Catalunya hace justicia y repara a las víctimas de los consejos de guerra del franquismo

El Parlament abre la puerta para juzgar los crímenes del franquismo en Cataluña

Memoria Histórica // La Asamblea catalana declara ilegales 63.961 consejos de guerra de la dictadura

• Los casi 64.000 consejos de guerra de la justicia franquista en Cataluña dictaron miles de condenas a muerte, de las que 3.358 fueron ejecutadas.
• Pedro Sánchez acepta una Comisión de la Verdad que ponga fin a la ignominia franquista y la impunidad que se derivó de la Ley de Amnistía de 1977.
• La ley de Memoria Histórica de Zapatero reconoció el carácter injusto e ilegítimo de los tribunales de excepción franquista, pero no anuló las condenas.

Tropas de Franco entran en Barcelona el 6 de enero de 1939.

“Ilegales, nulos de pleno derecho”. Eso fueron los 63.961 consejos de guerra hechos por la justicia franquista en Cataluña y de los que se derivaron miles de condenas a muerte y 3.358 ejecuciones, incluidas 17 mujeres. Así lo ha declarado el Parlamento de Cataluña en una ley sin precedentes, aprobada el jueves, 29 de junio, por unanimidad: 129 votos de los diputados presentes del total de 135.

¿Qué recorrido puede tener la norma en el conjunto del Estado? ¿Será secundada por otros Parlamentos Autonómicos? ¿La recurrirán ante el Tribunal Constitucional? ¿Cómo fueron aquellos juicios, ahora declarados ilegales y con las sentencias nulas por los representantes del soberano?

Vaya por delante que la sesión del Parlamento catalán fue bien emotiva. Allí estaban Josep Companys, sobrino-nieto del presidet Lluis Companys, detenido en Francia por la Gestapo cuando iba a visitar a su hijo enfermo, entregado a Franco, que había una lista de 1.600 intelectuales y políticos a las autoridades fascistas de la Francia ocupada para que los detuvieran, y fusilado el 15 de octubre de 1940 en el foso del castillo de Montjuit. También estaba Raimon Carrasco, hijo de Manuel Carrasco i Formiguera, un fervoroso católico nacionalista catalán de Unió Democrática, encarcelado en Burgos durante ocho meses y finalmente fusilado; Manuel Martínez Arcos, procesado y condenado; Mercè Puig Antinch, hermana de Salvador, el penúltimo ejecutado por la dictadura en Cataluña; María Salvo, María Gadea, y así más de doscientas víctimas y familiares de demócratas criminalizados y asesinados por la dictadura.

También se hallaban en el pleno del Parlament, celebrado veinticuatro horas después de la solemne sesión borbónica del Congreso para conmemorar el cuadragésimo aniversario de las primeras elecciones democráticas, el presidente de la Comisión de la Dignidad, Josep Cruanyes y el director del Memorial Democràtic, Plàcid García-Planas, junto a los miembros y dirigentes de otras entidades ciudadanas y de la memoria democrática. Hacia todos ellos tuvieron la ponente de la ley, Montserrat Palau Vergés, y los demás portavoces, palabras de gratitud y reconocimiento por sus iniciativas. La emoción estalló tras la votación y fue canalizada hacia el canto de El Segadors.

El primer efecto político de la ley catalana ha sido la aceptación por parte del dirigente del PSOE, Pedro Sánchez, de una Comisión de la Verdad que ponga fin a la ignominia franquista y la impunidad que se derivó de la amnistía de 1976, tramitada como ley un año después. Si la amnistía equiparó a los verdugos con las víctimas, y la Ley de Memoria Histórica de 2007 declaró “ilegítimas” pero no “ilegales” las condenas de los tribunales franquistas a los demócratas, razón por la cual ERC no la respaldó, la ley catalana repone la legalidad que los golpistas del 18 de julio de 1936, encabezados por el general Francisco Franco, conculcaron gravemente, dando lugar a la Guerra Civil, y anula todas las sentencias de los Consejos de Guerra contra los demócratas en Cataluña desde 1936 hasta la aprobación de la Constitución a finales de 1978.

Y algo más hace: ordena que se hagan públicos los cerca de sesenta y cuatro mil expedientes para que la gente pueda conocerlos desde el mismo día en que el Boletín Oficial de la Generalitat publique la ley. Cuentan con la ventaja de poseer un archivo propio, el Arxiu Nacional de Catalunya.

El letrado Cruanyes, presidente de la Comisión de la Dignidad, considera “muy acertada y necesaria” esta medida, pues “ha habido casos de personas que creían que sus parientes habían muerto en el frente y se han llevado una sorpresa al descubrir que habían estado presos y fueron ejecutados”.

Presos del campo de trabajo de Tarragona. Subirats en la fila superior, primero a la derecha (Foto del archivo familiar)

Cruanyes recuerda que se reunió con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño (después ministro de Justicia), para acordar el texto de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y, aunque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se mostró dispuesto a todas las medidas necesarias en favor de las víctimas, “se cerró en banda ante nuestro planteamiento de que se anulasen todas las sentencias del franquismo”. La ley de Zapatero reconoció el carácter injusto e ilegítimo de los tribunales de excepción franquista (así como otros aspectos como la concesión de la nacionalidad a los hijos y nietos de los exiliados y a los brigadistas internacionales, la investigación de las fosas, la supresión de los nombres y símbolos de la dictadura de los lugares públicos, etcétera), pero no anuló las condenas. Sólo ofreció el “reconocimiento moral” (mediante un diploma oficial) a las víctimas. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, una jueza al fin y al cabo, fue permeable a la oposición del PP y prefirió el acuerdo al recurso de inconstitucionalidad de la derecha. Ahora, por primera vez, destaca Cruanyes, una Cámara legislativa proclama que “la justicia franquista fue ilegal”.

Aunque la mayoría de los diputados del PP (11 escaños) votaron a favor, su portavoz, Fernando Sánchez Costa, explica que “lo importante es seguir trabajando por la reconciliación” y aclara que la norma catalana, con independencia de las discusiones jurídicas a las que pueda dar lugar, no tiene por qué ser extrapolada a otras autonomías, “porque la historia es muy compleja y el principio de la reconciliación, que es el que importa, se expresa de forma muy diferente en cada territorio y en cada momento. En Cataluña consideramos que es positivo para la convivencia reconocer y declarar nulos los juicios de la dictadura, y por eso votamos favorablemente”. En el caso de Ciudadanos, su portavoz, Matías Alonso, dice que la ley catalana “complementa” la de Memoria Histórica y echa en falta una referencia a la ley estatal en el texto aprobado.

Aunque el Gobierno ha optado por el silencio y los responsables del Grupo Parlamentario Popular prefieren no pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma catalana, las fuentes consultadas estiman que el mayor varapalo se dirige al Tribunal Supremo, cuya Sala Quinta (de lo Militar) ha fallado reiteradamente durante cuarenta años contra la revisión y anulación de las condenas a más de sesenta dirigentes republicanos, entre ellos el que fuera presidente del Congreso, Julián Besteiro, o el propio Companys. Incluso el presidente de la II República, Manuel Azaña, fue condenado (y expropiado y multado con 100.000 pesetas) después de muerto. La incógnita es si los magistrados interpretarán la norma como un brindis al sol, según la opinión de algunos, o la recurrirán al Constitucional.

Para hacerse idea de la cantidad de personas condenadas y ejecutadas por los consejos de guerra en Cataluña, la ponente Palau Vergés, estima que se necesitarían 36 horas para citarlas por sus nombres y apellidos.

¿Cómo eran aquellos tribunales de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, denominados posteriormente Auditoría de la IV Región Militar, que actuaron en Cataluña a partir de abril de 1938 y hasta finales de diciembre de 1978?

De entre los muchos testimonios, el del periodista de Tortosa (Tarragona) Josep Subirats Piñana es significativo porque durante las cinco semanas que estuvo preso en la Punxa (un convento de frailes habilitado como cárcel) no paró de tomar nota de los condenados fusilados hasta entonces (30 de junio de 1939). “El 15 de marzo habían fusilado en Girona al prestigioso periodista Carles Rahola, del diario L’Autonomista. Fue entonces cuando me di cuenta de la tragedia que íbamos a vivir los periodistas de la prensa comarcal”. Las ejecuciones en la Muntanya de l’Oliva de Tarragona fueron diarias durante los meses siguientes al final de la guerra.

Subirats, que en los años ochenta sería senador por el PSC-PSOE, plasmó sus recuerdos en el libro Pilatos 1939-41, con prólogo de Ramón Rubial. “Durante el mes y nueve días que estuve en la Punxa, el ritmo de juzgados y condenados se mantuvo alrededor de 30 a 40 diarios. Vivía la zozobra de los consejos de guerra. Muchos de mis amigos fueron condenados. Basilio Carrasco, un preso tortosino que recibía noticias del exterior a través de su esposa, Cinta Medina, nos dijo el 7 de julio que dos días antes había sido fusilado Sebastià Campos Terrè en el Campo de la Bota de Barcelona. La noticia fue desalentadora. Campos fue director del periódico El Pueblo; su sucesor, Joan Curto Pla estaba condenado a muerte en la prisión de Pilatos y yo, que fui el último director, a punto de ser juzgado”.

Los fusilamientos fueron masivos en abril y mayo. “En la Punxa se comentaba que el rimo de aplicación de la pena capital en España estaba decreciendo. Según mis notas –escribe Subirats–, el 14 de julio fueron fusilados 42 presos en Tarragona, seguidos de 28 el día siguiente, 12 el día 21, 40 el 8 de agosto y tres en fechas distintas durante ese periodo”. Subirats cuenta casos escalofriantes: el del funcionario municipal de Reus Joan Mannesa Valdespinós, fusilado en base a una denuncia contra un militante del POUM con su mismo nombre y apellidos. “Pese a las gestiones de la familia, los represores no se molestaron en aclararlo”. El del doctor tortosino Primitiu Sabatè Barjau, cirujano y director del hospital municipal, muy querido por la gente. Los juzgadores le acusaron de haber sido diputado de la Coalición de Izquierda Catalana. No era cierto. También fusilaron al alcalde de Tortosa, Josep Rodríguez Martínez, de ERC, pese a haber protegido en el hotel París de la localidad al líder provincial de las derechas y miembro de la “junta técnica” (gobierno de Burgos) Joaquín Bau hasta que fue intercambiado por la familia del general José Miaja.

Por fin llegó el día del juicio para Subirats. Los que comparecían ante el Consejo de Guerra sumarísimo y de urgencia de la Auditoría de Tarragona eran condenados o por “auxilio a la rebelión” a penas de 12,15 ó 20 años y un día (penas benignas entonces) o por “rebelión militar” a muerte o cadena perpetua. La acusación de “rebelión” contra los militares sublevados, no por paradójica, dejaba de ser cruel. “Era el 10 de agosto de 1936, yo fui incluido en el segundo grupo de la vista con otros catorce presos. La vista del primer grupo de Tortosa era a las diez de la mañana y del segundo, a las once. Me llevaron esposado a Felip Subirat Roures, que trabajaba en la imprenta donde editábamos El Pueblo y era un dirigente muy estimado de la UGT y de ERC. Presidía el Consejo de Guerra el entonces coronel Lisardo Doval Bravo, quien había destacado por su crueldad, siendo comandante, contra los mineros asturianos en octubre de 1934. Murió siendo general el 21 de octubre de 1975. El consejo duró poco más de media hora. Se desarrolló tan precipitadamente que el relator apenas tuvo tiempo de leer los cargos contra los 15 acusados. El fiscal destacó la gravedad de los hechos relatados y pidió las máximas penas y el defensor de oficio solicitó un grado menos”.

Subirats y la mayoría de sus compañeros fueron trasladados a Pilatos, la última residencia en este mundo antes de ser fusilados. El actual Museo Arqueológico de Tarragona era una de las cárceles más tétricas de España. Muchos compañeros de aquel periodista fueron ejecutados. Él tuvo suerte y pasó varios años sometido a trabajos forzados, pero salvó la vida. Había nacido en 1920 y era menor de edad penal cuando cometió los “delitos” (periodísticos) de “auxilio a la rebelión” por los que le condenaron. ¿Qué podía importar ese detalle a los secuaces del dictador en su misión de limpiar España de demócratas? Ya es sabido que decenas de miles de condenados por sus ideas políticas de libertad y progreso redimieron las duras condenas en campos de concentración y trabajo, en los que un porcentaje superior a diez de cada cien murieron o enfermaron gravemente. Para que su obra sea recordada y honrada, también el Parlamento de Cataluña aprobó en mayo pasado una iniciativa del PSC, con aportaciones de Junts pel Sí, que ordena a Generalitat impulsar un programa por medio del Memorial Democrático para completar la señalización, adecuación, dignificación y conservación de los campos, edificios, obras e infraestructuras realizadas por los prisioneros de guerra y los batallones disciplinarios.