Las instituciones de Gipuzkoa avanzan contra la impunidad

DONOSTIA - Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron ayer instar a la Diputación que preside Markel Olano a que se incorpore como acusación a las querellas abiertas contra los presuntos responsables de los crímenes franquistas cometidos entre 1936 y 1977. Con los votos favorables de todas las bancadas salvo el PP, que se abstuvo, reclama además facilitar “los medios oportunos para que se adjunte al procedimiento penal toda documentación, testimonio y prueba de víctimas del franquismo de nuestro territorio” con el objetivo de elaborar “el censo más amplio y completo posible de todas las opresiones del franquismo”.

La iniciativa llegaba con la aprobación de antemano, ya que los portavoces de PNV, EH Bildu, PSE y Podemos habían llegado a un punto común en la propuesta de resolución, con lo que llegaba al pleno de ayer de manera conjunta. La atención residió, por lo tanto, en la posición que adoptaba el juntero del PP, Juan Carlos Cano, el único que se abstuvo de sumarse al acuerdo.

“Me parece una temeridad el revisionismo histórico propuesto en los antecedentes de la iniciativa”, señaló Cano sobre un “revisionismo de blanco y negro que estoy convencido no pondría de acuerdo a todos los que han firmado la iniciativa”. Aunque expresó que está “con las víctimas de cualquier conflicto, lugar y tiempo, siempre”, denunció el “enmascaramiento de actuaciones violentas recuperando otras páginas violentas para difuminar la página negra del terrorismo de España de la actualidad más reciente”.

Por parte del PNV, Zorione Etxezarraga se preguntó “cómo es posible que no sea prioridad del Gobierno español recuperar los cadáveres que aún siguen en las cunetas para tratar a estos y a sus familias con dignidad”, al tiempo que advirtió de que “las peticiones de los querellantes tienen cabida en el actual ordenamiento jurídico si es que los dirigentes actuales lo respetaran”.

La portavoz de EH Bildu en esta cuestión, Ainhoa Beola, sacó a colación dos aspectos concretos de la represión franquista: la que afectó a la clase trabajadora y las “miles de mujeres y sus hijos fueron sometidas en tareas domésticas en régimen de esclavitud”, al tiempo que recordó que las víctimas tengan que abrir la vía judicial por Argentina.

El socialista Eneko Andueza, que puso en valor el trabajo del Gobierno de Rodríguez Zapatero, denunció que la iniciativa “no reabre heridas, sino todo lo contrario. Pone en valor los derechos humanos y restablece la moral y dignidad de esas víctimas”.

Por último, el juntero de Podemos Imanol Gude cargó contra la “oligarquía, la aristocracia, los militares, la Iglesia católica y los sectores más reaccionarios de este país” que golpe de “fusil y pistola se levantaron contra la II República y el Gobierno del Frente Popular elegido en las urnas”. Además, deseó que “el PP se hubiera sumado a esta propuesta que busca proteger los derechos humanos”.