Instituciones contra la impunidad franquista

El paso dado por las instituciones, más allá del recorrido judicial que tengan las querellas, está cargado de simbolismo, teniendo en cuenta que las víctimas del 3 de marzo solo han encontrado durante años palos en las ruedas e indiferencia cuando se han dirigido a las instituciones para exigir Justicia, especialmente a las del Estado, escudadas en la Ley de Amnistía del año 1977. Sin embargo, el cambio de actores y de contexto político o la apertura de una amplia causa en Argentina para esclarecer estos crímenes, en la que también han decidido personarse las tres instituciones alavesas, han logrado insuflar aire a sus reivindicaciones. Andoni Txasko, portavoz de la Asociación de Víctimas Martxoak 3, no esconde su satisfacción por el paso dado ayer, siempre a expensas de que el juez admita a trámite las querellas presentadas.

A juicio de Txasko, se trata de un paso “muy importante”, porque “se abre un nuevo escenario de cara a romper la impunidad”, y también “de valorar” por el hecho de que las instituciones vayan de la mano en la causa, a la vista de lo que ha sucedido en años no muy lejanos. “Es la primera vez que se presenta una querella de este tipo en unos juzgados locales y eso ya es de por sí significativo. Esperemos que el Gobierno y los tribunales de Justicia la acepten, porque supone cumplir la legislación internacional. A ver si lo hacen de una vez por todas, porque los delitos de lesa humanidad ni prescriben ni pueden ser amnistiados”, analiza el portavoz de Martxoak 3 en declaraciones a este diario. Con todo, Txasko no esconde sus “reservas y recelos” al ser cuestionado por el hipotético recorrido de la causa, teniendo en cuenta no pocos precedentes.

PAPEL PRIMORDIAL Se trata este, de hecho, de un temor compartido por el propio letrado de las Juntas Generales de Araba, José Ramón García Plazaola, quien ha tenido un papel protagonista en la redacción de la querella presentada ante los juzgados de la Avenida Gasteiz. Ya en julio, cuando este diario adelantó en exclusiva que las tres instituciones alavesas valoraban ir unidas en este frente jurídico, el profesional reconocía la “dificultad” para que las demandas fueran admitidas a trámite en última instancia, precisamente por la existencia de esa ley de punto final de 1977. Otra de las complicaciones que se presenta a partir de ahora, según alertaba entonces García Plazaola, será extender la demanda más allá de los responsables políticos o policiales del 3 de marzo, muchos de los cuales todavía siguen vivos, a otros altos cargos de la dictadura franquista ya fallecidos. Martxoak 3 realizará esta mañana en Zaramaga una valoración más exhaustiva del contenido de las querellas presentadas, aunque Txasko insiste en que se trata de “un paso más”. “Las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, incide el portavoz de Martxoak 3.

La colaboración entre los servicios jurídicos de las tres instituciones y la de estos con los abogados de la querella argentina -Carlos Slepoy, Máximo Castex y Ana Messuti- ha sido constante durante los últimos meses y ya comienzan a verse algunos de sus frutos. Pasos a los que pronto se unirá, si no surgen contratiempos, la presentación del censo conjunto de víctimas de la dictadura franquista y de los primeros meses de la transición en el marco de la iniciativa Memoria-Gasteiz y su incorporación al proceso que se sigue al otro lado del Atlántico de la mano de la jueza María Servini.

TRABAS Una macrocausa que, cabe recordar, el Gobierno español en funciones sigue empeñado en torpedear, entorpecer e intentar bloquear por todos los medios. De hecho, la Fiscalía General de Estado, organismo dependiente del Ejecutivo central, ha pedido suspender recientemente la declaración de los querellantes citados ante diversos juzgados españoles para determinar si los crímenes cometidos durante la dictadura y la Guerra Civil pudiesen considerarse de lesa humanidad.

Esta directriz emanada de la Fiscalía General del Estado, que además señala que es de “obligado cumplimiento”, tuvo el pasado martes 4 su primera consecuencia, cuando la titular del juzgado número 4 de Oviedo suspendió la declaración prevista del ex secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Gerardo Iglesias, el primer querellante asturiano en sumarse a la querella argentina por el principio de la Justicia universal. Más de 100 asociaciones, entre ellas la Plataforma vasca para la querella contra los crímenes del franquismo, se han sumado a este proceso desde que comenzó a dar sus primeros pasos en el año 2010, una causa en la que Álava y Vitoria también han decidido otorgar poderes a favor de los abogados de la querella este mismo año. - N.G.