Los crimenes franquistas podrán ser investigados en Andalucía

La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, aprobada el pasado 15 de marzo por el Pleno del Parlamento andaluz, con el apoyo de PSOE-A, Podemos e IULV-CA, y la abstención de PP-A y Cs, y que contempla la creación de una comisión de carácter independiente o grupo de trabajo para elaborar un informe sobre lo sucedido en la guerra, dictadura y años posteriores en Andalucía, entra en vigor este martes tras su publicación en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Tras su aprobación, la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, dio las gracias a los colectivos por su "esfuerzo y ejemplo" y consideró "muy valiosa" la contribución que habían hecho a la normativa, así como también el trabajo que realizó el departamento dirigido por Diego Valderas durante la anterior legislatura, en la que IULV-CA formó parte del Gobierno andaluz.

"Estamos ante una ley que no parte de cero, sino que acumula la experiencia de casi 20 años de política memorialista por parte de la Junta", señaló Aguilar, para quien hoy Andalucía con esta ley "vanguardista" da un "nuevo paso adelante" con el que contribuir a fortalecer la democracia y la convivencia. "Es la ley que necesitamos, porque pone su mirada en la víctimas y busca reparar el daño causado y dar justicia a las familias", zanjó.

En la tribuna de invitados se encontraba el excoordinador general de IULV-CA Diego Valderas, quien durante su etapa como vicepresidente de la Junta impulsó el texto normativo aprobado. También presenciaron el debate la presidenta del PSOE-A, Micaela Navarro, el secretario general del PCA, José Manuel Mariscal, la hermana de Manuel José García Caparrós y distintos representantes de las asociaciones memorialistas. Tras la aprobación de la norma algunos asistentes gritaron "Viva la República" y han enseñado la bandera tricolor, así como pancartas con fotos de las víctimas del franquismo.

 CONTENIDO DE LA LEY

 Entre otras novedades, la ley amplía la consideración de víctima a colectivos como los familiares o los niños robados; refuerza el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática; incluye su estudio en los currículos educativos, y faculta a la Junta para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal.

Asimismo, establece la prohibición expresa de exhibición de simbología fascista y obliga a las instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido.

 Su estructura se organiza en seis títulos, dedicados a las víctimas de la represión, las medidas de reparación, los documentos de la memoria democrática de Andalucía, el fomento del movimiento asociativo y fundacional, la actuación administrativa y el régimen sancionador, además del título preliminar, seis disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y dos finales. Respecto a las víctimas, el articulado extiende esta consideración (ya vigente para fusilados, guerrilleros, condenados y exiliados) a los familiares, a los niños robados, a quienes padecieron los campos de exterminio nazis y a colectivos que sufrieron especial persecución, como homosexuales o mujeres vejadas.