Asignatura pendiente: anular juicios franquistas

Primer paso de una ley, que fuera de toda pompa procesista, sí que significa una verdadera desconexión unilateral por parte de las instituciones catalanas. El Parlament ha dado el primer paso para anular de un plumazo de las sentencias políticas del franquismo. Un texto que sería de facto la primera ley de “desconexión” en ejercicio de la “soberanía concedida por el pueblo de Catalunya” puesto que rompe sin reparos con el ordenamiento jurídico español y el poder judicial al anular las sentencias de los consejos de guerra franquistas. Al no haber ninguna enmienda a la totalidad el texto impulsado por junteros, confluentes y cuperos ha superado la primera gran prueba de fuego y continua sutramitación parlamentaria con un amplísimo consenso político.

Sentidos discursos

El debate del texto titulado Ley de Reparación Jurídica de las Víctimas del Franquismo ha lucido un tono gótico, sereno y contundente. Empapados de sentimiento, los portavoces de los impulsores del texto han pronunciado sus discursos con una tranquilidad inédita en la cámara catalana. Montse Palau, diputada de JxSí por Tarragona ha defendido la declaración de la nulidad de los sumarísimos franquistas por “memoria, justícia, dignidad y democracia”.

Además ha añadido como argumento la “legalidad”, como el artículo 54 del Estatut de Catalunya la Ley de Memoria Histórica española. “La memoria es un acto de voluntad, pero también lo es el olvido”, ha sentenciado Palau. “No nos hablen de amnistías o transiciones, los crímenes contra la humanidad no prescriben”, ha advertido. De hecho, Palau ha puesto en duda que el Tribunal Constitucional anule la ley catalana porque “no puede legitimar la justícia franquista”. “Esta ley muestra nuestra dignidad colectiva como nación”, ha concluido la diputada.

En el mismo sentido se ha expresado el diputado de CSQP, Joan Josep Nuet, que ha puesto en valor que el Parlament haya sido la primera institución en decir que los “juicios políticos franquistas fueron una farsa”. “El franquismo no fue un régimen autoritario sino fascista y autoritario”, ha insistido. Nuet ha despedido su intervención con una dedicatoria especial a la tribuna de invitados llena de activistas antifranquistas y familiares de víctimas de los franquistas que han impulsado la ley. “Sois la generación antifranquista, sois lo mejor que ha dado esta tierra”, ha clamado.

En el turno de los cuperos, la presidenta del grupo parlamentario, la aranesa Mireia Boya no se ha andado con chiquitas al defender la ley. “No podemos saltarnos las leyes, pero hoy las desobedecemos, las enterramos y reparamos la honorabilidad”, ha avisado.”Nos avergonzamos de los que lo habían de hacer y que no lo habrían hecho nunca, somos soberanos”, ha enfatizado.

Por su parte los portavoces de los grupos no impulsores, -C’s, PSC y Ciutadans- han empatizado con la ley pero tampoco han tirado cohetes. El diputado de Ciutadans, y vicepresidente segundo del Parlament, José María Espejo-Saavedra, ha condenado “sin ambages la dictadura franquista” así como “el carácter ilegítimo e injusto y la ilegitimidad de los tribunales políticos”. Ahora bien, ha mostrado sus dudas de la eficacia de la iniciativa catalana ante el marco legal español de la memoria histórica y de la amnistía.

Ferran Pedret, el adjunto portavoz socialista, ha defendido el texto pero ha pedido mejorar el texto en el trámite parlamentario. De hecho, Pedret ha pronunciado un discurso más técnico que político y ha reclamado a los grupos tener en cuenta las recomendaciones del relator de la ONU sobre los crímenes del franquismo.

Quizá el diputado que más crítico se ha mostrado con el proyecto ha sido el popular Fernando Sánchez Costa, que se ha asegurado “entender la voluntad de cerrar heridas, y una mejor reparación de las víctimas” pero “no el discurso envenado que algunos estan haciendo con la memoria histórica”. Costa ha sido el único interviniente que ha recibido algún silbido por su intervención.

Una ley breve pero contundente

El primer artículo no se anda con remilgos y va directo al grano puesto que “declara nulos y sin ningún efecto jurídico todos los consejos de guerra sumarísimos y sus correspondientes sentencias, instruidas por causas políticas en Catalunya por el régimen franquista”. Asimismo, la proposición “faculta al Govern” para establecer en tres meses una orden que regule el sistema por el cual los familiares obtendrán una “certificación de nulidad del procedimiento y la sentencia correspondiente”.

Además, en la Exposición de Motivos de la proposición, se incorpora la resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que en julio de 2014 requirió a las instituciones del Estado español “establecer mecanismos idóneos para hacer efectiva la nulidad de las sentencias en violación de los principios fundamentales de derecho y de los procedimientos establecidos”.

Con la aprobación de la ley tal y como está, el Parlament, en un ejercicio de soberanía sin precedentes, declararía “la nulidad de los Consejos de Guerra producidos en Catalunya desde el cinco de abril de 1938 a diciembre de 1975” a la vez que establecería “un procedimiento administrativo para hacer efectivo el reconocimiento individual de la nulidad de cada proceso”.