Un grupo de eurodiputados formado por Marina Albiol, Josu Juaristi, Ernest Maragall, Josep María Terricabras, Miguel Urban, Ernest Urtasun y yo misma, que venimos trabajando para cambiar la política que se aplica en el estado español en materia de memoria histórica  hemos presentado esta mañana la petición que hemos enviado hoy al vicepresidente de la Comisión Europea Frank Timmemans en la que denunciamos la negativa de España a facilitar el procesamiento de los antiguos responsables políticos y policiales de la dictadura franquista encausados en la llamada “querella argentina”. Lo hemos hecho porque pensamos que la negativa de las autoridades españolas contraviene la legislación internacional y diversas normas europeas y que justifica que se active el marco creado por la Comisión Europea para prevenir vulneraciones sistémicas del estado de derecho en los estados miembros.

 En la presentación hemos intervenido un diputado por cada grupo parlamentario que ha suscrito la iniciativa. La carta y la rueda de prensa han sido presentadas por Marina Albiol en su condición de fundadora de este grupo de trabajo. A mí como representante de ALDE me ha tocado recordar que Esta reivindicación afecta al presente y trata de corregir el sufrimiento de miles de personas. Estamos hablando aquí también de verdad, justicia y reparación para decenas de miles de familias. Víctimas de asesinatos, de torturas, de desapariciones, perpetradas además por los poderes públicos. Y estamos hablando de que esa justicia se les niega pisoteando principios de la justicia universal y leyes europeas. Por eso creemos más que justificada la intervención de las autoridades europeas para corregir esta situación. La Carta Europea de Derechos Fundamentales, las decisiones marco contra la xenofobia y los delitos de odio o los propios programas europeos de memoria histórica son incompatibles con impedir que se juzguen todos los crímenes de lesa humanidad cometidos en suelo europeo. Finalmente las víctimas españolas de la dictadura franquista están discriminadas respecto al trato que reciben en Europa las víctimas de otros regímenes totalitarios, lo que es otra razón de peso para que intervenga la Comisión Europea.

Por su parte Miguel Urban en representación de la GUE ha insistido en el repudio y condena al gobierno que ha adoptado estas decisiones e impedir que la justicia pueda juzgar los crímenes del franquismo cortocircuitando las posibilidades de la justicia argentina puedan venir al estado español a instruir la causa abierta. “Están amparando a torturadores” ha dicho y ha recalcado que esta situación es una excepción en una Europa cuyos ciudadanos, excepto en España han podido juzgar a sus dictadores. Ha expresado el deseo de que “este gobierno sea el último en negar estas posibilidades de investigación” y ha insistido en que “no se trata de reabrir heridas sino de cerrar las que existen de manera razonable”.

Josep María Terricabras en nombre de los Verdes-ALE ha subrayado la idea de que la memoria histórica no quiere reabrir heridas sino cerrarlas, pero “no se pueden cerrar en falso . Cuando se cierran como en España, en falso, se toman decisiones que perjudican a las víctimas y benefician a culpables de graves delitos que siguen impunes. Si no se construye un país mejor a partir de la verdad no se pueden cerrar heridas que hay que diagnosticar y curar. Ha destacado que esta iniciativa es totalmente democrática, que nada tiene que ver con la venganza y ha recordado que esta misma semana se cumple el 79 aniversario del bombardeo de Gernika hitos que hay que recordar para medir la magnitud de la tragedia. La UE, ha dicho tiene que reaccionar porque estas cosas no son compatibles con el ordenamiento europeo.

 Entrando ya en el texto de la carta, cuya versión íntegra en castellano podéis descargaros aquí, alertamos a Timmemans en su condición de Vicepresidente de la Comisión Europea responsable del Estado de Derecho y de la Carta de Derechos Fundamentales “sobre el grave problema de la impunidad de los crímenes franquistas y la resistencia del actual gobierno español a cerrar  esta herida aún abierta en la democracia del Estado Español”.

Tras recordar que “España ostenta el triste record de ser el segundo país del mundo, tras Camboya, con más desapariciones forzosas vinculadas a la actuación de las autoridades de una dictadura” hacemos referencia a las decenas de miles de familias que siguen sin obtener “verdad, justicia, reparación, y garantía de no-repetición”. Además enfatizamos que estas reivindicaciones están amparadas por la legislación internacional y las recomendaciones de las Naciones Unidas. Así citando el informe firmado en su día por el relator Pablo de Greiff señalamos que el organismo internacional recomienda que ” la justicia investigue, esclarezca y en su caso, condene a los responsables de los crímenes de una de las dictaduras más duraderas y cruentas del continente”.

Tras explicar cómo se fraguó la querella que instruye la jueza argentina María Servini para investigar diversos crímenes del franquismo denunciamos que las decisiones de las autoridades españolas han impedido interrogar a las 19 de las personas acusadas, “incluyendo a antiguos ministros de la dictadura como Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, así como a responsables y agentes policiales franquistas entre otros,  el policía Antonio González Pacheco “Billy el Niño”, conocido y cruel torturador de centenares de opositores a la dictadura entre los que se encuentran familiares directos de miembros del Parlamento Europeo”.

Los eurodiputados firmantes coincidimos en destacar que además de la legislación internacional que obliga a juzgar e impide la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, la decisión española ” vulnera en nuestra opinión, la Carta Europea de Derechos Fundamentales, las decisiones marco 2008/913/JAI y 2007/126/JAI, el acervo comunitario en materia de atención a las Víctimas de delitos, el Pacto Internacional de los derechos Civiles y políticos y las recomendaciones internacionales sobre memoria histórica, incluidas las bases del programa “Europa para los ciudadanos 2014-2020″. Igualmente consideramos que “una negativa de este tipo sería simplemente impensable en las dinámicas judiciales y políticas establecidas en otros estados miembros para afrontar la reparación de crímenes similares cometidos por regímenes como el nazismo o el estalinismo” y afirmamos que tal circunstancia “es una discriminación de las víctimas españolas de la dictadura franquista respecto al tratamiento que han tenido víctimas del totalitarismo en otros estados miembros”.

Finalmente creemos que los hechos son suficientemente graves, junto a otros ocurridos recientemente en el estado español como para activar “los mecanismos establecidos en el marco para prevenir amenazas sistémicas del estado de derecho en la UE y contribuya así al normal desarrollo de las actuaciones de la justicia argentina”. Este procedimiento debería “al menos, concluye el grupo,  garantizar que se juzguen todos los delitos de lesa humanidad que puedan haberse cometido en suelo europeo”.

Este marco, cuyo funcionamiento ha sido objeto de preguntas en la rueda de prensa, comienza con un diálogo entre las autoridades comunitarias y el estado miembro que, de no resultar suficiente para resolver el problema, puede dar lugar a una investigación estrictu sensu y un proceso sancionador. Esperamos que la primera fase sea suficiente para hacer entender a las autorudades españolas que en este asunto están claramente en fuera de juego” a nivel europeo.