En la mañana del 27 de septiembre de 1975 (ahora se van a cumplir 45 años) seis voluntarios del servicio de información de la Guardia Civil llevaron a cabo la ejecución por fusilamiento de Juan Paredes Manot en un claro del bosque junto al cementerio barcelonés de Sardañola del Vallés. Su jefe superior, como gobernador civil de la provincia, era Rodolfo Martín Villa, que había llegado al puesto en 1974 después de una larga trayectoria como falangista al frente de diversos sindicatos fascistas dentro de la estructura sindical del franquismo. El cargo llevaba anexa la jefatura provincial del Movimiento, partido único creado por Franco a semejanza de los existentes en la Italia fascista y la Alemania nazi. De aquella época (no de 1940) son las conocidas imágenes en las que se le ve haciendo el saludo fascista en diversos actos públicos junto a otros dirigentes políticos.

Martín Villa era un fascista profesional en el año 1974 pero en realidad esto no fue más que un episodio en una importante carrera dentro de los círculos dirigentes del poder político, económico y social, que ha llegado hasta hoy y que enlaza, sin solución de continuidad, la dictadura franquista con el régimen creado sobre la restauración monárquica designada por Franco y consolidada por la constitución española de 1978. Nadie como él representa de forma tan perfecta la continuidad de este régimen democrático español con respecto a la dictadura franquista y ninguna otra personalidad política, muerta o viva, ha reunido las responsabilidades que él asumió en el proceso de reciclaje de la dictadura franquista, eso que se ha denominado La Transición, uno de los periodos más violentos y sangrientos de la historia reciente de España.

Los datos no engañan: el número de víctimas mortales registradas entre 1975 y 1981 (seis años) a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y las bandas fascistas duplica a las registradas en los doce años anteriores. La intensidad criminal de la represión en los años de la transición supera ampliamente a la registrada en los años del franquismo tardío.

Esta represión tuvo como objetivo consolidar el reciclaje del franquismo frente a las ansias de ruptura democrática de la inmensa mayoría de la población y fue realizada por una maquinaria en la que interactuaban de forma inseparable los cuerpos represivos de la dictadura y las bandas fascistas que actuaban bajo la protección policial y que en muchos casos estaban integradas, e incluso dirigidas, por miembros de los diversos cuerpos policiales. De forma sistemática, las fuerzas de seguridad amparaban a los autores y no investigaban estos crímenes. Y la justicia franquista, también reciclada, se encargaba de la protección jurídica de los responsables garantizando su impunidad en los pocos casos en los que fueron identificados.

En la cima de esta estructura represiva estuvo, durante aquellos años críticos, Rodolfo Martín Villa quien, de acuerdo con el principio de responsabilidad del superior, concentra en su persona las responsabilidades por todos estos crímenes.

El día 3 de septiembre de 2020 Rodolfo Martín Villa ha comparecido por fin ante la justicia para dar cuenta de sus responsabilidades. Para vergüenza de la democracia española no lo ha hecho ante un tribunal español sino ante la justicia internacional, representada en este caso por un tribunal de la República Argentina que investiga los crímenes del franquismo y la transición, bajo el principio de justicia universal, habiéndolos calificado como crímenes de lesa humanidad.

Según las informaciones disponibles, la línea de defensa de Martín Villa en su declaración ante la juez Servini se ha concentrado en dos argumentos principales. En primer lugar, en la inexistencia de responsabilidades personales propias respecto a los delitos que se le imputan. Y en segundo lugar, y esto es lo más importante, en la imposibilidad de que se pudiera producir un genocidio (un crimen de lesa humanidad) en España durante los años de la transición en los que se le imputan responsabilidades. No ha comparecido, pues, ante la justicia solo para defenderse a sí mismo sino también, y principalmente, para defender la transición española y el régimen político que se construyó sobre sus cimientos. Fiel y leal hasta el final al Estado construido sobre el reciclaje del franquismo, acude veloz a prestar su último servicio al régimen que ayudó a construir.

Esta identificación con el régimen es fácil de entender: durante todos los años transcurridos hasta el día de hoy, Rodolfo Martín Villa ha consolidado una impresionante trayectoria dentro del poder político y empresarial del reino de España. Más aún, los poderes públicos y los medios de comunicación oficiales ensalzan constantemente su trayectoria como uno de los padres de la democracia española y uno de los artífices de la transición modélica que nos condujo hasta ella. La guinda de este pastel fue el ingreso en el año 2013 como miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas como reconocimiento a su trayectoria ejemplar en defensa de la democracia española. Es normal, él fue uno de los políticos más determinantes para garantizar la continuidad de la estructura fundamental de los poderes económicos, sociales y políticos del franquismo en el régimen monárquico del 1978. Y todo ello garantizando la impunidad de los franquistas (de la cual él mismo ha sido uno de los principales beneficiarios) bajo la jefatura del rey designado por Franco, actualmente huido del país para eludir las investigaciones por corrupción y que, como no podía ser menos, también recibe los elogios del señor Martín Villa.

En los días previos a la comparecencia ante la justicia del día 3 de septiembre hemos asistido al vergonzoso espectáculo de ver a todos los gobernantes de la monarquía española, supuestamente democrática, apoyar públicamente a un imputado por crímenes de lesa humanidad. A esta vergüenza se han sumado algunos exdirigentes sindicales que hicieron su carrera al amparo de la restauración monárquica y también José Borrell, el actual responsable de la política exterior de la Unión Europea, en clara contradicción con todos los acuerdos de las instituciones europeas respecto a la justicia universal.

 

Amparado en la impunidad de los crímenes franquistas, el torturador franquista González Pacheco (condecorado por Martín Villa con la medalla al mérito policial en el año 1976) eludió la acción de la justicia hasta el día de su muerte. Y la impunidad, apoyada en la Ley de Amnistía-Punto Final y garantizada por todos los poderes del Estado (especialmente el poder judicial neofranquista) ha sido el muro que ha protegido también hasta hoy a Rodolfo Martín Villa. Un muro contra el cual se han estrellado hasta ahora todos los intentos de las víctimas por ejercer uno de los derechos humanos más fundamentales: el derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, el derecho a la justicia.

Nosotros sabemos, y la justicia internacional debe saber, que juzgar a Martín Villa es juzgar crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en España durante el franquismo y la transición. Y los hechos, acreditados y ampliamente documentados ante la justicia, son implacables: Martín Villa debe dar cuenta como principal responsable, por acción o por omisión, de al menos doce muertes denunciadas ante la justicia argentina causadas por el aparato represivo que estaba bajo su control.

Las víctimas reales causadas por la represión policial y parapolicial en aquellos años son muchas más, en algunos casos incluso anónimas, y se cuentan por cientos incluyendo, además de los muertos, una gran cantidad de heridos de gravedad con importantes secuelas. Pero no es una cuestión de número, lo importante es que fueron el resultado de la violencia sistemática ejercida contra un grupo entero de la población española, que había luchado durante años contra la dictadura franquista en defensa de los derechos políticos y sociales y que en ese momento exigía un cambio democrático real.

El terror sistemático contra esa parte de la población fue imprescindible para imponer los pactos de la transición en los cuales Rodolfo Martín Villa tuvo, efectivamente, un papel fundamental. Pero no es el que defiende y proclama toda la maquinaria mediática e institucional que se ha volcado en su apoyo. Sin la represión que él dirigió no habría sido posible conseguir el reciclaje integral de todas las estructuras de poder franquistas en el nuevo régimen democrático español 1/. Las víctimas que ocasionó esta represión (errores según su opinión) son de su exclusiva responsabilidad. Los delitos que se le imputan son crímenes de lesa humanidad.

El Juzgado Criminal y Correccional nº 1 de Buenos Aires, que preside la juez federal María Servini de Cubría, tiene ante sí en los próximos días la responsabilidad de devolver a las víctimas del franquismo y la transición española la confianza en la justicia. La verdadera justicia: la que persigue el genocidio, la que no prescribe y actúa en cualquier país del mundo, la justicia universal.

 

Jesús Rodríguez Barrio es activista de La Comuna, Presos y Represaliados del Franquismo y participa en la Querella Argentina como víctima de torturas.

Notas:

1/ Como botón de muestra podemos citar que en el año 1982 nueve de las trece jefaturas superiores de policía que existían por todo el país estaban ocupadas por antiguos miembros de la Brigada Político-Social. Los miembros de la Brigada Social siguieron ejerciendo durante muchos años importantes responsabilidades en las fuerzas policiales de la democracia y en el año 2013 todavía la jefatura de la policía nacional en Leganés estaba a cargo de un antiguo miembro de la policía política franquista, imputado por crímenes de lesa humanidad en la querella argentina.