Desatascar la impunidad

Ana Barrena Arellano, de la asociación memorialista Memoriaren Bidean, Valentín Esteban, portavoz de los familiares y Sabino Cuadra, de Ceaqua, durante la rueda de prensa en Katakrak. (Aitor KARASATORRE | FOKU)

Familias de presos del «espacio concentracionario de Igari, Bidankoze y Erronkari» han anunciado este martes la presentación de un recurso y la petición de amparo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por los «crímenes contra la humanidad» cometidos durante el régimen franquista.

En octubre de 2023, doce familiares de presos republicanos presentaron ante el Juzgado de Agoitz la primera querella por trabajo esclavo. En la denuncia, los familiares indicaron que durante la construcción de la carretera que une los pueblos mencionados, más de 2000 presos fueron obligados, entre julio de 1939 y junio de 1941, a trabajar como esclavos «en condiciones inhumanas», ha recordado Valentín Esteban, portavoz de las familias.

Sin embargo, el Juzgado de Agoitz desestimó la querella al considerar que los crímenes habían prescrito, pese a que, como ha explicado Sabino Cuadra, abogado y miembro de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), el Derecho Internacional establece que estos delitos son «imprescriptibles y no amnistiables», y a pesar del informe favorable del fiscal correspondiente.

Posteriormente, se presentó el correspondiente recurso de reposición ante la Audiencia Provincial de Nafarroa, que ratificó la decisión adoptada por el Juzgado de Agoitz y confirmó el auto de sobreseimiento. En demanda de amparo, el caso fue también recurrido ante el Tribunal Constitucional, que en 2024 inadmitió el recurso al considerar que no concurría la necesaria trascendencia constitucional, dando así por archivado definitivamente el procedimiento.

«Los jueces del Estado español, en todas sus instancias, no han considerado estos crímenes o los han considerado amnistiados por la Ley de Amnistía de 1978. Una amnistía inaceptable para organizaciones como Amnistía Internacional o la propia ONU», ha proseguido Esteban. De hecho, ha recordado, la Ley de Memoria Democrática de 2022 señala que la Ley de Amnistía debe interpretarse conforme al Derecho Internacional.

Según los familiares de presos republicanos, la justicia del Estado español, a pesar de sus leyes de memoria histórica, «sigue siendo incapaz de tratar a las víctimas del golpe de Estado fascista de 1936 y de la dictadura con la dignidad que se merecen» y por lo tanto «ha fracasado con sus nuevas leyes de memoria histórica» al no haber conseguido que «algún juez» condene «estos crímenes de lesa humanidad».

Ante el rechazo de la justicia por parte del Estado español, los familiares de presos del espacio concentracionario de Igari, Bidankoze y Erronkari han recurrido y pedido el amparo al Comité de DDHH de la ONU.

Recorrido de la queja ante la ONU

Jacinto Lara Bonilla, abogado que ha participado tanto en la elaboración de las querellas como en la queja presentada ante el Comité de DDHH de la ONU, ha afirmado que el marco internacional ofrece un escenario «más favorable» que el existente en el Estado español para abordar los crímenes cometidos por el franquismo.

En ese sentido, ha recordado que distintos relatores de DDHH de la ONU han señalado en reiteradas ocasiones que los principios internacionales en esta materia «son de aplicación directa en la normativa estatal y no tienen que padecer una segunda aprobación», subrayando que se trata de delitos que, «por su envergadura, por su profundidad y por su grado de violencia» no pueden quedar amparados por leyes de amnistía ni por la prescripción.

Así, han explicado que, si el Comité admite la queja a trámite y entra al fondo del asunto, podría emitir un dictamen con recomendaciones al Estado español para que investigue los hechos. Aunque estas resoluciones «no son vinculantes», han recalcado que tienen «muchísimo peso desde un punto de vista jurídico y político», ya que colocan al Estado en una posición incómoda ante la comunidad internacional y pueden abrir nuevas vías legales, incluidas reclamaciones por responsabilidad patrimonial.

«Cuando el Estado donde se han producido esos delitos no los juzga, la competencia se extiende al conjunto de la humanidad y cualquier Estado puede intervenir», ha afirmado Cuadra.

Lara ha subrayado que, pese a la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en 2022, el balance judicial sigue siendo muy limitado. Según ha detallado, se han interpuesto más de veinte querellas desde entonces, pero la gran mayoría han sido archivadas o inadmitidas. «Ahora mismo solo hay cuatro querellas criminales admitidas a trámite», ha explicado, todas ellas en fases muy iniciales del procedimiento.