Adaptar el Código Penal para acabar con la impunidad.

Ambas formaciones aseguran que hay una situación de impunidad derivada de la falta de investigación y que, sin embargo, el Estado español es parte de la "mayoría de tratados internacionales" en materia de derechos humanos que recogen "tanto los derechos de las víctimas como la obligación de los Estados de perseguir penalmente los crímenes internacionales cometidos en su territorio".

En este sentido, han recalcado que los Estados tienen la obligación de cumplir sus compromisos institucionales y que de lo que trata esta Proposición que debatirán en Pleno es de "aplicar los artículos 607.1 y 607 bis del actual Código Penal a hechos anteriores a su aprobación y entrada en vigor".

Esto es, según han explicado, porque "los delitos que tipifican se encontraban ya vigentes en el Derecho Internacional". De hecho, han asegurado que estos delitos "estaba definidos de forma clara y comprensible a nivel internacional" antes de que fueran cometidos por la dictadura franquista.

Asimismo, han argumentado que en el espacio europeo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) reconoce que "toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativamente". Este tratado también exige que "en el momento de la comisión de los hechos exista una ley nacional que tipifique los delitos o, aun no existiendo esta, una norma de derecho internacional que prevea la prohibición de esas conductas criminales".

En esta misma línea, también se han referido al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que ratificó España en el año 1977 y que se pronuncia en términos similares al CEDH.

Es por todo lo anterior expuesto, que ERC y Bildu proponen incluir un nuevo artículo, 2 bis, en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal.