Este 15 de septiembre quedará grabado para siempre en la memoria de Rosa María García y Julio Pacheco. Después de varios retrasos, el último en julio pasado, por fin pudieron relatar al titular del juzgado nº 50 de Madrid las torturas a que fueron sometidos por varios policías de la Brigada Político Social en 1975 entre los que se encontraba el conocido comisario José Manuel Villarejo investigado en varios juzgados y en la Audiencia Nacional por la presunta comisión de delitos de revelación de secretos, apropiación indebida, estafa, malversación y cohecho.
Paralelamente, Dolores Delgado, la nueva fiscala jefa de sala del Tribunal Supremo para los derechos humanos y memoria democrática, ordenó a la fiscalía de Barcelona que se persone en la querella presentada por el militante del PSUC, Carlos Vallejo, quien acusa a seis policías franquistas de “torturas y crímenes contra la humanidad” presuntamente cometidos en las dependencias de la siniestra jefatura superior de policía de Barcelona de la Vía Laietana.
Estas actuaciones son las primeras de una serie de denuncias que se van a investigar por las torturas cometidas por la Brigada Político Social. Llegan tarde, medio siglo después. Hasta ahora, los policías de la BPS han gozado de la mayor impunidad. Nadie se atrevió a juzgarles. Incluso algunos, como el comisario Roberto Conesa y Antonio González Pacheco, fallecieron disfrutando de las medallas y sus correspondientes pensiones que les fueron concedidas por los “servicios prestados”. Las de González Pacheco, alias “Billy el niño”, le reportaron un 50% más de su retribución durante el tiempo que estuvo en activo y una vez retirado. Aunque varios partidos políticos pidieron la retirada de estas medallas nadie se atrevió a hacerlo.
Durante la pandemia, “Billy el niño” falleció a causa del COVID 19. Entre otras muchas fechorías, se le relaciona con la muerte de Enrique Ruano, estudiante de Derecho y militante del Frente de Liberación Popular, quien, oficialmente, se suicidó precipitándose desde un séptimo piso. A pesar de la leyenda que pesa sobre él, González Pacheco solo una vez fue sancionado a un día de suspensión de empleo y sueldo por una denuncia presentada por el periodista Francisco Lobatón.
Roberto Conesa fue condecorado con la medalla de oro al mérito policial por haber llevado a cabo las investigaciones que acabaron liberando al teniente general Emilio Villaescusa y al presidente del Consejo de Estado, Antonio María Oriol y Urquijo, secuestrados por los GRAPO. Todo ello durante el gobierno de Adolfo Suárez ya en plena transición democrática. “Billy el niño” era la mano derecha de Roberto Conesa durante su etapa al frente de la Brigada Central de Información que fue la instancia policial que sustituyó a la BPS. Quien quiera conocer la trayectoria de estos individuos se recomienda la lectura de la novela ficcionada de Almudena Grandes, “Las tres bodas de Manolita”.
Estos dos policías son los más representativos de los que formaron la siniestra Brigada Político Social encargada de reprimir a la oposición democrática durante el franquismo, y, posteriormente, durante la primera etapa de la transición democrática, el terrorismo de ETA y los GRAPO y, de paso,a algunos miembros de la llamada “extrema izquierda”. Que se sepa, nunca investigaron a los grupos fascistas y de extrema derecha que entonces actuaban con total impunidad cometiendo actos salvajes como la muerte del estudiante Arturo Ruiz el 23 de enero de 1977, o la matanza en el despacho de los abogados de la calle de Atocha, un día después del de Arturo Ruiz, el 24 de enero de ese mismo año.
Todas las torturas y vejaciones que estos funcionarios cometieron en dependencias de siniestro recuerdo como la dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol en Madrid, hoy sede de la presidencia de la CAM, o la jefatura de policía de la barcelonesa Vía Laietana, sin olvidar las de las jefaturas superiores de policía de Bilbao, Sevilla o La Coruña por mencionar las mas recordadas, nunca fueron investigadas. Y todo ello debido a que los jueces argumentaban, para archivar las denuncias presentadas, que los delitos estaban prescritos y que no se podían investigar en virtud de la ley de amnistía de 1977. Para relatar los hechos, las víctimas tuvieron que acudir a Argentina, donde la jueza, María Romilda Servino, abrió un sumario que se encontró con la negativa de las autoridades españolas a extraditar a los mandos policiales de la época.
Pero las cosas han cambiado. La ley de memoria democrática de 2022 abre la puerta a la investigación de la actuación policial durante el franquismo. La ley impone al Estado “el deber de investigar las violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario ocurridos durante la guerra civil y la dictadura del general Franco”. Y para ejecutar este mandato del Parlamento se decidió la creación de una fiscalía de sala dependiente del Tribunal Supremo que es la encargada de ordenar que se lleven a cabo las actuaciones judiciales correspondientes para que este tipo de delitos no queden impunes. Su titular es la ex ministra de Justicia y ex fiscala general del Estado, Dolores Delgado. El Partido Popular ha manifestado que, si llegan al poder, suprimirán esta fiscalía por considerar que “va en contra del espíritu de reconciliación que ha caracterizado la transición democrática”.
La fiscalía de Barcelona rechazó la apertura de la causa de Carlos Vallejo, ex militante del PSUC. Ahora, por orden directa de Delgado, ha reconsiderado la decisión y pide a la jueza de Barcelona encargada de la instrucción la reapertura del sumario. Para rechazar, se basaron en los argumentos esgrimidos habitualmente: la prescripción de los delitos y la ley de amnistía de 1977. Ahora se acogen a la ley de memoria democrática de 2022.
Una jueza de Madrid es la única que se atrevió a abrir una investigación por torturas a un antifranquista y, para sortear obstáculos, decidió no informar al Ministerio Público. Es la única actuación que se recuerda para acabar con la impunidad de los delitos cometidos por la policía política de Franco. Y, ahora, está la del juzgado nº 59 de Madrid. Por fin unas víctimas de la represión, Julio Pacheco y Rosa María García, han podido contar lo que les hicieron en las dependencias policiales. Son los primeros, pero seguramente volverán de denunciar muchos más. La apertura de estos sumarios, gracias a la ley de memoria democrática, van a estar a la orden del día. Eso sí. Medio siglo después de cometidas las fechorías, y con muchos de los causantes y víctimas ya fallecidos.
De todas maneras, nunca es tarde si la dicha es buena.