Gasteiz sigue reclamando verdad, justicia...

Han tenido que pasar 40 largos años para que las principales instituciones alavesas, en plena comunión con las víctimas del 3 de marzo de 1976, sus familiares y allegados, acudan a la Justicia local para exigir el “esclarecimiento” de estos fatales hechos y también responsabilidades “penales o de cualquier otro tipo” para sus causantes. Más vale tarde que nunca, coinciden todos los agentes implicados. No en vano, durante estas cuatro décadas los damnificados sólo han recibido portazos y zancadillas a la hora de acudir a los tribunales para exigir verdad y reparación o al solicitar la cobertura de los principales representantes políticos, parapetados principalmente en la Ley de Amnistía de 1977, pese al amplio respaldo social con el que siempre han contado. 

De ahí que el 19 de octubre del pasado 2016 fuese un día histórico no sólo para la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo (Martxoak 3), sino para todo el movimiento memorialístico estatal. El día en que la Diputación Foral de Álava, las Juntas Generales -por un lado- y el Ayuntamiento de Vitoria -por otro- acudieron de la mano al Palacio de Justicia de la Avenida Gasteiz para presentar sendas querellas criminales por los sucesos de Zaramaga, que se saldaron con la muerte de cinco obreros que participaban en una asamblea pacífica y casi un centenar de heridos de bala. Numerosos ayuntamientos como los de Pamplona, Zaragoza, Barcelona o Cádiz también han dado el paso de personarse ante sus respectivos tribunales locales para denunciar las tropelías del franquismo y de los primeros años de la Transición, siguiendo la estela de Gasteiz y Álava, lo que ha supuesto todo un precedente en el ámbito estatal. En el caso del territorio histórico, las instituciones dieron cumplimiento a distintos acuerdos adoptados a lo largo de 2016 por sus respectivos Plenos -el 18 de marzo el del Ayuntamiento de Vitoria y el 27 de abril el de las Juntas- y el Consejo de Gobierno foral -el 7 de junio- a instancias de la propia Martxoak 3. 

Las denuncias, que siguen distintos recorridos pese a ser prácticamente iguales, apuntan directamente a quien fuese ministro de Relaciones Sindicales en el momento de la matanza, Rodolfo Martín Villa, y al capitán de la Policía Armada, Jesús Quintana Saracíbar, ambos vivos y localizables. El Juzgado de Instrucción número 3, que se ocupa de la causa abierta por la Diputación y las Juntas, sobreseyó su querella conjunta el pasado 1 de febrero “por prescripción de los delitos perseguidos”, siguiendo el criterio de la Fiscalía Provincial, aunque el ejecutivo y el legislativo alavés han presentado ya un recurso de reforma ante el mismo juzgado y harán lo propio, si éste no prospera, con otro de apelación ante la Audiencia Provincial de Álava. El Ayuntamiento, entretanto, sigue a la espera de que el Juzgado de Instrucción número 4 se pronuncie sobre su querella, aunque teniendo en cuenta la solicitud de archivo de la Fiscalía y la decisión del Juzgado 3 con la otra denuncia, todo hace indicar que ésta seguirá el mismo recorrido. “Tenemos esperanzas, pero este primer pronunciamiento judicial marca un precedente peligroso, teniendo en cuenta que es la misma querella y que se presentaron a la par”, asegura en declaraciones a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran. En caso de que la querella municipal también sea sobreseída, el primer edil avanza que el Ayuntamiento también seguirá la vía de los recursos: “Por supuesto”, confirma. 

Según dicta la resolución del Juzgado número 3 por la que se dictó el archivo, los delitos denunciados “no pueden ser tipificados” como de lesa humanidad porque fueron cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma, que fue introducida en el derecho penal por la Ley Orgánica 15/2003. Descartada la tipificación de lesa humanidad o la de genocidio, y de acuerdo con el Código Penal vigente en marzo de 1976, el juez considera que los delitos “podrían ser reconducidos a asesinato”, castigados entonces con las penas de reclusión mayor o incluso de muerte, y también a lesiones, pero continúa aduciendo que los hechos “prescribían a los 20 años” de ser cometidos, según el artículo 113 de la misma norma. 

El recurso de reforma presentado por las instituciones forales considera que el Juzgado ha realizado “una interpretación contraria” a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya ha sido recogida antes por algunas instancias judiciales españolas, y que el Convenio Europeo de Derechos Humanos es “vinculante” para los juzgados y tribunales del Estado en aplicación de lo dispuesto en los artículos 10.2, 9.3 y 96 de la Constitución. El oficio recuerda también los “pronunciamientos” de los órganos judiciales europeos tutelares de los Derechos Humanos en torno a la “imprescriptibilidad” de los crímenes contra la humanidad y su aplicación retroactiva, así como a la “validez universal” de los principios relativos a este tipo de crímenes, y sugiere que la Justicia estatal debería tener un conocimiento “indudable” de la normativa internacional en materia de Derechos Humanos y sanción a los crímenes contra la humanidad, teniendo en cuenta que España se incorporó a la ONU en diciembre de 1955, 20 años antes de la masacre. 

“AUTOENMENDARSE” 

José Ramón García Plazaola, letrado de las Juntas Generales de Álava, reconoce la dificultad de que el recurso de reforma sea estimado por el Juzgado número 3, porque supondría “autoenmendarse”, y también de que después lo haga la Audiencia con el de apelación. “Tengo mis serias dudas”, reconoce en declaraciones a este periódico, echando también la vista atrás, a la primera ocasión en que las víctimas, esta vez por su cuenta, acudieron a la Justicia local para querellarse por el 3 de marzo, en el año 2001. La causa llegó hasta el Tribunal Constitucional, que la inadmitió a trámite, y también al comité de Derechos Humanos de la ONU. Una reflexión que, con matices, comparte el diputado general, Ramiro González. “Tras el auto dictado por el juzgado de instrucción, no hay motivos para ser optimistas. Lo que quiero pensar es que en la resolución del recurso se entenderá que estamos ante un crimen de lesa humanidad y que, por tanto, es imprescriptible”, remarca el máximo responsable foral. 

Reflexiones a las que también se agarra el portavoz de Martxoak 3, Andoni Txasko, quien aboga por “agotar el procedimiento” en la Justicia local y, posteriormente, “acudir a la europea”, ya que “la legislación internacional debe prevalecer en este caso”. Txasko, quien insiste en la idea de que los delitos de lesa humanidad “ni prescriben ni pueden ser amnistiados”, confía en que los tribunales de alguna localidad del Estado, por pequeña que sea, den el paso y acepten investigar cualquier crimen que lleve la firma de la dictadura. “La esperanza es que algún juzgado tenga determinación y no se deje llevar por el chantaje y la amenaza de la Fiscalía General del Estado”, asegura el portavoz de Martxoak 3.