Iruña: el ayuntamiento y ciudadanos se querellan contra el franquismo

15/03/2017

Pamplona encabeza la querella contra los crímenes del Franquismo

Pide investigar los crímenes contra la humanidad sucedidos en la ciudad Se presenta el viernes, se centra en 17 casos y se han adherido 4 víctimas

Marivi Salvo Unai Beroiz - Martes, 14 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:08h.

 

PAMPLONA

Con una triste historia negra de hasta 309 muertes en la ciudad y más de 1.000 encarcelamientos durante la Guerra Civil y el Franquismo, Pamplona va a encabezar el listado de municipios a nivel estatal que interpongan querellas contra los crímenes del Franquismo. El alcalde Joseba Asiron anunció ayer que este mismo viernes se va a presentar la querella ante el Juzgado de instrucción de Pamplona, una denuncia que cumple así con “los mandatos del Pleno” (de 1 de diciembre de 2016 y 27 de noviembre de 2015), explicó el primer edil, y que se centrará en 17 casos concretos, que “mejor se pueden ajustar a la defensa”, de los que en 4, ya sea en primera persona o a través de familiares, se adhieren personalmente, por lo que no será únicamente del Ayuntamiento, sino que será compartida.

Pamplona será así la primera ciudad del Estado en interponer esta querella criminal, que busca “investigar los crímenes contra la humanidad” cometidos en la capital navarra durante la Guerra Civil y el Franquismo (entre 1936 y 1975). Asiron recordó que en Pamplona, pese a que “no fue como tal un frente de guerra”, hubo un saldo de 309 muertes y hasta 1.310 personas represaliadas (hay otras 451 casos que aún no se han podido validar). “A tenor de las cifras podemos calificar la represión como brutal”, indicó y añadió que “sin embargo, todavía hoy las víctimas de aquella represión y sus familiares siguen esperando que se reconozcan aquellos hechos y que se haga justicia sobre un periodo tan silenciado, como significativo, de nuestro pasado más reciente”.

Por ello, porque “el silencio y la impunidad no hacen sino perpetuar el castigo que impuso el Franquismo”, y porque “cerrar las heridas es la única manera de impulsar una democracia de calidad y emprender un futuro prometedor en la ciudad”, el Ayuntamiento de Pamplona interpone esta querella, que “recoge una importante demanda social”, abanderada durante años por familiares, víctimas y colectivos memorialistas: “Ellos son los verdaderos protagonistas”, dijo, porque “es necesario que recordemos y que reconozcamos lo que sucedió en nuestra ciudad en aquellos años oscuros”.

AÑOS DE TRABAJO

La letrada Lourdes Etxeberria, del despacho jurídico Arankoa, será quien gestione la presentación y la defensa de la querella, en colaboración con los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Pamplona. Etxeberria explicó que detrás de este trabajo, “hay un importante equipo jurídico”, al que quiso reconocer, “que llevamos años trabajando y “estudiando las posibles dificultades” que se pueden encontrar en el proceso.

Lourdes Etxeberria explicó que “la querella está totalmente sólida” para ser presentada. La legitimidad de un Ayuntamiento para interponerla está avalada y aclaró que es muy importante “tener claro que es el Derecho Internacional al que siempre se debe invocar”, porque “nos estamos refiriendo a delitos de genocidio y lesa humanidad”, principios fundamentales que “quedan encuadrados después en nuestro derecho positivo posterior”. Eso significa que la tipificación de genocidio y crimen de lesa humanidad se realiza conforme a las normas internacionales, y la imposición de pena conforme al Código Penal interno, que tipifica y sanciona el delito correspondiente, ya sea asesinato, detención ilegal, desapariciones forzosas, lesiones, torturas o agresión sexual. “De estos delitos subyacentes se tomarán las penas” después, según dijo.

Los hechos objeto de denuncia de esta querella “nunca han sido investigados penalmente por los tribunales de justicia del Estado español”, dijo. Ello permite aplicar el principio de “interdicción de la impunidad”, es decir, la obligación de todos los estados “de remover todos los obstáculos fácticos y jurídicos que impidan la investigación, enjuiciamiento y, en su caso, condena de las violaciones masivas, sistemáticas, planificadas y generalizadas de Derechos Humanos”.

Etxeberria indicó además que el juez que deberá investigar esta causa será aquel “ordinario del lugar donde ocurrieron los hechos”, (la mayoría en los términos municipales de Pamplona), y añadió que “refuerza esta querella criminal en su fondo el hecho de que haya personas que en su nombre se adhieran a esta denuncia del Ayuntamiento, representándose a sí mismas, bien como víctimas o como familiares de víctimas”. Respecto a si la Ley de Amnistía del 77 podría aplicarse, la letrada observó que en todo caso sería en el momento final en que determinadas personas fueran condenadas a los delitos, pero “para entonces habríamos recorrido todo el necesario proceso de investigación y el enjuiciamiento”.

TESTIMONIOS EN EL INFORME

Emilio Majuelo, doctor en Historia Contemporánea y profesor de la UPNA, investigador especialista en la represión durante la Guerra Civil, ha dirigido el proyecto de fondo documental de la memoria histórica de la represión en Navarra durante la Guerra Civil y el Franquismo. El amplio trabajo realizado por su equipo, también en la oficina municipal de la calle Mercaderes, es la base del informe pericial que se adjunta a la querella y que ya fue presentado en octubre, con un amplio listado de las personas represaliadas en Pamplona durante aquellos años.

Junto a este listado, según explicó Majuelo, el trabajo en la oficina de atención ciudadana les permitió conocer “un sinfín de detalles”, testimonios de familiares y en primera persona, que “dan cuerpo a la querella”, ya que “hay grabaciones” de muchísimos de ellas, algunos como el de Elías Antón (víctima del Franquismo) en primera persona. Al juez se le ofrecerán en la querella todo el minutaje de las grabaciones, un material “de primer orden”, “para que pueda constatar los delitos”. Por último, el investigador añadió que en la querella se han incluido los nombres de los corporativos asesinados, y a un trabajador municipal.