pacificación en la que se basaría el relato de la Transición (Izquierdo Martín, 2018).
        • La continuidad de los privilegios concedidos por los concordatos de 1953 y 1979 entre el estado y la Santa Sede del Vaticano, donde en palabras de Luz Souto; "[...] la moderada Transición española toleró que las administraciones relacionadas con la infancia (entre otras muchas) no se depuraran" (2014).
        • La relevancia de la derecha católica en la Transición tanto por su presencia en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas para el Proyecto de Constitución en 1978 (Cosgaya García, 2003), como dentro del gobierno de la UCD (Preston, 2019) con el apoyo de las potencias internacionales aliadas con la Santa Sede del Vaticano y el ultraconservador Juan Pablo II (Ynfante, 2004).

En conclusión, mientras los procedimientos políticos, basados en la idea del consenso y la reconciliación dieron legitimidad para mantener la legalidad del régimen, los procedimientos jurídicos de la «democracia» permitieron la continuidad de la derecha católica en la gestión de los servicios sociales donde se cometieron estos delitos. Desde este punto de vista, existe una responsabilidad del Estado en este crimen antes y después de la dictadura, al menos en lo que a la impunidad se refiere. Vidas enteras atravesadas por una violencia legítima que Walter Benjamin refirió como aquella autorizada para defender el orden impuesto del Estado ¬¬–en este caso, el de la legalidad del régimen– como único orden posible.

NOTAS

 Texto presentado en el evento sobre Memoria Histórica en el Estado español que tuvo lugar el pasado 22 de junio de 2022 en el Parlamento Europeo.

ALGUNAS REFERENCIAS:

    1. IZQUIERDO MARTÍN, J. "Colonización antiutópica. Normalización y desarraigo de lo indeseable", 2018.
    2. SOUTO, L. "Panorama sobre la expropiación de niños en la dictadura franquista", 2014.
    3. COSGAYA GARCÍA, J. "La actividad política de Laureano López Rodó durante la transición a la democracia", 2003.
    4. PRESTON, P.  "Un pueblo traicionado", 2019.
    5. YNFANTE, J. "La cara oculta del Vaticano", 2004