Fotografía de archivo, tomada el 9 de junio 2017, del exministro español Rodolfo Martín Villa.- EFE/Santi Donaire
El ex ministro de Franco procesado, Rodolfo Martín Villa, que en la época de los crímenes de Vitoria era ministro de Relaciones Sindicales del Gobierno de Arias Navarro, y en 1978 ministro de Gobernación -o Interior- de Adolfo Suárez, está acusado de ser penalmente responsable de homicidio agravado en el caso de la muerte de Francisco Aznar Clemente, Rotulado Barroso Chaparro y Pedro María Martínez Ocio en los sucesos de Vitoria, y de Germán Rodríguez Saíz en Pamplona, y sospechoso de varias muertes más.
Martín Villa no irá a la cárcel por una decisión de la Corte de Apelación de Argentina que aceptó el recurso de sus abogados, pero en el auto se decreta un embargo de sus bienes por 1.134 millones de pesos argentinos, el equivalente a 9,8 millones de euros.
Lamentablemente no fue ningún juez español quien dictó su procesamiento, sino una veterana jueza argentina de 84 años, María Servini de Cubría, con una larguísima trayectoria en causas relacionadas con el genocidio argentino, con los bebés robados a prisioneras 'desaparecidas' y también con el robo de bebés durante el franquismo.
¿Servirá el fallo de la jueza de la 'querella argentina' que desde 2010 investiga los crímenes del franquismo y posfranquismo para que el actual Gobierno de coalición progresista y el Estado español afronten de una vez esta histórica anomalía jurídica denunciada reiteradamente por la propia ONU, y acaben así, cuatro décadas después, con la impunidad de los represores?
¿Reconocerán esos y otros muchos crímenes, terrorismo de Estado de la tan alabada Transición?, ¿se aplicará justicia y se reparará a las víctimas o familiares de ellas como hizo Reino Unido en 2010 con las 14 víctimas mortales del Domingo Sangriento de 1972 en Londonderry?
El reciclado de los represores franquistas
La Amnistía de 1977 ha permitido que muchos de los represores murieran en la cama, más de uno de ellos llevándose a la tumba medallas y honores de Estado, como 'Billy el Niño' , por cuya extradición había reclamado durante años la magistrada argentina, y a quien precisamente Martín Villa entregó en 1977 la Medalla al Mérito Policial.
Fueron muchos los que se reciclaron y se apresuraron a ponerse la chaqueta de demócratas, como Manuel Fraga, el mentor de José María Aznar, o el teniente general Sáenz de Santamaría, o el también ministro franquista Utrera Molina -suegro de Alberto Ruiz Gallardón-, que murió antes de que la jueza pudiera procesarlo por haber firmado la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich por garrote vil en 1974.
O el policía torturador Roberto Conesa, jefe de la temida Brigada Político-Social con Franco, responsable de la captura de las Trece Rosas, colaborador de la Gestapo y reciclado también en 1976 por Manuel Fraga como jefe policial en Valencia. En 1977, durante el Gobierno de Adolfo Suárez, recibió la Medalla de Oro al Mérito Policial de manos de... Martín Villa. Y así tantos otros... Por eso el procesamiento de Villa, jefe nacional del sindicato vertical (SEU) y gobernador civil de Barcelona durante la dictadura, tiene especial relevancia política y jurídica.
Los irrefutables argumentos esgrimidos por la jueza tendrían que avergonzar a la magistratura y a buena parte de la clase política española: "Toda la estructura represiva montada por el régimen franquista siguió funcionando bajo la dirección ahora de la nueva dirigencia política a cargo del proceso de transición. Durante los primeros años se mantuvieron las normas, estructuras, agentes y las prácticas represivas propias de aquel y se les aseguró a las fuerzas del orden público la impunidad de su actuación por todos los medios a su alcance".
La jueza desmonta la tesis defendida por Martín Villa, sus abogados y medios de comunicación amigos según la cual no tuvo ninguna responsabilidad en los hechos que se le imputan: "Ocupó una posición preponderante en esa estructura jerarquizada de poder a través de la cual se propagaron las órdenes hacia quienes resultaron los ejecutores directos de los delitos".
Los defensores de Villa sostienen que en el momento en que se desató la represión de la Policía Armada en Vitoria-Gasteiz contra los miles de obreros de distintas fábricas que habían logrado paralizar la capital alavesa tras meses de reclamos salariales, el acusado era 'solo' ministro de Relaciones Sindicales del efímero Gobierno de Arias Navarro (13 diciembre 1975-1 de julio de 1976), sin competencias en materia de seguridad.
Omiten, sin embargo, que en ausencia del entonces vicepresidente segundo para Asuntos del Interior y Gobernación, Manuel Fraga -en viaje a Bonn-, asumió esa responsabilidad otro ministro, que luego llegaría a ser presidente de España, el Secretario General del Movimiento, el mismísimo Adolfo Suárez. Fue él quien junto con Martín Villa, responsable de temas sindicales, asumieron la responsabilidad de ordenar la intervención policial contra los trabajadores en huelga.
La matanza de Vitoria-Gasteiz de 1976
Aquel 3 de marzo había sido convocado un paro general en Vitoria tras meses de movilizaciones y asambleas masivas de trabajadores. La iglesia del popular barrio de Zaramaga abrió sus puertas a una asamblea multitudinaria; el ambiente estaba muy caldeado; la Policía Armada, los 'grises', habían hecho un gran despliegue.
El Gobierno quería acabar con aquella situación temiendo que los trabajadores de otras regiones siguieran su ejemplo, que hubiera un efecto dominó. Las grabaciones de la radio interna de la Policía de aquel día no dejan lugar a dudas, querían acabar con aquello fuera como fuera.
Los contingentes antidisturbios desplegados recibieron la orden de arrojar bombas de gas lacrimógeno en el interior de la iglesia. En las grabaciones se escuchan las órdenes: "Si desalojan por las buenas, vale, si no, a palo limpio, sacarlos como sea, gasead la iglesia".
En otro pasaje se escucha: "Que manden fuerza aquí, que hemos tirado más de 2.000 tiros, cambio". O este otro: "Ya tenemos dos camiones de munición, ¿eh? , o sea, que a actuar a mansalva, y a limpiar, nosotros que tenemos las armas, a mansalva".
El otro caso por el que la magistrada argentina decidió procesar a Martín Villa es por su responsabilidad en la represión desatada el 8 de julio de 1978 durante los Sanfermines, en Pamplona. Todo sucedió cuando un grupo de jóvenes activistas irrumpió con una pancarta que ponía Presoak Kalera, Sanfermines sin Presos! en el coso de la plaza de toros.
Hacía solo una semana que había asumido el Gobierno presidido por Adolfo Suárez, el ex Secretario General del Movimiento. Martín Villa pasaba a su vez de ministro de Relaciones Sindicales con Arias Navarro a ministro de Interior en el nuevo gobierno.
Las Brigadas Antidisturbios de la Policía sabían lo que tenían que hacer, y lo hicieron. Reprimieron con gases lacrimógenas y pelotas de goma y persiguieron a los numerosos jóvenes que se habían unido a los primeros por calles aledañas dejando ciento cincuenta heridos.
En cuestión de minutos comenzaron los disparos policiales con armas de fuego y así fue que cayó el joven Germán Rodríguez, de la LKI (Liga Comunista Revolucionaria en euskera) con un tiro en la frente.
El comandante Ávila y el comisario Rubio, responsables directos de la represión policial, fueron trasladados a otros destinos mientras Blanco, el gobernador civil, era cesado, pero Martín Villa se mantuvo en su puesto. Así había hecho su estreno en el cargo de ministro de Interior.
Ahí no acabó la transformación de Martín Villa; en 1988 ya era diputado por el Partido Popular y miembro de su ejecutiva; en 1997 Aznar lo nombró presidente de Endesa y en 2003 lo designó como 'comisionado especial' para gestionar la crisis del Prestige. "Admito que aún no sé nada del Prestige, pero aprenderé. Bueno, me voy hoy mismo para Galicia con voluntad de aprender y espero ser capaz de aprender", declaraba tras recibir su nombramiento.
Pero Martín Villa no solo se movió bajo el paraguas del PP durante los años siguientes. El Grupo Prisa lo puso al frente de Sogecable, que luego se convertiría en PRISA TV. Y en 2012, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy era nombrado por el ministro de Economía, Luis de Guindos, como consejero del SAREB, el 'banco malo'.
El tan respetado ex ministro franquista y represor del posfranquismo lograría incluso nombramientos más honorables: en 2013 era nombrado nada menos que miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal?
Es a ese gran demócrata al que se ha atrevido a procesar la jueza Servini de Cubría, el hombre en cuya defensa le escribieron en 2020 cartas cuatro ex presidentes españoles, dos del PSOE y dos del PP, Felipe González y Rodríguez Zapatero, José María Aznar y Mariano Rajoy.
Y es que mover el avispero de los años de la Transición es arriesgarse a sacar a la luz guerras sucias, terrorismo de Estado, cloacas del Estado, policías 'patrióticas'; supone aceptar comisiones de investigación parlamentarias al Señor X, al rey emérito y aceptar sus conclusiones con todas las consecuencias.