La justicia española sigue ciega y sorda, pero no muda

«Una vez más, las víctimas de graves violaciones punibles de derechos humanos cometidos durante la dictadura franquista y la denominada transición política nos vemos obligadas a acudir a instancias internacionales para tratar de obtener un reconocimiento y una reparación efectiva de los derechos que fueron severamente conculcados», ha apuntado la Asociación de Víctimas Martxoak 3 en una nota. La iniciativa tiene el objetivo de obligar al Estado español a abordar una investigación judicial «eficaz y adecuada».

La asociación ha recordado que «el Estado español se ha negado y continúa negándose a investigar y enjuiciar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista», en referencia a los tres procesos judiciales que los juzgados y tribunales del Estado español han rechazado. «Siguen negando de forma sistemática el derecho a la tutela judicial efectiva de todas aquéllas personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante el régimen dictatorial y en los años sucesivos», han añadido.

En relación con la reclamación, anunciada en febrero y ahora presentada, ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se han mostrado esperanzados con que supere el primer trámite, el de la admisión, para posteriormente dar respuesta al fondo de la cuestión «poniéndose de manifiesto la violación del Estado español del contenido del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al negarse a investigar y enjuiciar los gravísimos crímenes cometidos en nuestra ciudad el 3 de marzo de 1976».

En ese sentido, ha recordado que el propio Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en las Observaciones Finales que efectuó en el año 2015 al Estado español, «ya censuró la política de impunidad mantenida en relación con la falta de investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista».