Las recomendaciones de la ONU siguen sin introducirse en la legislación española
Amnistía Internacional y CEAQUA exigen al Parlamento que acabe con la impunidad de los crímenes franquistas
madrid
Amnistía Internacional (AI) y la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina Contra Crímenes del Franquismo (CEAQUA) denuncian la parálisis que están sufriendo el Proyecto de Ley de Memoria Democrática y la Proposición de Ley sobre Bebés Robados. Las organizaciones denuncian que organismos como Naciones Unidas llevan más de 14 años pidiendo medidas eficaces que hagan efectivo el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de los crímenes del franquismo.
"Lamentablemente, el Estado español lleva sin atender las recomendaciones de la ONU desde hace más de 14 años, y tampoco están recogidas en el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, ni en las enmiendas presentadas conjuntamente por los socios de gobierno", ha manifestado el investigador de AI Daniel Canales. "¿Cuántas legislaturas serán necesarias para que las víctimas del franquismo y sus familiares puedan tener respuestas?", ha expresado.
En el año 2008, Naciones Unidas (ONU) reclamó por primera vez a España adoptar medidas concretas para acabar con la impunidad por los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo y garantizar los derechos de las víctimas. Diversos mecanismos de la ONU llevan señalando desde entonces la necesidad de privar de efectos a la Ley de Amnistía, de forma que no pueda ser aplicada por los tribunales españoles para impedir el enjuiciamiento de estos crímenes, y eliminar así los obstáculos a la investigación judicial de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en España en el pasado. Además, la ONU recomienda expresamente al Estado español que establezca una Comisión de la verdad para el esclarecimiento de los crímenes del franquismo.
El Relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, Fabián Salvioli, aseguraba en su informe de 2021 que "en España, las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen franquista permanecen impunes".
Memoria Democrática
El Proyecto de Ley de Memoria Democrática, paralizado desde su aprobación en el Consejo de Ministros y su presentación en el Congreso en julio de 2021, daría respuesta a algunas recomendaciones de la ONU, de ser implementado. La búsqueda de las víctimas del franquismo desaparecidas pasaría a ser una obligación legal para el Estado, que tendría que asumir de forma directa la responsabilidad de llevarla a cabo. El Estado pondría en marcha, entre otras medidas, un Fiscal al que se atribuirían funciones de impulso de los procesos de búsqueda de desaparecidos. Además, se declararía la nulidad de las sentencias injustas dictadas durante el régimen franquista.
"También es urgente el reconocimiento jurídico de todas las víctimas del franquismo y la elaboración de un censo. Así como poner en marcha las medidas necesarias en materia de educación, incorporando en el currículo educativo contenidos sobre memoria y derechos humanos, algo fundamental como herramienta para fortalecer las garantías de no repetición", ha manifestado Paloma García de CEAQUA.
Bebés robados
La Proposición de Ley Estatal de bebés robados, tras una tramitación fallida en 2019, retomó su tramitación en la presente legislatura. Sin embargo, desde septiembre de 2020 no se ha avanzado en su tramitación parlamentaria.
En noviembre de 2021, el Comité de Desapariciones Forzadas criticaba que las investigaciones sobre "bebés robados" fueran archivadas por no poder acceder a documentación relevante, y por considerar los casos prescritos; así como por el hecho de que las medidas adoptadas por las autoridades para estos casos no hayan permitido identificar a las víctimas.
María José Picó, que busca a su hermana melliza, nacida en 1962 en Alicante, explicó a Amnistía Internacional que "las víctimas no tenemos medios para buscar, no tenemos manera". "Nosotras podemos estar ahí y ayudar, pero los que tienen el poder de hacerlo son ellos [las autoridades], y nos tienen abandonados", sentenció. María José consiguió que la Fiscalía impulsase dos exhumaciones en el cementerio de Alicante, donde supuestamente habrían enterrado a su hermana. Las intervenciones no pudieron confirmar que su hermana estuviese ahí enterrada, y pese a encontrarse por tanto aún desaparecida, la Fiscalía decidió cerrar la investigación.
"Tras cuatro años de parón en la tramitación de la Ley Estatal sobre Bebés Robados, es urgente que el Parlamento impulse su aprobación para garantizar la búsqueda e identificación de niños y niñas, las investigaciones exhaustivas e independientes, la asistencia integral, tanto jurídica como psicosocial para las víctimas, y el reconocimiento público del impacto que este tipo de violencia ha tenido específicamente en las mujeres", ha señalado Soledad Luque de la Asociación Todos los niños robados son también mis niños. "No hay excusa que pueda justificar, que este tema siga sin abordarse, y casos como el de María José sigan sin tener respuesta", afirma.