Un listado compuesto por 101 nombres y apellidos, maestros en su inmensa mayoría, que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales y paseos o que sufriero las consecuencias de Consejos de Guerra. Esa es la documentación entregada por el sindicato SUATEA a la Comuna de Asturias para sumarse a la Querella Argentina, la causa que la jueza María Servini de Cubría sigue contra el franquismo al otro lado del Atlántico. Esos papeles ya han sido oficialmente incorporados a la causa a través de los abogados de Ceaqua, el colectivo que está coordinando todo este movimiento a nivel nacional. El objetivo del sindicato es doble «acabar con la impunidad de la dictadura y limpiar los libros de historia, al tiempo que dignificar el ejemplo que supone la trayectoria de aquellos profesionales de la enseñanza que acabaron padeciendo diversas formas de opresión, incluso entregando sus vidas».
SUATEA recuerda que la represión franquista se cebó con algunos colectivos a los que consideraba especialmente afines al régimen republicano, uno de ellos fue el colectivo docente. «El resultado fue un descenso notable en el número de maestros y maestras: por ejemplo en Asturies entre asesinados, presos, exiliados e inhabilitados para volver a ejercer el magisterio más de un 33% de los docentes dejaron de serlo».
Este sindicato se siente especialmente cercano a esta causa por varios motivos, entre ellos su propio origen. SUATEA se fundó oficialmente en 1978 después de varios años trabajando en la clandestinidad. En aquella época estuvieron en contacto con personas que les contaron de la existencia de una Asociación de Trabajadores de Enseñanza en Asturias (ATEA) formada por docentes comprometidos con una educación en los valores republicanos que fueron represaliados nada más finalizar la guerra civil.
La Querella Argentina lleva en marcha ya más de ocho años. El 14 de abril de 2010 se interpuso una querella ante los tribunales de la República Argentina reclamando la apertura de una investigación sobre los crímenes cometidos por la dictadura franquista, que se identifique a sus responsables y que se los sancione penalmente. El movimiento se ampara en la legislación internacional de la ONU sobre Justicia Universal. Víctimas del franquismo presentaron en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 1 de Buenos Aires, República Argentina, a cargo de la jueza María Servini de Cubría, la querella 4591/2010, nominada N.N. por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe cívico militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de celebración de las primeras elecciones democráticas.
Decenas de Asturias, amparados y asesorados por la Comuna de Asturias, se han sumado a la causa y siguen peleando porque se abra una causa también en España.
Víctimas asturianas del franquismo denuncian: sus torturadores también tienen medallas
La Comuna de Asturias abre una nueva vía judicial con tres denuncias en Oviedo. Si no se reconoce el proceso en Argentina quieren que se haga en España
REDACCIÓN
No solo Billy el Niño, el sobrenombre con el que se conocía a Antonio González Pacheco, el policía franquista cuyas torturas emocionaron a Pablo Iglesias, cuenta con una medalla. Pascual Honrado de la Fuente, la mano derecha en la Brigada Político-Social de la dictadura en Asturias, también tiene la suya. El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 6 de agosto de 1969 anuncia la concesión a este policía, que cuenta con decenas de denuncias de asturianos por tortura, de la cruz al mérito policial con distintivo rojo. Ocho años después, también el BOE anuncia su ascenso, ya en plena democracia. Dice Gerardo Iglesias, el exdirigente del PCE, que esto solo significa una cosa, «que la impunidad sigue». Iglesias es uno de los tres asturianos que están abriendo una nueva vía judicial. Iglesias junto con Vicente Gutiérrez Solís y Fausto Sánchez García han presentado una denuncia contra su torturador en los juzgados de instrucción de Oviedo. El letrado que les representa, Alberto Suárez, explica que si la Justicia española no quiere reconocer la Querella Argentina -que son los procedimientos que la jueza María Servini en Buenos Aires- por una cuestión de territorialidad y, por tanto, rechaza cualquier extradición, entonces esos casos tienen que ser juzgados en España. ¿Qué pasa entonces con la ley de Amnistía de 1977 y el tiempo que ha transcurrido desde que ocurrieron los hechos? Para el letrado Alberto Suárez esos principios no se pueden aplicar en estos casos ya que son delitos de lesa humanidad para que las que no sirve ninguna ley de punto final.
Esta nueva estrategia está auspiciada por la Comuna de Asturias, que es la organización que ha estado trabajando -y continúa- con la Querella Argentina. Estas tres víctimas con las que lanza este nuevo frente son las mismas que ya presentaron una denuncia en el año 2014, junto con otros cuatro más, y que en el 2015 reclamaron la extradición de los torturadores. No fructificó ninguna de las dos. «Lo que hacemos no es es darnos cabezazos contra una pared. En Argentina, cuando se abrieran los procesos contra la dictadura de Videla se habían presentado presentado 300 denuncias antes. Pero hubo un juez que atendió la siguiente. Vamos a continuar hasta que abramos brecha», explica Carme Prado, una de las portavoces del colectivo, junto con Francisco Rodríguez Amorín. Prado indica que es vergonzosa la situación que viven las víctimas.
Este novedoso procedimiento cuenta, además, con el respaldo de José Babiano, coautor del libro Verdugos impunes. Esta obra publicada recientemente sirve de prueba pericial de contexto para fundamentar las querellas que se están presentando en el Estado español contra los crímenes del franquismo. Babiano está también en Oviedo respaldando esta nueva estrategia jurídica.
Les parece lamentable que Vicente Gutiérrez Solís se encontrase no hace mucho con uno de los hombres que le detuvieron en el año 1975 y le torturaron de servicio en un juzgado de Oviedo. «No sé su nombre pero era él», comenta a sus compañeros. Puede no recordar sus apellidos pero no olvida su cara. Gerardo Iglesias profundiza en esta ideas y habla de «otro de los grandes torturadores, Palacios, que llegó a jefe de la Policía en Mieres, ni siquiera tuvieron la consideración de sacarles de la zona donde más torturaron». Así que asistieron con poca perplejidad a la respuesta que el ministerio del Interior, Juan Ignacio Zoido, le dio a Pablo Iglesias, cuando el portavoz de Podemos pidió la retirada de la medalla que le permite a Billy el Niño cobrar un plus en la prisión. La negación de las denuncias solo les parece «un hecho más en un partido que se ha convertido en una organización y para el que las sentencias son papel mojado», en palabras de Gerardo Iglesias, para referirse a la Gürtell. Pero no solo culpan al PP. Todos tienen en mente a Felipe González y a José Luis Rodríguez Zapatero, que tampoco hicieron nada por ellos. La ley de la Memoria Histórica, por ejemplo, les parece «poca cosa» y ni siquiera se está cumpliendo. «Zoido hasta se ríe», lamentaron los tres denunciantes.
Sus vivencias
Recuerdan con precisión los días, las horas y hasta los minutos, la indumentaria de los torturadores, la sangre en las paredes de los pasillos y las celdas, los compañeros de palizas, hasta la sopa que sus familiares intentaban hacerles llegar. Faustino Sánchez, Fausto, dirigente del Partido Comunista, señala que no le «llega la ropa al cuerpo» cuando piensa en el rosario de torturas y detenciones a las que se refiere como «caídas»- que sufrió durante décadas. A la Querella Argentina solo incorporó dos, una octubre del 61 y otra en junio del 69. La voz se le quiebra cuando recuerda las patadas y los golpes, los tímpanos reventados sangrando y las costillas rotas, desnudo frente a los torturadores. «No hay ni un solo día en la vida que no lo recuerde», insiste Fausto siempre que recuerda. Hoy mismo hablaba de nuevo del «potro de tortura» en el que le «machacaban». Entonces hablaban entre lo malo y lo peor. «Entonces comentábamos que valía más que te detuviera la Guardia Civil que la policía política, porque era mucho peor», argumenta.
Vicente Gutiérrez Solís reclama «que queden impunes los crímenes del franquismo tras 39 años de democracia». Este militante del Partido Comunista, con responsabilidades desde 1955, que fue detenido y sufrió un calvario de detenciones, exige la reparación para las víctimas y las familias que sufrieron la violación de sus derechos humanos. Precisa que «no se trata de buscar venganza sino justicia».
