Los crímenes franquistas ni se investigan ni se juzgan porque así se obstaculiza la querella argentina

"Los fiscales y jueces españoles están en otra sintonía; hablamos otro idioma". Así de contundente se mostró Máximo Castex el pasado jueves durante la conferencia que ofreció en las jornadas Memoria e Democracia que se desarrollaron en la Universidad de A Coruña. Este abogado argentino es uno de los letrados -junto a Ana Messuti- que hace siete años inició la querella argentina abierta contra los crímenes del franquismo y que continúa "en la lucha" por la reparación de las víctimas a pesar de las "trabas continuas" que pone España. Impulsada por el gallego Darío Rivas, la querella sigue, a pesar de todo, adelante. Y se impulsa ahora en la última advertencia de la ONU al Estado para avanzar entre tanto obstáculo. "Nunca debemos perder la esperanza; vamos a seguir porque ese es nuestro compromiso", advierte en conversación con este diario.

El proceso judicial contra el franquismo -el único abierto en el mundo- acumula más de 20.000 folios en los juzgados argentinos, alrededor de 400 querellas y cientos de denuncias. Se investiga un "plan sistemático de anquilación de una parte de la población" por parte del régimen fascista y se logran, a pesar de todos los problemas, "victorias en pequeñas batallas" que animan a los abogados a continuar. "Ver que algo impensable se logre, como que se llevase a cabo una exhumación pedida por una jueza de instrucción en Argentina, es muy gratificante y nos hace ver que todo tiene sentido", explica Castex, en referencia a la recuperación de los restos de Timoteo Mendienta tras la lucha de su hija, que pasa ya de los 80 años.

Son los triunfos que sirven de gasolina a un proceso tantas veces torpedeado por la justicia y el Gobierno español. La negativa a aplicar la justicia universal, el rechazo de la Fiscalía a las declaraciones judiciales, las negativas ante cada petición desde Buenos Aires de extradición, la apelación a la ley de Amnistía, la supuesta prescripción de delitos o los oídos sordos a las reclamaciones de las Naciones Unidas parecen demasiado, pero Castex advierte. "Cuando en Argentina los primeros abogados presentaban las querellas contra los militares y su régimen, a todo el mundo le parecía una locura sin posibilidades, pero años después llegaron las sentencias; España está lejos de empezar esa camino, pero esta querella ha sido siempre pensada como una forma de lograr que la investigación se lleve a cabo en España y no fuera", explica.

La última -entre las incontables- reprimendas a España llegó de la ONU. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas exigió al Estado en septiembre que acelere la busca de desaparecidos durante el franquismo, censuró la actitud del Gobierno con las víctimas y le pidió que en noventa días entregase un plan de trabajo para ejecutar medidas concretas a favor de los familiares de los represaliados.

A este documento se agarra el abogado, que acaba de reiterar algunos de los pedidos llevados a cabo desde Argentina y que habían sido rechazados hace más de un año por la Fiscalía, que suspendió las declaraciones de víctimas y cargos franquistas y actuó como barrera en los juzgados españoles. "Fue un mensaje de extorsión a los magistrados", advierte Castex. Ahora, reclama exhumaciones, declaraciones y más datos en un exhorto que acompaña del documento de la ONU. "Los jueces tendrán que decidir y no todos actúan igual", advierte quien aclara que, a pesar de las instrucciones del Ministerio Fiscal, "algún juzgado de Euskadi y Catalunya sí ha llevado a cabo las testificales solicitadas en septiembre".

Después de tantos años de trabajo con la querella, Castex entiende que, "desde el otro lado", el proceso abierto "se percibe como algo que pone en riesgo instituciones y momentos históricos sagrados como la Transición, cuando no es para nada así". "Se insiste en que esto reabre heridas cuando es todo lo contrario, las cierra", añade quien asegura que "un Estado democrático tiene que facilitar la investigación y juzgar la responsabilidad criminal que puedan tener las personas, también las que siguen vivas, en los crímenes" que, como recordó en su ponencia, "son de lesa humanidad y se acogen a los principios de justicia universal". "Parte de aquel pacto de la Transición fue la colocación de familias franquistas en la cúpula de la justicia española", advierte como clave para entender todas las trabas.

Castex, testigo directo de todas esas trabas que España pone a la justicia, cree que "la conclusión" que queda de todo el proceso de la querella argentina por el momento es que "España es un Estado que ampara criminales". "Uno puede sacar tranquilamente esa conclusión y también que se prioriza ese amparo a la reparación de las víctimas", insiste en conversación con este diario.

"Si no quieren o no pueden juzgar e investigar los crímenes franquistas, por lo menos no obstaculicen el proceso", reclamó en la conferencia tras pedir a los familiares de las víctimas seguir "en la lucha" y recordar que si esa pelea "no la continúan los hijos y los nietos" de los represaliados, el proceso irá "a contrarreloj". "Vamos a continuar, a toda costa", remató.