Familiares y víctimas del franquismo no dan crédito al hecho de que cuatro expresidentes del Gobierno español intenten presionar a la única jueza del mundo que investiga los crímenes del franquismo".
Felipe González (1982-1996), José María Aznar (1996-2004), José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y Mariano Rajoy (2011-2018) coincidieron en enviar una carta cada uno a la magistrada argentina María Servini para defender la honorabilidad del exministro de la Transición Martín Villa, que será interrogado este jueves en el Consulado argentino de Madrid por delitos de lesa humanidad.
No contento con elogiar al acusado en su carta del 2 de marzo, Mariano Rajoy llega incluso a cuestionar a las víctimas del franquismo por las "múltiples inexactitudes y falsedades en la que se sustenta la acusación". Sin ningún sonrojo, exige además que la jueza proceda "contra quienes de forma torticera han vertido acusaciones infundadas contra la persona del Sr. Martín Villa y han intentado menoscabar la imagen de España poniendo en duda su carácter plenamente democrático".
Aznar no se queda atrás, asombrado como está en su misiva del 29 de junio "de que un procedimiento judicial considere que pudo haber genocidio y crímenes de lesa humanidad en la Transición española". Se permite aconsejarle a la jueza que tenga "la misma posición" que los tribunales españoles, y ya de paso, comenta que uno de los factores del "fracaso del proceso democratizador de la Segunda República" fue "el desorden en las calles y la creciente violencia".
Rodríguez Zapatero tiene la ocurrencia de escribir su misiva apenas dos días después que su antecesor en el cargo. Señala que España escogió la Transición como "su propia forma de acabar con episodios dictatoriales o autoritarios y dar paso a la democracia" y sostiene que la Ley de Amnistía como "elemento central del Pacto de la Transición".
En su carta de julio, Felipe González se muestra ofendido al conocer "con asombro e incredulidad" la causa que lleva adelante Servini. Al igual que Rajoy, tiene el arrojo de invitar a la jueza a que "depure las responsabilidades que correspondan de los responsables de estas denuncias temerarias y la campaña de acoso contra Rodolfo Martín Villa".
Las misivas que Martín Villa hizo llegar la semana pasada a la jueza se suman los escritos de otros exministros y exlegisladores, de los exsecretarios generales de UGT y CCOO Nicolás Redondo, Cándido Méndez, Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo, y de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca, considerados padres de la Constitución.
Indignación de querellantes
El estupor de los querellantes es aún mayor ante las misivas suscritas por los dos expresidentes que pertenecen al PSOE. "No puedo creer que presidentes socialistas apoyen a un genocida cómo Martín Villa, que apoyen incluso la Transición". Con estas palabras reconoce su enfado la querellante que dio origen a la causa, Inés García Holgado, junto con el fallecido Darío Rivas. "No son socialistas, son presidentes de derecha", añade en diálogo con Público.
"No puedo creer qué presidentes socialistas apoyen a un genocida cómo Martín Villa, que apoyen incluso la Transición", afirma la querellanteEsta argentina insiste en que es "una vergüenza" que los cuatro expresidentes "se dirijan a una jueza para defender a un genocida". Es una acción fuera de toda ética, afirma. "Están presionando, extorsionando al poder judicial de otro país", sentencia.
La tercera querellante que se sumó a la causa, Adriana Fernández, coincide en que es "realmente vergonzosa la actitud de los expresidentes y exlíderes sindicales al enviar a la jueza Servini cartas de apoyo a Marín Villa en una clara intención de presionarla políticamente".
La mujer advierte que querellantes, familiares y víctimas de la dictadura franquista ya están "cansados de que en España no se tome en serio la justicia y que personajes como Villa sigan impunes por la complicidad de quienes hablan y juzgan los derechos humanos en otros países, pero miran al costado cuando se trata del propio".
Respuesta de abogados
El equipo jurídico que se integró en 2018 a la causa constata en conversación con Público "que la arquitectura represiva de la dictadura franquista, cruel y sanguinaria, impuesta por las armas y que ejerció una violencia contra un sector social muy amplio del Estado español durante más de cuarenta años, se mantuvo intacta después de fallecer el dictador" gracias al modelo de impunidad que consagró la Transición.
Al menos 113 personas fueron asesinadas entre 1969 y 1978 como consecuencia de actuaciones policiales, según acreditan investigaciones, a lo que se suman otros homicidios cometidos por grupos parapoliciales y de ultraderecha y los miles de heridos que dejaron estas situaciones "en la dinámica habitual que conforma un ataque generalizado o sistemático contra la población civil".
Martín Villa está imputado desde octubre de 2014 por ser responsable de doce homicidios agravados en un contexto represivo que permite considerarlos crímenes de lesa humanidad. "No hubo ni la más mínima depuración en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en el estamento militar, en la Judicatura, en las Fiscalías, en el poder político, en el económico", afirma el equipo coordinado por Julieta Bandirali y Eduardo Fachal.
Los mismos tribunales españoles que juzgaron los crímenes de la última dictadura argentina (1976-1983) "ahora se niegan a aplicar la misma normativaa los crímenes internacionales que fueron cometidos por la dictadura franquista y durante la Transición", recuerdan desde Buenos Aires.
La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (CeAQUA) observa que el momento elegido por Martín Villa para presentar los escritos fue "elegido cuidadosamente", a sabiendas de que la jueza definirá su procesamiento en el plazo de diez días, una vez se produzca su indagatoria este jueves.
Se trata de "un intento burdo y grotesco de ejercitar una presión política sobre la jueza Servini de Cubría, inaceptable desde cualquier punto de vista estrictamente jurídico-procesal y desde un punto de vista democrático", afirma la institución. Los cuatro expresidentes incurren en "un intento de injerencia gravísima, uno más, en la tramitación de una causa judicial que, en todo momento, ha sido obstaculizada por las autoridades españolas".
Martín Villa es el paradigma del reciclaje político que permitió que los representantes de la dictadura franquista pasaran a ser de un día para otro "padres de la actual democracia", añade CeAQUA.
La confundadora de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Nora Cortiñas, reconoce que la declaración de Martín Villa es "un paso fundamental para poner fin a los crímenes contra la humanidad cometidos contra la dictadura". En contraste con la carta de los cuatro expresidentes, éste es uno de los centenares de respaldos que han recibido los familiares y víctimas del franquismo, entre otras instituciones y organismos públicos de Argentina y España.
De franquista a democrático
Como ministro de Relaciones Sindicales (1975-1976), Martín Villa fue responsable de la matanza de Vitoria en la que fueron asesinados cinco obreros. Como ministro de la Gobernación (1976-1977), que después pasó a llamarse del del Interior (1977-1979), debe rendir cuentas por el homicidio de otras seis personas, dado que su cartera que controlaba las Fuerzas de Seguridad.
El año pasado también se incorporó a la causa una denuncia contra Martín Villa por la masacre que tuvo lugar durante los Sanfermines el 8 de julio de 1978 en Pamplona, cuando las Fuerzas de Seguridad mataron a un joven llamado Germán Rodríguez e hirieron a otras 300 personas al disparar sobre una multitud en la plaza de toros de la capital navarra.
El exministro franquista es uno de los 15 españoles de los 20 originales que imputó ServiniEl exministro franquista es uno de los 15 españoles de los 20 originales que imputó Servini en la causa que investiga los delitos de lesa humanidad y de genocidio perpetrados durante el franquismo, período que abarca desde el 17 de julio de 1936 hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas.
El caso se asienta en el principio de justicia universal, del que España era referencia hasta que lo eliminó con la reforma de la Ley Orgánica el 15 de marzo de 2014. Esta figura reconocida en el derecho internacional permite a cualquier país investigar crímenes imprescriptibles con independencia de dónde o cuándo se hayan cometido.
Desde el comienzo de la causa, las autoridades españolas han obstaculizado todos los trámites procesales que lleva adelante la jueza bajo la justificación de que los delitos han prescrito y que a los acusados les ampara la Ley de Amnistía de 1977, lo que ha sido criticado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por el Parlamento Europeo y por el Consejo de Europa.