Incrementar la represión
naiz
Felipe González, con José Barrionuevo, pasa revista a la Policía española el 1 de octubre de 1983 en Madrid. (POOL MONCLOA)
Apenas dos meses después de su llegada al Gobierno español de la mano de Felipe González a finales de 1982 –el primer Ejecutivo del PSOE desde la II República–, el ministro de Interior, José Barrionuevo, esbozó las principales directrices del Plan ZEN, Zona Especial Norte, cuyo esquema no solo planteaba la lucha contra ETA, sino que buscaba acabar con el movimiento independentista vasco en su totalidad y en todos sus frentes. No solo eso. Tal y como recogió Fernando Alonso en un amplio reportaje publicado en NAIZ en agosto del año pasado, esa socialización de la represión se extendería de manera colateral al conjunto de la sociedad vasca.
De hecho, entendía que la «derrota militar» de ETA pasaba por su «derrota política», y para ello la confrontación del Estado abarcaría diversos ámbitos: «político, social, legal y policial».
El Preámbulo, al que seguían once capítulos, rezaba así: «Este Plan (…) trata de enfrentarse con la realidad y peculiaridades del País Vasco y Navarra. Sus líneas generales ofrecen una estructura con la que se pretende alcanzar ahora unos objetivos, definidos en este momento, pero lo suficientemente amplios y flexibles como para que puedan adaptarse a medida que las circunstancias lo vayan exigiendo o la situación lo requiera».
Portada de 'Egin' del 20 de mayo de 1983.
Resulta clarificador que el documento original e íntegro de esta estrategia represiva, cuyo espíritu heredarían después la denominada «Ley Antiterrorista» o el Pacto de Ajuria Enea, permanezca aún en secreto. No obstante, ya en mayo de 1983, el semanario 'Tiempo' sacó a la luz numerosos detalles, que a su vez 'Egin' recogió en sus páginas.
A lo largo de unas 400 páginas mecanografiadas por ambas caras, el plan –que HB denunció desde el inicio como una operación de «cerco, acoso y derribo al pueblo vasco»– contemplaba un presupuesto de alrededor de 15.000 millones de pesetas (90.150.000 euros), la mitad del cual sería destinado a la construcción de nuevos cuarteles y comisarías de las Fuerzas de Seguridad del Estado a lo largo y ancho de Hego Euskal Herria.
Tenía especial relevancia la «guerra psicológica» y se daba también papel destacado a la utilización de periodistas y medios de comunicación, recomendando la práctica de la mentira, la manipulación informativa, la extensión de rumores o incluso la compra de periodistas.
En otro de sus puntos proponía «atribuir parte del mérito en los éxitos policiales que se obtengan a la colaboración ciudadana (….), dar informaciones periódicas, a través de terceros, que difundan enfrentamientos y discrepancias entre terroristas, sus ideologías foráneas, sus negocios sucios, sus costumbres criticables, etc. Basta que la información sea creíble para explotarla».
Contraponiendo al «vasco bueno» y al «terrorista malo», llegaba a hacer advertencias esperpénticas como la siguiente: «Desconfíe especialmente de las personas jóvenes, sobre todo si visten anorak oscuro, pantalón vaquero, zapatillas deportivas y bolsa de deportes».
Solo una vez hacía referencia a la práctica de la tortura, y era para indicar que debía regularse un procedimiento «para que cuando una denuncia de torturas se compruebe falsa, se inicie automáticamente una acción judicial contra el denunciante por ser falsa».
Aspectos incluidos en la posterior «Ley Antiterrorista» acabarían siendo declarados inconstitucionales, pero como decía Alonso en su reportaje, «el mal ya estaba sembrado»: «Algunos elementos mutaron y fueron incorporándose a la legislación ordinaria, con lo que el plan integral de Estado se perpetuó sobre aquel mismo suelo ético y estratégico».