La larga marcha en busca de justicia.

El diputado general, Markel Olano, junto a los familiares de Florencia Olazagoitia y José Ariztimuño 'Aitzol', el 16 de enero del pasado año, cuando se anunció la presentación de las dos querellas.

DONOSTIA – Florencia Olazagoitia Ceciaga fue detenida el 28 de septiembre de 1936 cuando volvía de uno de los caseríos a los que cada día se acercaba en busca de vívires. Era de Arrasate, tenía 37 años y militaba en el partido socialista. Fue fusilada, se cree que en Hernani u Oiartzun, y su cuerpo jamás ha sido hallado. 

José Ariztimuño Olaso, Aitzol, prolijo periodista de gran reputación como escritor y euskaltzale, fue detenido cuando regresaba del monasterio de Belloc rumbo a Bilbao. Sometido a cruentas torturas en la cárcel de Ondarreta, fue posteriormente fusilado en el cementerio de Hernani el 17 de octubre de 1936 junto con otras 191 personas. Sus restos continúan sin ser encontrados. 

Son dos de los rostros de la tiranía franquista en Gipuzkoa, aunque hay muchos más; al menos otros 1.000 nombres de personas desaparecidas entre 1936 y 1944 tras los cuales otras tantas familias buscan la verdad de lo ocurrido con sus allegados, el reconocimiento y la reparación del daño causado. Y en este camino han viajado de la mano de las insituciones guipuzcoanas, decididas a acabar con el "muro de impunidad" que los crimenes franquistas gozan todavía hoy. La Diputación presentará, a finales de este mes, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional a fin de que se investigue el caso de Olazagoitia, después de que la querella fuera inadmitida en los juzgados de primera instancia y en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

Prosigue de esta forma el camino iniciado el pasado enero por la institución foral, que arrancó un complejo procedimiento judicial para esclarecer estos hechos. Lo hizo siguiendo el mandato de las Juntas Generales, que en octubre de 2016 instó a la institución foral a que posibilitara que se abrieran en los juzgados del Estado español iniciativas judiciales para el esclarecimiento de responsabilidades penales o del tipo que procedieran por los crímines contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista en Gipuzkoa.

Así las cosas, el Ejecutivo de Markel Olano decidió iniciar un litigio estratégico y personarse como acusación popular en los casos de de Florencia Olazagoitia y José Ariztimuño, Aitzol, dos casos que representan al conjunto de víctimas guipuzcoanas en aquellos años. 

Sin embargo, 18 meses después, las querellas interpuestas se han topado una y otra vez con el muro de la Justicia que, en pleno 2020, continúa sin querer investigar los crímenes franquistas. Pese a todos los obstáculos, la Diputación sigue adelante y este mismo mes recurrirá ante el Tribunal Constitucional el cierre del caso de Olazagoitia, el único sobre el que cabe recurso. Y advierte de que agotará "todas las vías" para esclarecer estos casos, incluyendo el ámbito de la Justicia internacional, una vez agotados todos los procedimientos en el Estado.

EL MURO DE LA JUSTICIA 

Según explican fuentes de la dirección de Derechos Humanos consultados por este periódico, el camino judicial está resultando plagado de obstáculos. Si en febrero de 2019 la Diputación presentó sendas querellas, personándose como acusación popular en los casos de Olazagoitia y Aitzol, sumándose a dos querellas presentadas por los familiares como acusación particular, en apenas unos meses recibieron el primer varapalo. En el caso de Florencia Olazagoitia, en apenas un mes, el 21 de marzo, la querella fue inadmitida, el 9 de abril se interpuso el recurso de apelación correspondiente ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, que lo desestimó en junio, con la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Constitucional. En el de Aitzol, el camino concluyó en la Audiencia Provincial, con un fallo sobre el que no cabe recurso.

LA SOMBRA DE LA PREVARICACIÓN 

Lo cierto es que a día de hoy es muy complicado que los juzgados españoles entren a investigar los crímenes franquistas. Según explicó la propia Diputación a la hora de presentar las querellas, en el Estado hay tres causas abiertas por sucesos de aquellas décadas: los bombardeos de Durango y Barcelona y las torturas denunciadas por un vecino ede Valencia. Todas las demás se han topado con el mismo archivo. 

LA VÍA INTERNACIONAL 

De esta forma, la Diputación agotará todas las vías judiciales antes de dar por concluido este asunto. Por ello, si el Tribunal Constitucional falla en su contra, explorarán dos posibilidades: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

Según explican fuentes consultadas, ambas vías tienen sus ventajas y desventajas. En el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sus resoluciones tardan más en llegar (entre seis y ocho años), aunque son vinculantes para el Estado. Sin embargo, ante situaciones similares no han entrado a valorar el fondo de la cuestión. En lo que respecta al Comité de Derechos Humnos de las Naciones Unidas, sus resoluciones son más ágiles (entre dos y cuatro años) y, aunque no son vinculantes, son comunicaciones "muy relevantes" en el ámbito internacional.

En ambos casos, el camino judicial deberán recorrerlo las familias como acusación particular, si bien desde la institución foral se les prestará todo el apoyo necesario para hacerlo. 

"Sabemos que es díficil que se produzcan movimienos dentro de la Justicia española, porque son asuntos en los que no quieren entrar. Pero tenemos la esperanza de que se puedan encontrar pequeños resquicios legales. Agotaremos todas las vías porque todas las víctimas merecen que Gipuzkoa defienda su memoria desde el punto de vista institucional y social", sañalan fuentes de la dirección de Derechos Humanos. 

LAS VÍCTIMAS

Florencia Olazagoitia. Natural de Arrasate, tenía 37 años y era militante del partido socialista. Tras la ocupación de Arrasate a finales de septiembre de 1936, ella decidió permanecer en su localidad junto con su hijo mayor, de 10 años de edad, ayudando a su familia de origen, mientras su marido se fue hacia Madrid –donde residía su propia familia– con los dos hijos pequeños. Se sabe que uno de sus hermanos y otros familiares suyos combatían en las fuerzas leales, mientras ella iba a los caseríos en búsqueda de víveres para asegurar su subsistencia. Fue volviendo de uno de esos caseríos con su hijo cuando fue detenida el 28 de septiembre. Respecto a su y el lugar de su fusilamiento (Hernani u Oiartzun), hay varias versiones. Su cuerpo sigue desaparecido y por ello es un caso de desaparición forzosa. En todo caso, no hubo ningún tipo de juicio por un tribunal o similar. 

José Ariztimuño, 'Aitzol'. Nació el 18 de marzo de 1896 en Tolosa en el seno de una familia católica y amante de la lengua y la cultura vasca. Se ordenó sacerdote a los 26 años y fue un prolijo periodista de gran reputación como escritor y euskaltzale que escribió bajo el pseudónimo de 'Aitzol'. Fue uno de los fervientes impulsores del Renacimiento de la cultura vasca tras la dictadura de Primo de Rivera y fue un miembro activo del Partido Nacionalista Vasco. También tuvo una estrecha relación con el movimiento obrero a través del sindicato vasco ELA-STV. Al estallar la guerra se retiró al monasterio benedictino de Belloc en Lapurdi. Fue apresado por el bando sublevado en el trayecto en barco en el bou 'Galerna' de Baiona a Bilbao, cuando se dirigía a la capital vizcaina para instalarse allí. Los falangistas trasladaron al sacerdote a la cárcel de Ondarreta, donde fue torturado. Posteriormente fue fusilado en el cementerio de Hernani. Las diferentes investigaciones y trabajos de campo que se han realizado no han permitido hasta el momento localizar los restos de Ariztimuño, por lo que sigue siendo un caso de desaparición forzosa. 

1.000 

Sus casos representan al más de millar de víctimas del franquismo en Gipuzkoa entre 1936 y 1944