Habrá nueva ley de Memoria Histórica?

Un hombre muestra una foto de una víctima del franquismo en una concentración en la Puerta del Sol.- EFE/Archivo

Catorce años más tarde, nos hallamos ante una nueva encrucijada: metabolizar el pasado franquista en todo aquello que compete a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación debida a las víctimas y al conjunto de la sociedad o continuar blindando (con un nuevo maquillaje a manera de Ley Memoria ZP-2) el modelo español de impunidad nacido mediante la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977.  Ley concebida como texto de punto final a través de la cual jerarcas y funcionarios ejecutores de  Crímenes de Lesa Humanidad quedaban eximidos de cualquier responsabilidad, y utilizada  para forjar un relato que contaminó las nuevas generaciones con el virus de la amnesia histórica, la banalización de la vulneración sistemática de los Derechos Humanos y la imposición de una doble pena a las víctimas. Efectivamente, a  éstas, a lo largo de los años, se les atribuyó a través del discurso oficial promovido por el PSOE y el PP, la condición  de "revanchistas" y de faltos de responsabilidad y solidaridad en la  construcción de una democracia basada en la reconciliación.

Poco importaba que los tribunales españoles impusieran a las víctimas un nuevo calvario rechazando las demandas presentadas con el argumento de la existencia de la Ley de Amnistía  o que las víctimas tuvieran que recurrir, asumiendo penalidades emocionales y económicas, al sistema judicial argentino mediante la denominada Querella Argentina. Lo que realmente les  importaba era exprimir al máximo el contenido de la ley a la espera de la desaparición física de los responsables de los crímenes. Con resultados harto eficaces puesto que hoy quedan ya pocos responsables  de la Dictadura en vida. En paralelo los gobiernos, tanto los del PSOE como los del PP, a fin y efecto garantizar la no existencia de ninguna rendija a través de la cual pudiera abrirse una grieta  en el modelo de impunidad, siempre rechazaron (y todavía hoy se mantiene) ratificar la convención de la ONU sobre  la imprescriptibilidad  de los Crímenes de Lesa humanidad de 1968.

A nadie se le escapa, pues, cuán imperiosa es la necesidad de actuar con la máxima diligencia mediante la derogación de una parte de la ley de Amnistía.  No sólo porque con ello se estaría en mejores condiciones para intentar llevar ante los tribunales a los responsables todavía en vida, sino también y en gran medida por razones de deber moral  debido  a las decenas de miles de víctimas hoy día desaparecidas por imperativo biológico  que no fueron reparadas  por culpa de la existencia de dicha ley.

El Estado español, en definitiva, tiene que reconocer la "perversidad" de la Ley de Amnistía y el daño provocado con ella. ¿De qué forma? Modificándola, o sea, llevar a cabo lo que se debería haber realizado una vez aprobada la Constitución Española. No hacerlo ahora es menospreciar una vez más a las víctimas, máxime si se pretende poner en valor una "solución" torticera y cínica que afirma ser suficiente incorporar  en la nueva Ley de Memoria que el texto de 1977 debe interpretarse de acuerdo con el derecho internacional aplicado a los Crímenes de Lesa Humanidad.

Desgraciadamente para los defensores de la propuesta, la "gran solución" quedó desnuda y enseñó su carácter de subterfugio al cabo de 24 horas. Y de la mano del mismo vicepresidente Bolaños al afirmar que "su solución" no iba a posibilitar juzgar a nadie, además de reivindicar  las bondades de la ley de Amnistía de 1977.  Ignoro qué cálculos respecto a las alianzas ha diseñado el gobierno español. Posiblemente debe estar negociando la cuestión con Ciudadanos. Está en su derecho.  En todo caso para algunas fuerzas políticas (ERC, Junts, CUP,  PDCAT, Bildu, BNG) la reclamación de la modificación de la Ley de Amnistía es tan troncal como conjunta es la firma de la enmienda que lo exige.

De igual manera, para el republicanismo catalán constituye una línea roja imprescindible el reconocimiento de la ilegalidad del Franquismo y, por ende, la de sus tribunales y la de las  sentencias falladas por cuestión ideológica (anulación que, por supuesto, debería formar parte  y constar en los expedientes judiciales) dando lugar a las reparaciones subsiguientes. Resulta incomprensible que desde la atalaya de 2021, desde una sociedad democrática del siglo XXI, todavía se resistan a reconocer la ilegalidad de una dictadura militar nacida a raíz de un golpe de Estado contra la Constitución Republicana de 1931 y  condenada por la Asamblea General de la ONU por su complicidad con el nacionalsocialismo y el fascismo.

Es cierto que ya no nos sorprende hallarnos ante una nueva versión de lo defendido en el año 2007 por parte del PSOE y de IU-ICV. En aquel momento se nos achacó, a los republicanos, no alcanzar a vislumbrar la idoneidad y la eficacia de las tesis del fiscal Jiménez Villarejo por las cuales atribuir a las sentencias de los tribunales franquistas  la condición de "ilegítimas" era pilar suficiente como para que fuesen declaradas nulas las sentencias por parte del poder judicial. Nada más lejos de la realidad. A lo largo de los últimos años, todos los intentos han topado con los tribunales y con el Tribunal Supremo, que razonaron la imposibilidad de anular una sentencia fallada por un tribunal legal.

Lo dicho: modificación de la Ley de Amnistía, declaración de la ilegalidad del Franquismo y, por supuesto, reconocimiento claro, categórico, sin ambages y sin un artículo 5 que exime al Estado, de las responsabilidades patrimoniales. Y sin hipocresías tan vergonzantes como la de negar la reparación económica a ciudadanos ejecutados como Salvador Puig Antich y tantos otros.

Que cada uno actúe en consecuencia. Que nadie dude que Esquerra Republicana lo hará.