La diputación alavesa abandona la lucha contra la impunidad.
González alega falta de legitimación para querellarse contra el franquismo en el TEDH
Ramiro González, diputado general de Araba, ha manifestado este jueves que el artículo 34 de la Convención Europea de Derechos Humanos señala que las Juntas Generales de Araba «no están legitimadas» a recurrir ante dicho tribunal en el pleno de control celebrado este miércoles en la Diputación, al ser interpelado sobre este tema por EH Bildu.
El diputado general ha añadido que en caso de crímenes de lesa humanidad sólo pueden presentar recursos y querellas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos las «personas físicas, grupos de particulares y organizaciones no gubernamentales».
Éste sería el motivo, según ha afirmado, por el que la Diputación alavesa no continuó por la vía penal en el caso de la querella por los crímenes del 3 de marzo en Gasteiz, donde 5 obreros fueron asesinados a tiros por la Policía española en 1976, después que el Tribunal Constitucional español no admitiera el último recurso tras archivarse previamente la causa por parte de la Audiencia Provincial de Araba en aplicación de la Ley de Amnistía.
González ha expresado que la Diputación ha trabajado «de forma intensa» para que las víctimas que lo deseen puedan seguir la vía judicial y ha garantizado el «pleno apoyo» de la institución a quien así lo considere.
Ha manifestado que la Diputación seguirá trabajando por el «reconocimiento y reparación» de las víctimas de la represión franquista y ha destacado los testimonios que recogió la oficina de víctimas del franquismo en Araba para, entre otros objetivos, poder categorizar los crímenes de lesa humanidad como paso imprescindible antes de ejercer cualquier acción judicial.
El máximo mandatario del herrialde ha pedido «respetar la pluralidad de las víctimas», ya que hay quienes decidieron no hacer públicos sus testimonios y no tienen intención de presentar querella alguna.
«Un paso atrás», para Bildu
Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo, ha valorado como «un paso atrás» que la Diputación no presente una denuncia como reclama la Plataforma Vasca para la Querella contra los Crímenes del Franquismo y no se una a la treintena de ayuntamientos vascos que han interpuesto ya sus querellas.
Fernández de Pinedo ha apelado a usar los 151 testimonios recogidos por la oficina de las víctimas del franquismo en Araba como base para presentar dicha querella y ha animado a que la Diputación se una a la misma, puesto que «cuantas más instituciones se sumen, acabará cayendo el muro de impunidad» de la Justicia en España.