Aplazar las reformas, otra forma de alargar la impunidad
Ceaqua y 125 colectivos exigen el desbloqueo de las iniciativas legislativas contra la impunidad del franquismo
“La tramitación de estas leyes está bloqueada en el Parlamento español sin que el Gobierno ni la Mesa del Congreso de los Diputados tengan intención de desbloquearlas”, denuncian desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), organización que subraya que estas iniciativas legislativas afectan al reconocimiento efectivo del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por ello, decenas de miembros de esta plataforma han acudido hoy, 29 de marzo, ante el Congreso para trasladar al intergrupo parlamentario sobre Memoria y derechos humanos más de 125 firmas de organizaciones y colectivos sociales exigiendo que se acabe con la impunidad del franquismo.
El pasado 15 de marzo, el Congreso rechazó la toma en consideración de una proposición de ley para incluir en el Código Penal un artículo que explicitara la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad sin tener en cuenta cuando y con qué prescripción fueron introducidos este tipo de delitos en el ordenamiento español —en consonancia con la legalidad internacional—.
Esta reforma, tumbada con los votos en contra del PSOE, suponía eliminar una de las barreras argumentadas por los tribunales españoles para no investigar y enjuiciar los crímenes del franquismo, junto a la Ley de Amnistía. Tras el rechazo por parte en el Congreso, este cambio en el Código Penal está contemplado en al menos una de las enmiendas presentadas a la Ley de memoria democrática por parte de EH Bildu, según afirmó Bel Pozueta durante un encuentro organizado por Ceaqua el pasado sábado 26 de marzo en la Escuela Popular de la Prospe, en Madrid, en el que también participaron representantes de Unidas Podemos, BNG, ERC y CUP.
Más en el olvido ha quedado la reforma de la Ley de secretos oficiales, que sigue intacta desde 1968. Propuesta por el PNV en junio de 2020, el texto de la reforma tiene como objetivo poner tope a los tiempos durante los cuales el Gobierno puede mantener clasificados bajo secreto determinadas informaciones —un máximo de 25 años—. A pesar de que la propuesta de ley cuenta con pocos cambios más que estos plazos en sus dos páginas, cuenta ya con más de 70 ampliaciones de plazo para la presentación de enmiendas.
A pesar de que la propuesta de ley cuenta con pocos cambios más que estos plazos en sus dos páginas, cuenta ya con más de 70 ampliaciones de plazo para la presentación de enmiendas
Por su parte, la Ley de bebés robados fue presentada inicialmente en 2018 por Unidas Podemos y el PSOE, y tomada en consideración con los votos de todos los grupos parlamentarios, y no se volvió a tocar hasta que acabó la legislatura. Con la nueva legislatura, fue presentada de nuevo, ahora por los grupos Plural, EH Bildu, PSOE y Republicano. De nuevo el Congreso aprobó su toma en consideración, aunque ahora con los votos en contra de Vox.
En su texto se propone la creación de un banco único de ADN de carácter gratuito, de una Comisión estatal por el derecho a la identidad, una fiscalía especializada en la búsqueda de bebés robados y obligar a hospitales, clínicas e instituciones, además de a la Iglesia, a dar a acceso a la documentación que pueda ser de interés a las víctimas de casos de bebés robados, como los libros y registros sobre ingresos hospitalarios, partos o adopciones.