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La reciente decisión de la jueza Carmen García Martínez, titular del Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona, de inadmitir a trámite la querella del sindicalista Carles Vallejo por torturas policiales en 1970 y 1971 es la cuarta que se dicta en este sentido desde que entró en vigor la Ley de Memoria Democrática, el 21 de octubre de 2022.
Todas ellas han rechazado investigar las torturas denunciadas por militantes antifranquistas y el asesinato de Moncho Reboiras, líder de Unión do Pobo Galego (UPG), a manos de miembros de las fuerzas del orden público de la dictadura por haber prescrito los hechos y por el veto que impone la Ley de Amnistía de 1977, en vigor.
Ninguna de las sentencias considera posible que los tratados internacionales que prohíben la prescripción de los delitos de lesa humanidad puedan aplicarse en estos casos. "La imprescriptibilidad del delito de lesa humanidad fue introducida en el apartado 4 del artículo 131 del Código Penal por la Ley Orgánica de 2003, posterior a los hechos objeto de la querella", dice la jueza Carmen García Martínez, que invoca el principio de irretroactividad de las leyes desfavorables como el dogma que impide considerar las torturas policiales de los años 70 como delito de lesa humanidad.
Ante la sentencia que tumba las legítimas pretensiones del sindicalista Carles Vallejo por las torturas infligidas en la antigua comisaria de Vía Laietana de Barcelona, sede de la Brigada Político Social de la Ciudad Condal, en 1970 y 1971, en las dos ocasiones que fue detenido, cabe preguntarse qué está fallando cuando la Ley de Memoria Democrática reconoce el derecho a la investigación judicial pero luego los jueces se ven abocados a rechazar esas investigaciones.
Para Jacinto Lara, abogado de la Plataforma de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (CeAqua), uno de los juristas que mejor conoce la temática como impulsor de la mayoría de las querellas por torturas en el franquismo y la transición, "desde los tres poderes, el Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, se sostiene el sistema de impunidad que aún en 2023 protege los crímenes del franquismo".
Interpelación a los políticos
Lara considera que el auto de la jueza Carmen García Martínez es "una interpelación directa a los políticos, a los que apoyaron una ley que no derogaba expresamente la Ley de Amnistía de 1977, para que tomen cartas en el asunto".
En este sentido, hay que recordar que EH Bildu, que apoyó la propuesta legislativa del Gobierno de coalición para sacar adelante la actual ley de memoria, anunció, ante la negativa socialista de derogar la amnistía, que "se propondrán más adelante todas las medidas posibles para corregir esto y obligar a los tribunales a perseguir a los responsables de los crímenes franquistas", dijo la diputada Bel Pozueta antes de ser ratificada la ley.
El abogado Jacinto Lara cree que los argumentos que da la jueza para rechazar la investigación sobre las torturas a Carles Vallejo "son erróneos", puesto que "el derecho internacional obliga a España a interpretar los crímenes del franquismo como crímenes de lesa humanidad, es decir, imprescriptibles". Para Lara, "los tratados internacionales, una vez publicados oficialmente en España, forman parte de su ordenamiento jurídico interno, según la propia Constitución".
El primer caso que apoya la Fiscalía
El de Carles Vallejo era el primer caso que la Fiscalía de Memoria Democrática, a cargo de la fiscal Dolores Delgado, apoyaba ante los juzgados para ser investigado. "La nueva Ley de Memoria Democrática impone al Estado, desde el ámbito de la justicia, el deber de investigar las violaciones del Derecho Internacional de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario ocurridas durante la guerra civil y la dictadura franquista", anunciaba la Fiscalía hace apenas tres semanas.
E iba más allá: "Con el análisis de la jurisprudencia nacional e internacional y de los tratados y convenios internacionales, la Fiscalía concluye que no procede la inadmisión de plano de la querella, sino que es necesario llevar a cabo una investigación de los hechos y de su contexto antes de adoptar una decisión sobre la continuación del procedimiento".
Sin embargo, la jueza concluye que los hechos están "prescritos y amnistiados" y no constituyen un delito de lesa humanidad; e invoca la misma jurisprudencia que cita la Fiscalía para inadmitir la querella en base a los "principios de legalidad penal, de irretroactividad de disposiciones desfavorables y de vigencia de la Ley de Amnistía" como "obstáculos insalvables".
El Constitucional no ha dicho nada
Hay que subrayar que el Tribunal Constitucional (TC) no ha llegado a estudiar el alcance de la Ley de Amnistía de 1977 para enjuiciar los crímenes del franquismo; no considera el asunto de trascendencia constitucional, y, así, ha inadmitido todos los recursos que le han llegado en este sentido. El último y al que ha dedicado más extensión en su negativa a estudiarlo fue el interpuesto por el exdirigente del PCE Gerardo Iglesias.
Iglesias, fundador de Izquierda Unida, presentó en 2018, junto con Faustino Sánchez y Vicente Gutiérrez una querella por crímenes de torturas cometidos por la Policía política del franquismo en Asturias. Tras la negativa de los tribunales a investigar los hechos, el Constitucional también inadmitió el amparo al no constatar una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
La mayoría del TC consideró que las resoluciones impugnadas se fundamentan motivada y razonablemente en que los hechos son de hace 50 años, y la querella se interpuso por un delito de lesa humanidad que no se tipificó en el Código Penal hasta 2003 y, además, no se puede aplicar retroactivamente porque lo prohíbe la Constitución.
"Si cambiara el criterio del Constitucional, es probable que pudiera abordarse la investigación de estos crímenes", considera Jacinto Lara, que ha llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caso de Gerardo Iglesias, apoyándose además en los votos particulares de los tres magistrados que abogaban por la admisión del recurso.
La magistrada María Luisa Balaguer incidía en su voto en que el Constitucional nunca ha abordado la vigencia de la Ley de Amnistía, que, para ella, reviste especial trascendencia constitucional en consonancia con el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos.
Ante el muro judicial que tumba las querellas antes de investigar los hechos, la otra opción, junto al cambio de criterio del TC, es la derogación expresa de la Ley de Amnistía. La última oportunidad para hacerlo fue a raíz de la tramitación de Ley de Memoria Democrática.
La norma salió adelante en octubre de 2022, tras mucho tiempo paralizada y mucho tira y afloja de los tradicionales socios del Gobierno de coalición. Uno de los principales escollos fue precisamente la Ley de Amnistía de 1977, que supuso un punto y final para las responsabilidades penales de los funcionarios policiales y dirigentes de la dictadura franquista por la vulneración de los derechos humanos de los disidentes.
Con el propósito de que la no derogación de la Ley de Amnistía, a la que se oponía de nuevo el PSOE, no impidiera la investigación de los crímenes del franquismo, Unidas Podemos y el Partido Socialista introdujeron en el articulado una orientación para los jueces, que se ha visto que no tiene efecto alguno: "Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables".
El PSOE se niega a derogar la Ley de Amnistía
El PSOE ha frenado con sus votos la derogación en el Parlamento de esta norma de impunidad. En 2011 el Congreso, con los votos contrarios de los socialistas, el PP y CiU tumbó la iniciativa del Bloque Nacionalista Galego (BNG).
El 20 de marzo de 2018, el PSOE y el PP, junto con Ciudadanos, rechazaban la iniciativa de Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias.
Una oportunidad para la querella de Julio Pacheco
Mientras los jueces han tumbado sin investigar un centenar de querellas de represaliados de la dictadura franquista en los últimos seis años, cuatro de ellas desde que se aprobó la ley de memoria --en jugados de Iruña, Ferrol, València, Barcelona--, una jueza de Madrid investiga ya la querella de Julio Pacheco, que se ha convertido en la primera persona que declara ante un juzgado en calidad de querellante por torturas en el franquismo.
La jueza Ana María Iguácel, del Juzgado de Instrucción 50 de Madrid, investiga las torturas que sufrió Pacheco en la Dirección General de Seguridad en el verano de 1975. Para esta jueza, existen indicios delictivos que hay que investigar. En este caso, al menos existe la certeza de que uno de los cuatro policías imputados está vivo: el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Esto es importante de cara a que la causa prospere tanto en cuanto no se archive porque los encausados hayan fallecido y se haya extinguido la posible responsabilidad penal.
Como demostró este diario, está documentalmente corroborado que Villarejo fue recompensado por la cúpula policial franquista tras la operación en la que se detuvo, entre otros, a Julio Pacheco y a su compañera, Rosa García, que ya ha declarado como testigo en el juzgado.