Las leyes de la Concordia son la continuación de la impunidad

El informe insta al Estado español para que "tome las medidas necesarias" frente a las leyes "de concordia" tramitadas por PP y Vox (con el apoyo del PAR en Aragón), según señalan los expertos estas normas pueden "invisivilizar" las "graves violaciones de los Derechos Humanos" acontecidas durante la dictadura franquista. Entre otras consecuencias prácticas, el informe señala que "ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica", que pueden "acarrear límites al acceso a la verdad", como por el ejemplo el conocimiento del paradero de las personas desaparecidas, o que dichas normas pueden "invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista" permitiendo "omitir o condenar dicho régimen".

El texto reitera que las normas al respecto, "deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas", sin embargo las normas impulsadas por la derecha española "obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación".

Este informe es producto de la denuncia presentado por el Gobierno español ante la organización internacional contras las llamadas "leyes de concordia". La norma aragonesa ya fue aprobada por PP,Vox y PAR, la de País Valencià y la de Castilla y León están ahora en tramitación.

El revisionismo "intachable" de Azcón

Azcón, cuando el Gobierno español anunció distintos recursos y denuncias en instancias internacionales frente a la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, tachó de "jurídicamente intachable" su actuación conjunta con Vox y PAR. En un tono prepotente planteó que dichos recursos y denuncias “no le afectan”. Nolasco, vicepresidente de Aragón y socio ultraderechista de Azcón, anunció que  "no darán un paso atrás" y calificó de "esperpénticas astracanadas" llevar la derogación de la ley de Memoria Democrática de Aragón "nada menos que a la ONU". En tono de mofa añadió: "Ya que está, lo haga también a la Agencia Espacial Internacional por ejemplo". Pues bien, parece que la ONU, primer organismo en responder a las denuncias y recursos planteados por el Gobierno español, ni piensa que la actuación del ejecutivo de Azcón sea "intachable", ni mucho menos cree que la derogación de las normas de memoria democrática sea una cuestión menor que merezca ridiculización.

Las llamadas normas de concordia muestran "la fragilidad de la democracia actual"

La Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA) ha impulsado un extenso comunicado frente "a la ofensiva" de los gobiernos de PP y Vox en distintas nacionalidades y territorios del Estado español. La coordinadora se lamenta por "la facilidad con la que ha vuelto a restablecerse el relato construido por la propia dictadura franquista acerca de la II República, del golpe de estado que desencadenó la guerra y de la propia naturaleza del régimen dictatorial". Que dicho relato tome naturaleza de ley, "muestra la fragilidad de la democracia actual, fundamentada en una transición donde las fuerzas políticas que la encabezaron apostaron por silenciar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo, por ‘no ser beligerantes’ con una dictadura impuesta con el apoyo material del nazi-fascismo, mantenida sobre la liquidación física y represión política de la disidencia, el expolio de los vencidos, la desaparición forzada de menores así como la represión social e ideológica contra otros sectores. Un pacto de silencio que mantuvo indemne el relato que sobre sí mismo construyó el franquismo para justificar y legitimar sus atrocidades".

Para CEAQUA este "pacto de silencio" tuvo en la Ley de Amnistía de 1977 una clave fundamental. Y es que la norma en su artículo segundo eximía de toda responsabilidad al funcionariado y agentes del orden público de "los delitos cometidos contra el ejercicio de los derechos de las personas". Esto convirtió dicha legislación "en una ley de punto final para asegurar la impunidad de los responsables de los crímenes franquistas". Una ley, además, contraria al derecho internacional que establece que los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni pueden amnistiarse, "y que siguen esgrimiendo algunos jueces en la actualidad para negarse a investigar las querellas que presentan víctimas de los múltiples crímenes que cometió el franquismo durante la guerra, la dictadura y la transición", anotan con acierto desde la coordinadora.

Estas políticas "de guante blanco con el pasado franquista" se justificaron durante años como garantías para la reconciliación. Pero la entidad recuerda que el propio Fabián Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, se ha expresado en estos términos sobre la cuestión: "La reconciliación no es que una víctima perdone a su torturador. La reconciliación es la recuperación de la confianza en el Estado. La confianza en que el Estado vela por tus derechos. Y eso solo se consigue a través de la justicia. Cualquier otra interpretación de la reconciliación es perversa". Como hemos señalado al comienzo de esta pieza, Salvioli es uno de los tres relatores que han redacto el informe de la ONU condenando mal llamadas "leyes de concordia".

"Las leyes autonómicas que han derogado o quieren derogar, intentaron subsanar las carencias de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que no contentó a nadie. Las derechas en el poder, ya abiertamente filofranquistas, acusan a estas políticas memorialistas de ser sesgadas, de imponer una memoria ideologizada, de favorecer a una parte; pero olvidan que la otra ya tuvo su memoria, ya tuvo su verdad, su justicia y su reparación con el desarrollo de la Causa General. Esta causa facilitó exhumaciones, identificaciones y glorificaciones varias que aún se pueden ver en las iglesias de muchos municipios españoles y ofreció reparaciones de todo tipo", recuerdan desde CEAQUA.

El comunicado apunta que aunque "sus leyes de concordia son una vuelta atrás, ya se han abierto muchas fosas, se han visto decenas y decenas de cuerpos con el cráneo agujereado por los tiros de gracia, hemos recogido los testimonios de las personas torturadas, de las víctimas por el robo de niñas y niños, mucha gente rompió el silencio. Esa verdad no puede volver atrás. Muchas víctimas saben que tienen derecho a la tutela judicial y seguirán peleando por ella".

El Estado español no ha investigado los crímenes de la dictadura

"En el Estado español no se han investigado los crímenes de la dictadura franquista ni se ha establecido una verdad jurídica sobre esos crímenes, obligando a las víctimas a desplazarse 10.000 km para querellarse en la única causa abierta contra estos crímenes, la conocida como querella argentina", recuerdan desde la coordinadora. Y lamentan que "el Estado español ha desatendido a estas víctimas por falta de voluntad y responsabilidad política", señalando que "las leyes estatales de memoria aprobadas tras mucha reclamación y trabajo de las asociaciones memorialistas, la ley de 2007 y la más reciente y algo más completa de 2022, no garantizan el acceso a la Justicia de las víctimas de los crímenes del franquismo".

El comunicado de la entidad memorialista concluye señalando "que la vigente Ley de Memoria Democrática de 2022 fue una ocasión inmejorable para poder haber ido bastante más allá en materia de verdad, justicia y reparación y blindar así los logros conseguidos en los últimos años por el movimiento memorialista frente a los ataques que ahora está impulsando PP-Vox. Se renunció entonces a profundizar en estas conquistas derogando la Ley de Amnistía de 1977, así como la de Secretos Oficiales, de 1968; considerando expresamente los crímenes cometidos por el franquismo como crímenes contra la humanidad; abriendo plenamente las puertas de la Justicia a la admisión a trámite de las acciones judiciales interpuestas con esta finalidad; regulando los mecanismos y medios para la identificación, no solo de las víctimas, sino también de los victimarios y, por último, para la aplicación directa de la normativa internacional vigente en materia de derechos humanos".