Instituciones contra la impunidad

Quince ayuntamientos españoles están decididos a presentar querellas en la jurisdicción penal en los correspondientes juzgados de cada localidad denunciando la relación de desaparecidos y víctimas del franquismo de sus municipios porque consideran que aún hoy no se les ha hecho justicia y que se trata de crímenes contra la humanidad.  Todo ello a pesar de que la Fiscalía General del Estado se opone a estas investigaciones como ha dejado patente negándose  a que se ejecuten los exhortos para que declaren en los juzgados españoles los imputados en la querella argentina por el franquismo que instruye la jueza Servini.

 

Los consistorios de Pamplona Zaragoza, Tarragona, Vitoria, Cádiz, Rivas Vaciamadrid, Langreo, Mieres, Castrillón, Mirando de Ebro, Rentería, Elgeta, Otxandio y Gernica ya  han aprobado en pleno una moción para ejercer estas acciones legales en su mayoría. Están convocados a reunirse  a finales de este mes en Pamplona en un encuentro que pretende consolidarse como una red de municipios contra la impunidad. Desean poner en común el trabajo de los diferentes ayuntamientos y establecer una interrelación.

 

Pamplona es precisamente el consistorio que más ha avanzado en la investigación y elaboración de los datos precisos para la querella. El Ayuntamiento creó una oficina de atención a las víctimas y en colaboración con la Cátedra de Memoria de la Universidad de Navarra han documentado unos 200 testimonios de la primera y última parte del franquismo, es decir incluyendo la década de los 70.

 

La masacre de Vitoria

En el caso de Vitoria están trabajando con especial denuedo en las circunstancias que rodearon a la denominada matanza del 3 de marzo (1976). Los hechos tuvieron lugar  en el transcurso de una  jornada de huelga cuando la Policía lanzó gases lacrimógenos para desalojar a los trabajadores que están reunidos en asamblea en la Iglesia del barrio de San Francisco de Asís en Zaramaga, una barriada obrera. Para horror de los reunidos, las fuerzas del orden dispararon contra quienes salían del templo. Murieron cinco personas y más de un centenar resulto con heridas de bala.

 

Otros municipios de los que se encuentran iniciando estas acciones  van algo más retrasados en la compilación de casos o en la redacción de la querella por problemas de carga de trabajo de los servicios jurídicos. “Es difícil desarrollar esta tarea en poco tiempo”, afirma Jacinto Lara de la Asociación pro derechos humanos de España.

 

“Delitos contra la humanidad”

“Cuando entre la primera querella rápidamente van a aparecer otras.  Lo importante es el rigor con el que se presenten  y  sin duda el  juzgado está obligado a investigar los hechos”, manifestó el memorialista aELPLURAL.COM “Se trata de que esos delitos fueron cometidos en un contexto crímenes contra la humanidad, de modo sistemático”.

 

Cada ayuntamiento interpondrá la querella en el juzgado que le corresponde, cada uno actuara  dentro de su demarcación judicial propia, explica Lara. “No se puede  ejercitar una acción acumulada, a no ser que recaiga en la Audiencia Nacional. No hay una acción conjunta, pero sí debería haber una acción coordinada y eso es lo que los ayuntamientos quieren  favorecer”.

 

Obstáculos españoles a la querella argentina

¿Qué recorrido pueden tener estas  querellas? Su admisión a trámite es complicada ante la cerrazón que demasiadas  instancias de la justicia plantean frente a este tipo de denuncias. La jueza argentina María Servini de Cubrini que instruye en Buenos Aires  la querella por los crímenes del franquismo lo está sufriendo ahora en lo que se refiere a la falta de colaboración por parte de las autoridades españolas cuando intenta tomar declaración a los investigados, exministros y funcionarios de la época de Franco presuntamente relacionados con los hechos denunciados.

 

 De hecho la magistrada está pendiente de viajar presumiblemente en noviembre a España para tomar declaración a i a 19 cargos del franquismo, entre ellos los exministros  Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia del PP Alberto RuizGallardón. A tal fin los jueces correspondientes deben ejecutar los exhortos recibidos para que los testimonios puedan realizarse.

 

La directiva en contra de Madrigal

Pero la Fiscalía General cuya titular es Consuelo Madrigal envió una directiva a los fiscales oponiéndose a ello. En concreto la Fiscalía, presentó recientemente un escrito en el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo oponiéndose a la ejecución del exhorto remitido por el Juzgado de Buenos Aires para que se tomara declaración a Gerardo Iglesias quien fuera líder del PCE,  en relación con las torturas que sufrió durante la dictadura franquista.

 

Sobre este delito denunciado debía declarar también en este mes de octubre Pascual Honrado de la Fuente como presunto responsable mediante otro exhorto librado por el Juzgado argentino ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo. Los miembros de CEAQUA, la coordinadora que impulsa la querella argentina ya han hecho pública su convicción de que “la  Fiscalía se opondrá a la toma de declaración del referido imputado y del resto”.

 

“Hecho cometidos en España”

En el escrito dirigido a los fiscales por Madrigal, aseveraba que los hechos que investiga la jueza María de Servini “son hechos cometidos por ciudadanos españoles en España contra ciudadanos españoles por lo que serían competencia de la jurisdicción española y no de la argentina”. Añade que por su extensión en el tiempo 1936 a 1977 “apuntan a una especie de causa general radicalmente incompatible con el propio concepto de proceso penal y sus principios inspiradores”.

 

Tras añadir que los hechos están prescritos, se refería la directiva de Madrigal a que el concepto de imprescriptibilidad de este tipo de delitos solo opera en el ordenamiento jurídico español desde el 1 de octubre de 2004. Añadía que la declaración en tal sentido de los convenios internacionales no puede aplicarse retroactivamente. Considera que a los hechos referidos en la querella argentina se les debe aplicar la Ley de Amnistía.

 

Amedrentar a los jueces

Aquí arrojaba un reproche contra Servini “Precisamente, porque la transición fue voluntad del pueblo español, articulada en una ley, es por lo que ningún juez o tribunal, en modo alguno, puede cuestionar la legitimidad de tal proceso. Se trata de una ley vigente (Ley de Amnistía) cuya eventual derogación correspondería, en exclusiva al Parlamento”,  aseguraba en sus instrucciones a los fiscales.

 

Para CEAQUA el objetivo de la Fiscal General tiene un tema añadido: “La Fiscalía pretende amedrentar a los Jueces españoles encargados de la ejecución de los exhortos remitidos por la Justicia argentina, recordándoles qué le ocurrió al Juez Garzón por investigar los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. Esto es, de una forma más o menos velada les advierte que, en el caso de ejecutar los referidos exhortos, podrían ser acusados de prevaricación”.