La justicia española ni sabe, ni contesta

Álvaro Minguito

“Recuerdo la sed, no me dieron de beber agua en tres días. Era un sudor constante porque te ponían ropa de invierno para que los golpes no dejaran huella”. Luis Suárez-Carreño tenía 24 años cuando fue detenido y torturado, en el verano de 1973, por su militancia en la Liga Comunista Revolucionaria (LCR). Antonio González Pacheco, Billy el Niño, es el miembro de la Brigada Político Social que más recuerda por su saña en las torturas, pero no fue el único. También estaban Manuel Gómez Sandoval y Tomás Nieto Berrocal. 

Rosa María García Alcón, detenida y torturada cuando solo contaba 18 años, en agosto de 1976, por realizar pintadas a favor de la libertad de los presos políticos, sufrió la Ley Antiterrorista, que no estaba aún ni aprobada, y sufrió torturas y fue paseada por González Pacheco con una pistola apuntándole a la cabeza. También la amenazó con violarla, asesinarla y dejar su cuerpo abandonado en Casa de Campo.

En el caso de Chato Galante, fallecido por el coronavirus en 2020, hubo hasta cuatro detenciones entre 1969 y 1973. En todas fue torturado. González Pacheco, Roberto Conesa, Celso Galván y Juan García Gelabert fueron algunos de los agentes de la Brigada Político Social que se turnaban para golpearle.

A estos casos se suman los de Ángela Gutiérrez Suárez, Vicente Gutiérrez Solís, Julio Gomáriz Acuña, Miguel Ángel Gómez Álvarez, Roser Rius Campas, Esteban Cabal Riera, Enrique del Olmo García, Jesús Rodríguez Barrio y Francisco Javier Maestro. Todos ellos fueron detenidos y torturados por su militancia política. Todos ellos acudieron a los tribunales españoles para pedir justicia. Y todos ellos han visto como, uno a uno, cada órgano judicial al que han acudido les ha dado la espalda. Hasta el Tribunal Constitucional. Hoy, estas doce personas han acudido ahora ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para denunciar el bloqueo en España de la investigación y enjuiciamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista.

“Estamos hoy concentrados aquí para poner de manifiesto una vez más el modelo de impunidad del Estado español, que se niega a investigar y enjuiciar los crímenes cometidos durante la dictadura franquista”, explica Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA). A su  lado, la presidenta de la La Comuna Asociación de Presos y Represaliados por la Dictadura Franquista y una treintena de personas, la mayoría de ellas víctimas de la dictadura que han sufrido en su piel las torturas de los agentes de la Brigada Político Social. “Nos concentramos aquí ante el Tribunal Constitucional porque ha sido la última instancia de lo que es la vía judicial interna que nos ha denegado las admisiones a trámite de todas las querellas criminales que hemos presentado en los juzgados y tribunales españoles, una vez agotada la vía judicial interna hemos vamos a presentar reclamaciones al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Lara explica que las reclamaciones presentadas hoy ante la ONU se unen al recurso interpuesto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso de Gerardo Iglesias, último sobre el que se pronunció el Tribunal Constitucional español, de nuevo para rechazar su admisión a trámite, pero esta vez con dos votos particulares discordantes. En el resto de casos, al alto tribunal se ha limitado a afirmar que carecen de relevancia constitucional. 

“Los Juzgados y Tribunales del Estado español se han negado a investigar penalmente estos hechos, algo que resulta absolutamente impropio de un Estado de Derecho y que supone un grave incumplimiento de la obligación impuesta por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional”, señalan desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA). La última decepción fue la semana pasada, cuando el Congreso rechazó, con el voto en contra de PP, Vox, PSOE y hasta de Yolanda Díaz, una propuesta de reforma impulsada por las CUP con la que se pretendía explicitar en el Código Penal español que los delitos de genocidio y lesa humanidad —como las torturas sufridas por estas doce personas— deben investigarse y enjuiciarse aunque en el momento en el que tuvieron lugar no estuvieran tipificados o no fueran imprescriptibles, como rodena el derecho internacional. La reforma, de haberse aprobado, habría resuelto uno de los obstáculos que desde la justicia española señalan para investigar los casos de crímenes del franquismo, junto a la Ley de Amnistía.

Son ya varias las ocasiones en las que el relator especial de la ONU para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Garantía de No Repetición ha reclamado a España que deje de obstaculizar los procesos judiciales sobre los crímenes del franquismo. En 2018 fue el actual relator, Fabián Salvioli, quien afirmó que el Gobierno español, más allá de resignificar el Valle de los Caídos, debe dejar de obstaculizar los procesos judiciales por crímenes del franquismo. En 2014 fue Pablo de Greiff, entonces en el cargo de relator, quien recriminaba al Gobierno español que no estaba cumpliendo con “sus obligaciones como país democrático que ha ratificado todos los tratados internacionales sobre derechos humanos”.